En su “Crónica interna de la Revolución Libertadora”, publicada pocos años después de los hechos, Bonifacio Del Carril incluyó una observación fundamental para la historia argentina del siglo pasado: “Los capitanes y mayores de 1930 eran los coroneles de 1943 y los coroneles y generales de 1955”. Lo mismo podría decirse de los golpes siguientes, tanto exitosos como frustrados, uno por década hasta 1990. Esos oficiales formaban parte del Partido Militar, que fue la principal fuerza política durante seis décadas, instrumento de los sectores sociales y económicos que a partir de 1852 organizaron el país y lo insertaron en la globalización de entonces pero fueron incapaces de hacer valer sus intereses por medios democráticos dentro del sistema institucional. La superación de ese ciclo que cubrió de dolor y vergüenza a la Argentina es el logro principal de las últimas dos décadas y no tiene un protagonista único, es obra del conjunto de la sociedad y de su maduración cívica.

Los marginales

Por eso es alarmante la reivindicación del golpe de setiembre de 1955 que publicó en su edición del viernes el matutino La Nación. Con la pluma del papá de María Martha García Belsunce, el diario consideró legítimo el derrocamiento del gobierno electo de Juan D. Perón porque encarnó el derecho de resistencia a la opresión. Horacio García Belsunce (no confundir con su hijo homónimo Horacito o El Pituto García Belsunce) presidió hasta el año pasado la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Lo sucedió este año Alberto Rodríguez Galán, quien fue Inspector General de Justicia de la dictadura instaurada por el general Pedro Aramburu, ministro de Educación y Justicia del golpe que derrocó a Arturo Frondizi, Procurador del Tesoro de la Nación del dictador Alejandro Lanusse y Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del dictador Jorge Videla. Junto con García Belsunce y Rodríguez Galán integran esa Academia entre otros el ministro de Educación del ex dictador Juan Onganía, Dardo Pérez Guilhou; uno de los delegados militares en la Corte Suprema de Justicia durante la última dictadura, Pedro J. Frías; el ministro de justicia de Videla, Alberto Rodríguez Varela, su embajador en la Unesco, Víctor Massuh y el canciller del dictador Benito Bignone, Juan Aguirre Lanari. Esa Academia es la que el mes pasado consideró inconstitucional la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró nulas las leyes de punto final y de obediencia debida y negó la vigencia de los tratados internacionales y de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo mismo dictaminó el Colegio de Abogados de Buenos Aires, presidido por el viceministro de Rodríguez Varela durante la última dictadura y asesor de Juan Carlos Blumberg en su cruzada represiva, Roberto Durrieu. No es casual que La Nación exalte como una gesta republicana el golpe que destruyó por tres décadas la perspectiva democrática y la contaminó de odios y rencores.

Un programa razonado

La intacta beligerancia del matutino se proyecta hoy contra el gobierno de Néstor Kirchner, cuyo derrocamiento postuló aun antes de que asumiera, cuando su subdirector Claudio Escribano le presentó el pliego de condiciones de esos sectores marginales pero poderosos: alineamiento incondicional con Estados Unidos, reivindicación del desempeño de las Fuerzas Armadas en la guerra sucia militar contra la sociedad argentina y fin de cualquier revisión sobre sus crímenes, estrechamiento de relaciones con los empresarios, oposición a Cuba en los organismos internacionales y medidas excepcionales de seguridad que lleven tranquilidad a las fuerzas del orden. No fue sólo un exabrupto senil, sino parte de un programa razonado que se ha ido desarrollando en estos dos años y que ha incluido una defensa sin pudor de las empresas extranjeras que discuten cuestiones de intereses con el gobierno argentino. El ejemplo de esta semana fue el de Aguas Argentinas, la concesionaria de Obras Sanitarias cuyos accionistas europeos protagonizaron escandalosas privatizaciones en varios países de la región. Como condición para conseguir el servicio los franceses asociaron a una empresa testaferro del gobierno del presidente Carlos Menem, el Grupo Meller. Sin experiencia en el negocio su única función era percibir la tajada política en el expolio, bajo la protección de la mayoría automática en la Corte Suprema de Justicia. El último de sus integrantes enfrenta hoy el juicio político debido a esa colusión de intereses.
Aguas Argentinas ganó la licitación porque ofrecía cobrar la tarifa más baja, que no cesó de aumentar aunque el contrato lo prohibía por una década. Tampoco cumplió el detallado plan de inversiones que había presentado, lo cual creó serios problemas en el Gran Buenos Aires, con el ascenso de las napas freáticas. Sus tasas de ganancia sobre activos e inversiones fueron mucho más elevadas que las que obtiene en el mismo sector en los países de origen de sus principales accionistas y que las de las principales empresas industriales que operan en la Argentina. Las distribuyó en generosos dividendos a sus accionistas y para financiar sus actividades se endeudó en el mercado internacional. Luego de la devaluación pretendió que se le mantuviera la tarifa dolarizada y que el Estado se hiciera cargo de sus deudas. Como esas aspiraciones fueron rechazadas, denuncia que no hay seguridad jurídica y amenaza con retirarse. La Nación omite todos los datos mencionados y se limita a advertir que por no acceder a ese reclamo extravagante la Argentina no conseguirá las inversiones que necesita, como si ese esquema de explotación colonial tuviera alguna utilidad para alguien más que sus pocos beneficiarios.

