Está en contra de las penas duras, de la “cultura de la prisión preventiva” y de los juicios interminables. Así se presenta Pedro David, el camarista que acaba de ser nombrado con el voto de 159 países para integrar el Tribunal Penal Internacional de La Haya que juzga los crímenes de la ex Yugoslavia. Este jurista y sociólogo tucumano, de 76 años, hizo buena parte de su carrera en la Justicia salteña. El gobierno militar lo dejó cesante y vivió diecisiete años en el exterior. Desde 1992 integra la Cámara de Casación Penal, un tribunal que paradójicamente, ha sido proclive a poner trabas en las causas sobre las violaciones a los derechos humanos de la dictadura. David alienta una reforma en la Casación que maximice las garantías de todo acusado. Ahora tiene a cargo la revisión del caso AMIA.
–¿Cómo surgió su postulación para el tribunal internacional?
–Fue el Ministerio de Justicia. La gestión de Horacio Rosatti y María José Rodríguez me propuso ante Naciones Unidas.
–¿Va a dejar la Casación?. Su nuevo cargo no exige presencia constante por ser “ad litem”.
–Lo voy a poner a consideración de la Cámara y del Consejo de la Magistratura. Si puedo seguir sin entorpecer las funciones aquí lo haría. Si no, renuncio. Pero aún no sé en qué casos tendré que actuar.
–La Corte Suprema firmará un fallo que obligará a la Casación a revisar cualquier sentencia, incluidos los hechos y las pruebas, cuando un condenado lo pida. Es para acatar las disposiciones de la Corte Interamericana. ¿Acuerda con ese cambio?
–Es importante mejorar la calidad de los derechos de los justiciables y que no haya largas esperas. Los procesos penales en Japón duran 90 días. En la Argentina, según el Ministerio de Justicia, 44 meses. Los japoneses tienen un sistema acusatorio pleno. Presentan casos bien armados, sólo si tienen certeza de que habrá condena.
–Esa eficiencia parece impensable en la Argentina.
–Cada sistema tiene su lógica. Hay que apuntar a mejorar los plazos y las garantías. Para eso hacen falta recursos. Si no, en el plano de la realidad se cae todo.
–¿Lo dice porque Casación va a tener muchísimo más trabajo?. ¿Habrá que agrandar el tribunal?
–Si vamos a tener que conocer sobre cuestiones de hecho, va a haber más trabajo. Será necesario articular soluciones plurales, también en otras partes del proceso. Casación necesitará más recursos, pero también debería haber más tribunales intermedios. Los principios básicos son: bienvenidas las reformas que mejoren el garantismo y los recursos para concretarlas.
–De hecho, asegurar la doble instancia obligará a la Casación a ser un tribunal mucho más garantista de lo que ha sido históricamente.
–Yo creo, sin embargo, que hay una evolución sobre la protección de los derechos humanos y nuevas ópticas sobre el proceso penal. Los tribunales de derechos humanos de Naciones Unidas señalan nuevos rumbos que renuevan las teorías y alientan a los países a hacer reformas. La Cámara de Casación ha tenido la política de conciliar los recursos con la agilidad del proceso. Hay que mantener ese equilibrio.
–¿Por eso siempre buscó tratar pocos casos?
–El recurso de Casación, según el código procesal, es en sí acotado.
–¿Qué es el garantismo?
–Es el respeto de los derechos humanos fundamentales. Que cualquiera tenga acceso a la Justicia, inmediata y pronta, ayuda judicial si no tiene recursos y amparo. Se trata de mantener vivas las garantías de los pactos internacionales. En un Congreso reciente de Naciones Unidas, en Bangkok, hablé sobre los derechos humanos y el terrorismo internacional. Establecí que nunca se pueden avasallar las garantías, ni en el caso de terroristasgraves. Pero garantismo es también que haya soluciones equitativas: un acto terrorista no puede penarse igual que un delito individual.
–La Casación por lo general aceptó excarcelar a los represores de la dictadura. ¿Debió utilizar otro criterio por la gravedad de los delitos?
–Si no hay peligro de que la libertad se utilice para nuevos delitos o para la fuga la prisión preventiva se debe usar en casos acotados. Incluso los tribunales de La Haya han dado excarcelaciones en casos de delitos de lesa humanidad cuando había garantías suficientes para que no se fugaran. Desde ese punto de vista coincido con los criterios de la Cámara.
