Que las cárceles son un agujero negro se sabe. Y que por ese agujero negro, además de fondos se van cuerpos, también se sabe, aunque no esté claro hasta qué punto se tiene noción de la oscuridad del asunto. Lo cierto es que ahora una lista de altos funcionarios y altos ex funcionarios deberán presentarse a declarar como acusados ante la Justicia. La citación corrió por cuenta del juez federal Claudio Bonadío, interesado en conocer el teje y maneje tras las rejas. Entre los convocados se encuentran los máximos niveles de decisión y responsabilidad en el área, esto es, los ex ministros de Justicia y Derechos Humanos Gustavo Beliz y Horacio Rosatti. La citación, que incluye además a la actual conducción del SPF, provocó cierta sorpresa y desconfianza entre los especialistas y estudiosos del problema carcelario, no porque el tema no merezca atención. Los más suspicaces miran con el rabillo del ojo hacia lo que imaginan como una respuesta a la embestida contra los jueces federales menemistas.
Además de Beliz y Rosatti, Bonadío citó a los ex secretarios de Justicia, Política Criminal y Asuntos Penitenciarios Pablo Lanusse, Mariano Ciaffardini y María José Rodríguez, así como también al director y vice del Servicio Penitenciario Federal, José Soria y Amalia Toro. La intención formal es que los citados den explicación sobre las condiciones de vida de los presos. Desde los pasillos del juzgado se hizo saber que el juez había recorrido las unidades de Devoto, Ezeiza y Marcos Paz, y las existentes dentro de los hospitales Moyano, Borda y Muñiz.
La sorpresa de los citados fue grande, pero la sorpresa mayúscula la llevaron los propios presos, no acostumbrados a recorridas de semejante fuste, recorridas que deberían ser regulares. Por lógica, durante la mentada visita se descubrieron las calamidades habituales de una cárcel: deficiencia en el suministro de alimentos, alimentos vencidos y en malas condiciones sanitarias, cucarachas, excrementos de roedores, presencia de la bacteria Escherichia coli, hacinamiento, condiciones críticas de salud y seguridad.
La investigación de Bonadío derivó en lo que cualquier investigación debería derivar: la citación a declarar de los máximos responsables. Pero lo que señalan los más suspicaces es que la medida no forma parte de un accionar habitual de Bonadío en defensa de los derechos humanos de los presos; que la investigación es tardía; que desde que fue designado como juez federal por Carlos Menem, años ha, no inició investigaciones semejantes sobre un problema que es visible para la sociedad y mucho más para un juez del fuero penal; que la investigación surge a partir de la presión que comenzó a ejercer el Gobierno sobre los jueces nombrados por el menemismo el año pasado y que el nivel de los funcionarios citados a indagatoria no tiene otra finalidad que la de poner un escudo contra la embestida del Consejo de la Magistratura que se propuso investigar el pago de sobresueldos en los juzgados federales de la era menemista.
“Es una presión. Cualquiera se puede imaginar que no le va a costar mucho hacer que Beliz critique al Gobierno –señaló un funcionario del Ministerio de Justicia de la línea suspicaz–. Si no, por qué viene a enterarse de un problema preexistente aun a su designación como secretario de Legal y Técnica de (Carlos) Corach”.
Después de Galeano, Bonadío es uno de los cuatro jueces federales con visa de salida de la Justicia. Las detenciones arbitrarias y con visos de ilegalidad (así las definió la Cámara Federal) de los ex jefes montoneros Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja y la inacción durante cinco años sobre las irregularidades en la causa AMIA son dos de las acusaciones que enfrenta el titular del juzgado federal 3.