Domingo Cavallo fue el primero en disfrutar de ellos. Después los usaron a discreción todos sus sucesores en el Palacio de Hacienda, siempre en sintonía con el jefe de Gabinete de turno, quien tuvo la llave para activarlos. Alberto Fernández también se aprovechó de ellos, pero el año que viene ya no los tendría. Sería el primero en doce años que perdería el privilegio de los superpoderes. Esto es porque el Gobierno enviará pasado mañana al Congreso el proyecto de presupuesto para 2006 sin los artículos por los cuales se le delegan facultades especiales al Poder Ejecutivo. Esas atribuciones le permitieron a cada administración desde 1994 hasta el presente modificar el destino de las partidas presupuestarias votadas por los legisladores según su voluntad.
Hay dos explicaciones al cambio de actitud de la Casa Rosada respecto de lo que hizo, por ejemplo, este año, cuando sí echó mano a los superpoderes. La primera es que no tendría ninguna chance de conseguir su aprobación parlamentaria en medio de la pelea con el duhaldismo. Ya el año pasado debió penar hasta último momento para lograr que la Cámara de Diputados convalidara la cesión de facultades. En el contexto actual, es prácticamente imposible reunir los votos necesarios. Sin embargo, y esa es la segunda razón que justificaría la nueva postura del Gobierno, después de las elecciones las cosas podrían ser diferentes.
El propio Osvaldo Nemirovsci, uno de los diputados kirchneristas puros e integrante del cuarteto de conducción del bloque oficialista, sostuvo ayer que no descarta que los superpoderes puedan tratarse más adelante, ya sea por la incorporación de los polémicos artículos por los propios legisladores, o en una segunda instancia en un trámite complementario. Las declaraciones de Nemirovsci repercutieron de inmediato en los salones del Congreso, adonde la oposición no deja de advertir que ve gato encerrado (ver aparte).
Hay un antecedente que da aire a las especulaciones: en 2002, el entonces presidente Eduardo Duhalde no incluyó el pedido de superpoderes en el proyecto de presupuesto para el año siguiente, con lo que se ahorró una andanada de críticas, pero los diputados duhaldistas los añadieron durante el tratamiento de la iniciativa y lograron su aprobación.
El año pasado, el Ejecutivo solicitó los superpoderes plus. Es decir, no fueron los permisos habituales pedidos desde que se estableció el mecanismo en 1994, sino otros todavía más amplios. Se eliminó, por ejemplo, la restricción a destinar partidas para gastos de capital (obra pública) a gastos corrientes (pago de sueldos). Anteriormente, se podían reasignar partidas, pero siempre dentro de una misma jurisdicción: de un programa social a otro, de un gasto en el área de defensa a otro.
Kirchner firmó el mensaje del presupuesto 2006 antes de viajar a Nueva York. Sin embargo, el equipo económico todavía trabaja en la elaboración de los números finales. La última versión, a la que accedió este diario, estima un crecimiento del PIB del 3,5 por ciento, una inflación del 8,5 por ciento, un dólar promedio a 3 pesos, un superávit fiscal primario de 3,2 puntos del PIB (17.400 millones de pesos), un total de gasto de 92.000 millones de pesos (contra 77.450 millones de este año), exportaciones por 41.000 millones de dólares e importaciones por 31.000 millones, un aumento real del consumo del 3,1 por ciento (por debajo del PIB) y una suba real de la inversión del 7,4 por ciento.
Para lo que el Gobierno no necesita superpoderes es para aumentar el gasto más allá de lo autorizado por el Congreso. En rigor, lo que debería hacer en caso de contar con recursos excedentes –como viene sucediendo de manera sistemática desde que Roberto Lavagna es ministro de Economía– es remitir un proyecto de ley al Parlamento con un pedido para que lo habilite a utilizar ese dinero. En los hechos, ocurre algo muy distinto. El Ejecutivo apela a decretos de necesidad y urgencia para elevar los techos de gastos. De acuerdo a la información oficial del Ministerio de Economía, al 11 de septiembre se aumentó el total a gastar hasta 78.000 millones de pesos, contra los 77.450 millones expresamente fijados por el Congreso.
Es una diferencia de 550 millones de pesos que seguramente será mucho mayor cuando termine el año. El diputado Claudio Lozano (CTA) anticipó que hoy irá a la Justicia a pedir una acción de amparo para bloquear la utilización de recursos al Ejecutivo hasta que pida permiso al Congreso. La respuesta desde la Jefatura de Gabinete es que el Gobierno fue prudente este año con los superpoderes, al reasignar partidas por sólo el 0,7 por ciento del presupuesto.