–La sala de Casación que usted integra le negó a los presos de La Tablada la revisión de su condena. ¿No desoyó la recomendaciones de la Comisión Interamericana (CIDH)?. ¿No son vinculantes esas disposiciones?
–En ese momento yo dije que no podía conocer el recurso por razones de procedimiento. No me opuse a la doble instancia. Toda la legislación sobre derechos humanos tiene que tener cabida en el país.
–¿Por qué la Cámara de Casación, en general, suele demorar las causas sobre crímenes de la dictadura militar?
–No tengo un cómputo de las causas. No podría asegurar que sea así.
–Este tribunal nunca se pronunció sobre las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, por ejemplo, pese a que tiene casos para hacerlo.
–No estoy en la sala que los trata. No conozco los detalles. Toda causa debe tener premura. No creo que haya habido un intento de demora.
–¿La Cámara de Casación es un tribunal conservador?
–La Justicia no es ni conservadora ni progresista. Nuestra obligación es lograr soluciones donde estén presentes el aparato jurídico y los mejores valores. Y ser imparciales.
–¿Qué le pareció el fallo de la Corte sobre las leyes de impunidad?
–Lo estoy estudiando con cuidado. La Corte ha establecido pautas muy importantes para todos los argentinos. Pero no me obligue a dar más precisiones porque el día de mañana me pueden recusar.
–Usted acaba de firmar una resolución que dice que la privación de la libertad de un menor debe ser un último recurso. ¿Se encarcela indiscriminadamente a los menores de edad?
–Nuestra cultura tendió a creer que los institutos eran reeducadores. Hay que poner en marcha otros mecanismos. Yo propicio una aplicación extensiva de la probation y otras alternativas a la prisión, pero no sólo para los menores.
–¿Qué cambiaría del régimen para menores?
–El 95 por ciento de los problemas de los menores tienen que ver con la pobreza crítica, la situación hogareña, la orfandad escolar y la falta de trabajo de los padres. Necesitamos políticas preventivas. El delito es resultante de la situación socioeconómica. Baja cuando hay holganza económica. La tolerancia cero no da ningún resultado.
–¿Por qué, en un fallo, usted convalidó la prisión perpetua para un menor de edad?. ¿No va contra la Convención de los Derechos del Niño?
–Desde un punto de vista procesal no acepté el recurso. No es que convalidé. En otro caso disminuí la pena de perpetua a quince años. Todo el régimen de menores debe ser reformado, pero no con parches.
–¿El endurecimiento de penas reduce el delito?
–Hay dos alternativas: hacer una prevención efectiva o ceder a la política del pánico. La segunda suele imponerse mostrando grandes delitos y creando una gran conmoción social. Todo el mundo sale a pedir endurecimiento de penas como si eso resolviera algo. Ni la pena de muerte ni las penas duras resuelven los problemas que deben ser analizados con perspectiva racional y humanista.
–¿Por qué las cárceles siempre están al límite y reina el maltrato?
–Hay países que usan más que otros la prisión. Japón con 170 millones de habitantes tiene 60 mil presos. Estados Unidos, con 270 millones de habitantes, tiene 2,4 millones de presos. Los japoneses implementan la política de alternativas y tienen un gran voluntariado para la probation.
–¿La Argentina sigue el modelo norteamericano?
–No sigue ninguno. Las prisiones provinciales tienen gran cantidad de detenidos y se violan las condiciones mínimas de tratamiento.
–¿A qué se debe?. ¿Es un problema de idiosincrasia, cultural, policial?
–No se encaminan las reformas con recursos adecuados y con estabilidad y la continuidad. América latina es una de las regiones del mundo con más alto índice de presos sin condena por las dilaciones del proceso penal. Este es el problema en la Argentina. Hay una cultura de la prisión preventiva que hay que disminuir. Con mediación, probation y soluciones comunitarias.
–¿Cuándo se expedirá la Cámara sobre el caso AMIA?
–No puedo hablar de casos que tengo en trámite porque prejuzgaría. Sólo puedo decir que el de AMIA es un caso muy complejo y tenemos un grupo de funcionarios trabajando exhaustivamente para dar una solución justa.