En épocas de conflicto, la red de transmisión eléctrica es siempre el eslabón débil de la cadena. Extendida a campo abierto, es de imposible control por vía de vigilancia normal y cualquier otra forma de custodia, con recursos tecnológicos, supondría un costo que las concesionarias no están dispuestas a asumir. Por eso, las líneas de transmisión suelen ser objetivo de ataques en conflictos que les son ajenos a sus operadores. El intento de sabotaje del miércoles por la noche dio lugar a múltiples interpretaciones. Demasiados elementos políticos y económicos se cruzan como para otorgarle verosimilitud a cualquiera de ellas. El condimento adicional es que, esta vez, la propia empresa concesionaria está ajena a las hipótesis de causalidad: Transba, subsidiaria de Transener, está en conflicto con su personal por una deuda salarial.
En medio de especulaciones sobre quién podría haber sido el destinatario del eventual atentado, si el gobierno nacional por el impacto político de un apagón masivo en áreas urbanas, o directamente el gobierno provincial jaqueado desde diversos flancos, desde los despachos oficiales se sugirió poner el foco sobre otras dos cuestiones: el problema entre Transba y sus trabajadores, y la división interna en las filas de la Federación de Luz y Fuerza (Fatlyf), un sindicato de los llamados Gordos pero con una fractura interna entre “duros” y “conciliadores”. Justamente, mientras el conflicto por deudas salariales entró en una impasse por un llamado a conciliación, se les adjudica a los “duros” el intento de romper la negociación mediante un acto de sabotaje. Por otra parte –no podía ser de otra manera–, este enfrentamiento interno en el gremio de los Gordos tampoco es ajeno a la postura que ese sector gremial en la omnipresente interna peronista.
La red troncal de transporte eléctrico, operada por Transener, tiene una extensión de 8800 kilómetros. La red de distribución troncal provincial, sobre la que se planeó el intento de sabotaje este último miércoles, mide 5500 kilómetros, y es operada por Transba, subsidiaria de Transener. Cortar una línea de transmisión no es tarea de improvisados. La línea Henderson-Bragado, elegida por los saboteadores, transmite en 220 kilovatios, está montada sobre estructuras tipo pórticos de hormigón armado (dos columnas plantadas en tierra y un travesaño que las une en sus extremos superiores) y corre a una altura de 31 metros. Es decir, que no corresponde a las típicas y más conocidas estructuras de hierro en forma de H instaladas en paralelo a las rutas que van a la costa atlántica.
Dichas estructuras de hierro están sostenidas al piso por tensores. Usualmente, para atentar sobre las mismas se cortan esos tensores provocando la caída de la torre o dejándola a merced del primer vendaval que se encargue de hacer la tarea. Otra forma de cortar la transmisión eléctrica es volear un alambre sobre la línea para provocar un cortocircuito. Por los elementos encontrados en poder de los detenidos, se habría intentado utilizar la última metodología en este caso. De haber resultado exitoso el atentado, la reposición del servicio hubiese demandado unas 30 a 35 horas, entre el alistamiento del personal (preparación y traslado de los elementos necesarios) y la reposición del conductor eléctrico interrumpido.
Por el punto en la línea elegido, la interrupción hubiera afectado a ocho localidades importantes de la región centro-oeste bonaerense, además de varias plantas industriales y agroindustriales de la zona (acerías, usinas lácteas, aceiteras y frigoríficos). La falla mecánica de la camioneta en la que los saboteadores planeaban huir frustró el golpe. No hubo controles que evitaron el hecho, sino apenas un imponderable. El sistema, a casi una década de su privatización, sigue siendo extremadamente vulnerable.