Con móviles ocultos o declarados, en algunos pocos casos con la aprehensión de sus autores materiales, los atentados a la red eléctrica no son una novedad. Kilómetros y kilómetros de tendido eléctrico recorren los más bucólicos e inaccesibles parajes de un territorio extenso en soledades. Silenciosas testigos del paso del viento y del sol, las torres que interconectan el servicio de electricidad aparecen como blancos ideales para todo tipo de hechos vandálicos.
Varios son los hechos de los que la concesionaria Transener puede dar fe desde 1993 a la fecha. La mayoría de ellos son catalogados como “corte intencional de riendas”. De los cerca de 57 casos sufridos por la empresa en ese período, la provincia de Buenos Aires aparece como el escenario excluyente.
En el 2005 los blancos fueron las torres Puelches I y II en La Pampa, y Henderson, en Bolívar, Buenos Aires. Precisamente las torres Henderson habían sufrido el único atentado que se consigna en el 2004. En el 2003 no se registran hechos y en el 2002 además de repetirse los casos de Henderson, se suman los de las torres Olavarría I y II en Lobos, Buenos Aires.
Piedra del Aguila en Neuquén, Pomona en Río Negro, Villa Dolores en Córdoba, Lucas Norte en Entre Ríos son algunos de los pocos puntos del país, aparte de Buenos Aires, en los que Transener sufrió atentados.
En enero del ’93, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, no dudó en señalar que “existen permanentes sabotajes por parte de individuos que manejan una alta sofisticación tecnológica”. Según Cavallo esos atentados, que en algunos casos dijo que pudieron haber provocado grandes apagones al sistema de encadenadas, pretendían “desprestigiar el proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno en el sector energético”. En aquella ocasión, el ministro de Economía de Carlos Menem sorprendió a la prensa al descartar que detrás de los sabotajes pudieran estar involucrados sectores sindicales. “Seguramente el Sindicato Capital de Luz y Fuerza no está involucrado”, dijo Mingo en el mismo momento en que recordaba que “en el levantamiento carapintada del 3 de diciembre de 1990 los insurgentes se parapetaron en las centrales Puerto y Costanera”. Las dudas sobre los móviles reales de aquellos atentados persistieron a Cavallo. El entonces secretario de Energía, Carlos Bastos, relativizó que hubiera un intento de desacreditar las privatizaciones. Prefirió enmarcar los hechos en “objetivos políticos mayores”. Así es que en una nota que le envió al hoy empresario de medios y por entonces ministro del Interior menemista, el mendocino José Luis Manzano, le reclamó “la intervención del área a su cargo”, para poner fin a los sabotajes.