Opinion
Por Mario Wainfeld

Por una vez, todo se pareció bastante a cómo debería ser. Una multitud se manifestó de modo pacífico, contestatario, bullanguero. El Gobierno, quieras que no, moderó su afán de tenerla más larga y no impidió que los manifestantes llegaran por la Avenida de Mayo, cuyo acceso se había convertido en un insólito casus belli. La solución sensata llegó por caminos intrincados. La versión oficial dice que fue decisiva una llamada de Adolfo Pérez Esquivel, explicando que la marcha incluía estudiantes y reclamos por derechos humanos. En confidencia, algunos ocupantes de importantes despachos en la Casa Rosada añaden que tenían versiones aseverando que los estudiantes iban a encabezar la marcha, cuando la esperaba un vallado policial y que no querían un choque entre jóvenes y policías.
Los relatos incluyen un punto de vista que ningún funcionario se anima a debatir en público: la veda (total o parcial) de la plaza rige para algunas manifestaciones (o manifestantes) y no para otros.
Es claro, nadie se esfuerza en desmentirlo mucho, que el cambio de actitud oficial tributa al escenario preelectoral. El fastidio de una parte ponderable de la opinión media preocupa al Gobierno, cuyo primer candidato porteño no las tiene todas consigo ni con las encuestas ni con la campaña. También es verosímil que muchas fuerzas de izquierda han redoblado su presencia callejera pensando en mejorar su desempeño electoral. El problema es que esto último es una táctica legal y discutible como tantas. Y que el Gobierno, en cambio, está jugando con fuego desde el punto de vista institucional. Y también arriesgando muchas bazas a manos de la Policía Federal.

Un masculino llamado Weber

El primer reflejo del Gobierno, cuando decidió permitir el viernes la circulación de ciudadanos-manifestantes por Avenida de Mayo, fue hacer un “túnel”, esto es un corredor de policías desde la 9 de Julio hasta la plaza. Era una escenografía provocativa, atemorizante que, en buena hora, se dejó de lado. La presencia policial en los accesos fue poco ostensible según relató la crónica de ayer de este diario.
Ya en la plaza el despliegue era de 900 efectivos. Si las cifras policiales sobre los manifestantes (ocho mil) fueran certeras se trataría casi de un caso de atención personalizada, un uniformado para cada nueve ciudadanos. Pero, en realidad, la policía suele ser como la Farolera de las canciones infantiles, a quien todas las cuentas le salían mal. Había algo más de 20.000 manifestantes, guarismo frente al cual la saturación policial, de cualquier modo, luce algo sobreactuada.
El Gobierno está convencido de que el Jefe de Policía, comisario Néstor Vallecas, está encuadrado dentro de sus directivas de templanza y contención, confianza que alcanza al ciento por ciento de certeza para el ministro del Interior Aníbal Fernández. Quienes conocen el pensamiento del otro ministro apellidado Fernández y del Presidente narran que los anima una certidumbre algo menor. “Sabemos que nuestras armas las portan gentes que acuden al gatillo fácil”, asume un pingüino de la primera hora ante este diario. Pero, como todos en la Rosada, confía en el pressing cotidiano que el ministro del Interior y Kirchner ejercitan sobre Vallecas, a quien Kirchner regañó de cuerpo presente luego de que los policías tuvieron un feroz ataque de barbarie en la Rural.
Los funcionarios aducen que se había llegado a un grado de desobediencia civil ingobernable y que ahora, tan sencillo como eso, se está cumpliendo la ley. Los argumentos tienen dos patas débiles, una que podríamos llamar sociológica y otra legal. Vamos de a una por vez.
El Estado, lo dijo en un texto canónico Max Weber, reivindica para sí el ejercicio de la violencia legítima. Pero ocurre que las agencias de seguridad nativas (como parafrasea el sociólogo Pablo Alabarces) funcionan de otro modo, aspirando al monopolio legal de la violencia ilegítima. El tiro a quemarropa con bala de goma que recibió un jugador de fútbol en Mendoza es una campana que no dobla sólo en Cuyo ni sólo para los deportistas. El Presidente lo sabe y por eso siguió la movilización de anteayer por celular rojo desde Nueva York. Una suerte de confesión acerca de lo lábil que es el escenario que el propio gobierno propicia.
Yendo al punto de vista legal, el Gobierno blande un decisionismo que parece dejar el derecho de reunión sujeto a la veleidosa valoración de los gobernantes. Si son estudiantes, barrera abierta. Si son partidos políticos de centroizquierda, centro o derecha, también. La restricción parece ceñirse a fuerzas de izquierda o piqueteras, lo que carece de asidero legal y sujeto a una indebida discrecionalidad.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya le hizo llegar a Interior (antes del viernes 16) dos notas manifestándole su preocupación por lo que es una violación constitucional y pidiéndole precisiones. “Restringir el acceso a la Plaza de Mayo de manifestantes resulta ilegal e implica someter a estas personas a un trato desigual respecto de otros manifestantes a los cuales no se les ha exigido ningún permiso para protestar en ese espacio público” postula el CELS que también exige que el Gobierno explicite sus criterios. “Sí resultaría compatible con lo que establece la Constitución nacional requerir a las organizaciones que convoquen a movilizaciones que formulen previamente un aviso a la autoridad. La formulación de este aviso no debería estar revestida de formalidades que puedan obstaculizar su práctica (...) Asimismo, esta directiva debería emanar de una norma de alcance general, para evitar que su aplicación quede sujeta a la discrecionalidad de la autoridad, y debería ser suficientemente publicitada para que todos puedan tomar conocimiento de ella.” Más direccionadamente, el CELS le recordó a Aníbal Fernández “Su función como ministro del Interior no se limita a garantizar el orden público, sino que comprende, fundamentalmente, garantizar el respeto de los derechos civiles y políticos”. El Gobierno no contestó el pedido de informes.

Tensiones

“Claro que no podíamos ni podremos mantener la plaza cerrada como hace un par de semanas. ¿Qué pasa si los radicales o el ARI o el PJ quieren hacer un acto ahí? ¿Cómo decirles que no? ¿Cómo decirles que sí, si se lo impedimos a otros?”, se pregunta con buen tino y off the record una primera espada del Gobierno. Y asume que hace quince días Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández discurrieron sobre el punto, almorzando en Olivos. El Gobierno, redondea, quiere salir del intríngulis en el que se metió pero no permitir que la situación quede en el mismo punto en el que estaba.
La administración Kirchner tuvo un norte sensato en materia de reclamos callejeros durante casi dos años. Hace cosa de un mes le imprimió un giro revisionista, varió su criterio. Anteayer lo flexibilizó, en el mejor rumbo. Habrá que ver qué hace en los próximos días. Dependerá de su lectura de la realidad, muy supeditada a los sondeos electorales, que espejan las pulsiones de “la gente”. Pulsiones que no siempre están en línea con lo que dicen las leyes o con las mejores prácticas del actual gobierno.