El juez federal Jorge Urso dispuso ayer la “falta de mérito” para el comisario Cayetano Greco, ex titular de la seccional 24 de la Policía Federal. Luego se excusó de seguir interviniendo en la causa, en la que se investiga la toma de esa comisaría. El expediente quedará en manos de la Justicia ordinaria. El 25 de junio de 2004, vecinos y piqueteros de La Boca tomaron la seccional 24 en reclamo de la detención del sospechoso del crimen de Martín “Oso” Cisneros. Urso investigaba si Greco desobedeció una resolución judicial de la jueza de instrucción María Angélica Crotto que ordenaba a la policía desalojar por la fuerza y detener a los manifestantes. En el fallo, el juez dijo que no tenía pruebas suficientes para determinar si Greco incumplió la orden y atribuyó la falta de pruebas a que los otros imputados de la causa se negaron a declarar.
Según Urso, esas declaraciones “podrían arrojar claridad sobre el hecho investigado”, ya que sobre el mismo “descansa un manto de duda”. Era un párrafo dirigido al ex secretario de Seguridad Norberto Quantín, a su segundo de entonces, José Campagnoli, y al dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), el diputado provincial Luis D’Elía. D’Elía encabezó la ocupación de la seccional, mientras que Campagnoli y Quantín estuvieron en el lugar de los hechos.
Los funcionarios evitaron el desalojo por la fuerza y privilegiaron la negociación con los manifestantes. Tras el incidente, justificaron esa decisión destacando que los manifestantes, como resultado de la negociación, habían aceptado retirarse y que la toma terminó sin heridos ni muertos. El comisario Greco, por su parte, responsabilizó a Campagnoli como quien evitó que se desalojara por la fuerza a los manifestantes. Según su declaración, Campagnoli estaba al tanto de la orden telefónica de la jueza Crotto, que mandaba entrar a la comisaría y detener a sus ocupantes. En ese momento intervino el juez Norberto Oyarbide, quien dijo que actuaría en el crimen de Cisneros y en la toma de la comisaría.
Urso investigaba a Greco, Campagnoli y Quantín por presunta desobediencia a una orden judicial. A los ex funcionarios los citó a declarar bajo los cargos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia”. Como los dos son nuevamente fiscales –Campagnoli en Instrucción, Quantín en la Cámara del Crimen–, Urso pidió el desafuero de ambos a la Procuración General de la Nación. El procurador Esteban Righi lo rechazó en un dictamen. Al igual que otros cuarenta vecinos de La Boca, D’Elía está en libertad porque Urso le concedió la exención de prisión tras una intervención de la sala I de la Cámara Federal. D’Elía tiene fueros como diputado provincial hasta diciembre, cuando se le vence el mandato.
En su declaración, que presentó por escrito, Greco dio su versión de cómo sucedieron los hechos. Según el comisario, ya estaba todo listo para iniciar el operativo para desalojar a los manifestantes –había coordinado con el director general de Comisarías, Gustavo Ramos, el despliegue de la Guardia de Infantería– cuando Campagnoli y otros funcionarios del Ministerio de Justicia dispusieron que había que negociar con los desocupados. En la presentación, el abogado de Greco, Marcelo Rocchetti, justificó la conducta de su defendido con el argumento de que debía obedecer a sus superiores. Rocchetti es un abogado muy conocido que suele defender a autoridades de la Policía Federal, como el ex jefe Roberto Giacomino y el subcomisario Daniel Gravina. También patrocinó al ex propietario de Crónica, Héctor Ricardo García.
La ocupación de la comisaría 24 provocó un terremoto político. Los manifestantes reclamaban la detención de Juan Carlos Duarte, conocido en La Boca como Colchones, a quien sindicaban como el autor del crimen de Cisneros. Según los miembros del Comedor Los Pibes, organización a la que pertenecía Cisneros, en el momento del asesinato la policía había retirado del terreno a un efectivo que solía estar “de consigna” en la esquina deOlavarría y Almirante Brown. El crimen se produjo a una cuadra y media de ese lugar. A partir de esto, los piqueteros denunciaron la existencia de una “zona liberada”.
Las sospechas se acrecentaron porque Duarte tenía tres pedidos de captura pendientes –uno en Lomas de Zamora, dos en la Capital Federal– y sin embargo se mostraba tranquilamente por las calles de La Boca. Hoy Duarte está preso en la cárcel de Marcos Paz, acusado de homicidio.