Cuando se implementó el Plan Jefas y Jefes de Hogar (JJDH) se estableció que sería universal, esto es, que accederían al subsidio todos quienes reunieran una serie de requisitos objetivos, de sencilla corroboración. Pero la cantidad de postulantes excedió las previsiones del gobierno de Eduardo Duhalde, que abruptamente cerró la ventanilla. El pretenso ingreso universal quedó reservado a quienes habían llegado primero a tramitarlo. No hubo arbitrariedad estatal, stricto sensu, pero sí una forma de discriminación en pro del más veloz. Inscribirse en un plan nuevo era algo que requería aporte de documentos, movilización a oficinas públicas, decisión, recursos no repartidos igualmente entre ciudadanos desfavorecidos. Es lógico que primaran los más astutos, los más educados, los más decididos. Es bien verosímil que primaran aquellos que acudieron a mediaciones como la de partidos políticos u organizaciones de desocupados.
Quienes llegaron primeros accedieron a un privilegio entre pobres que no buscaron y que la norma supuestamente venía a evitar. En estos planes, que siguen siendo derecho del beneficiario mientras se mantengan las condiciones exigidas, el peso ulterior de organizaciones políticas o piqueteras, es muy dudoso.
Tras los asesinatos de Kosteki y Santillán, el gobierno duhaldista decidió conceder nuevos planes para descomprimir la tensión. Si bien en lo exterior eran similares al JJDH en verdad su otorgamiento era potestativo desde el vamos. Se bautizaron Plan Empleo Comunitario (PEC) y en su obtención tallaron mucho varias (que no todas) de las organizaciones de desocupados. Las agrupaciones piqueteras sí incidieron en el manejo de altas y bajas de esos planes. Que lo hayan hecho en el de JJDH es algo bastante más difícil de probar y hasta de suponer.
Las afirmaciones acerca de que “las agrupaciones manejan todos los planes” son, pues, un simplismo mediático y político hijo del desconocimiento. En esta semana se le ha agregado a este lugar común otro, el que infiere que hubo clientelismo en la adjudicación de los planes JJDH porque muchos de sus beneficiarios son afiliados a partidos políticos. Una mirada un poco más rigurosa debería ponderar lo mentado en el primer párrafo.
El problema básico no es que exista un “privilegio” entre los pobres afiliados a algún partido de masas, que acaso los ayudaron a acceder más presto a su derecho. El problema es que, al negarse la universalidad del JJDH, se implantó una nueva discriminación al interior de la clase trabajadora.
La embestida contra los planes no da la sensación de ir en ese rumbo, sino de acompañar una corriente empresarial y política nada menor, que busca sacarse de encima la “competencia” a los bajos salarios que implica un ingreso básico asegurado para los ciudadanos. El discurso cuaja demasiado fuerte en una sociedad que debería preguntarse más cómo acelera la búsqueda de algo similar a la igualdad, en vez de entretenerse en denostar a los planes sociales y a los partidos políticos. Y ya que estamos, aunque no se diga de frente, a los pobres.