Desarrollo y derechos

Esta semana, Kirchner mostró durante su paso por las Naciones Unidas cuán lejos está de esa agenda que intentaron imponerle. Sus presentaciones ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad definieron una posición propia, que también se expresó en el discurso que en representación del Grupo Río leyó el canciller Rafael Bielsa. Inicialmente debía pronunciarlo Kirchner y por eso pasó por la conveniente pluma de su secretario legal y técnico Carlos Zannini. Lejos del alineamiento incondicional con Estados Unidos, el gobierno argentino cuestionó los supuestos básicos de su política unilateral. Tanto Kirchner como Bielsa objetaron la actuación de los organismos multilaterales de crédito y sus consecuencias, el desempleo, la informalidad y la brecha de ingresos entre los trabajadores calificados y no calificados. El canciller diferenció entre el crecimiento de los indicadores macroeconómicos y el desarrollo, que incluye necesariamente la idea de equidad, entre los países y dentro de cada sociedad. Reclamó la reforma de la “anacrónica e ineficaz arquitectura financiera internacional” mediante una nueva conferencia de jefes de Estado como la que sesionó en Breton Woods en 1944, de modo de privilegiar el apoyo a la economía real y no la especulación financiera. Sobre el FMI dijo que en forma irresponsable presionó a los países menos desarrollados para que aplicaran políticas que “los sumergieron en una miseria mayor de la que partieron. Todo esto en nombre del crecimiento económico y de la apertura internacional”, cuando uno de los grandes obstáculos que aún se oponen al crecimiento son las barreras y subsidios proteccionistas erigidos por los países que predican el libre comercio.

La retórica y los hechos

Kirchner denunció “el componente ideológico en las políticas de los organismos internacionales de crédito”, cuyo enfoque ortodoxo “ha agravado las condiciones de pobreza en el mundo en desarrollo”. Luego de enumerar los impresionantes datos de la recuperación, expansión y transformación argentina conseguidas sin escuchar ese enfoque, lamentó que “no contamos con la ayuda del FMI, que sí apoyó y financió, hasta semanas antes del colapso, el régimen de convertibilidad”. También denunció “esa visión arcaica del tema de la deuda” y “un sistema de comercio internacional injusto para los productos agrícolas donde los subsidios y medidas paraarancelarias de los países desarrollados continúan impidiendo que nuestros países puedan crecer plenamente con sus recursos genuinos”. Con una claridad inusual en esos foros, que fue señalada en los encuentros bilaterales con algunos jefes de gobierno, dijo que las finanzas internacionales estaban “en manos de intereses concentrados” que afectan a los países más débiles y propuso liberar a los organismos multilaterales del lobby financiero. Mencionó la “estrategia de reducción de la deuda” diseñada por su gobierno “con la finalidad de ganar grados de libertad para la aplicación de planes de desarrollo y crecimiento de la economía” y adelantó que el pago de los compromisos asumidos “no debe hacerse a expensas de los recursos comprometidos para áreas sociales, tales como educación, salud, vivienda y promoción del empleo”. Ese es el tema en el que Kirchner está trabajando junto con el ex asesor de Bill Clinton, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y del que habrá novedades después de las elecciones. Stiglitz recomienda aplicar a las cuentas del Fondo una quita similar a la impuesta a los acreedores particulares. Kirchner mencionó incluso las consecuencias de las políticas de ajuste estructural y de la deuda externa para el pleno ejercicio de los derechos humanos, según la resolución que la Argentina copatrocina en las Naciones Unidas.

Seguridad y desarrollo

En el Consejo de Seguridad, Kirchner impugnó las concepciones que el gobierno de George W. Bush engloba bajo la consigna infantil de “guerra contra el terrorismo”. Rechazó el asesinato de civiles inocentes, que ninguna razón racial, religiosa o ideológica puede justificar, y recordó la herida abierta en la sociedad argentina por los atentados en la Embajada de Israel y en la mutual judía de Buenos Aires. Pero precisó que enfrentar con éxito al terrorismo requiere “contar con legitimidad de respuesta y tener el respaldo de la comunidad internacional”, lo cual contraría la lógica estadounidense. Para Kirchner “no puede haber liderazgos culturales impuestos por la fuerza” sino respeto de la diversidad religiosa. En forma explícita cuestionó el carácter “puramente militar o preponderantemente unilateral” de la respuesta. Vinculó la paz con la justicia y el desarrollo y reclamó el respeto a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Para su gobierno, las violaciones a los derechos humanos son tan amenazantes para la paz como el terrorismo. Sólo le faltó decir Abu Ghraib o Guantánamo Bay. La prevención del conflicto “requiere brindar respuestas justas a disputas de larga data, a prolongadas situaciones de injusticia, a la pobreza más profunda y abierta, al hambre, a las pandemias más atroces como las que atraviesa Africa y a las desigualdades profundas como las que enfrenta América latina”. Por eso “la paz se construye y se preserva con participación de todas las naciones y pueblos”. Ninguna nación puede refugiarse “en su propia seguridad” porque “las nuevas amenazas nos hacen entender finalmente el verdadero concepto de la solidaridad de las naciones”. Tal como reclamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Kirchner sostuvo que la lucha contra el terrorismo “debe respetar el derecho internacional, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados” y que las extradiciones sólo deben realizarse a través de la justicia. (Esto constituye una refutación directa a la doctrina Gonzáles –por el actual ministro de Justicia estadounidense– quien sostuvo que la ley internacional no se aplica a los “terroristas” y a la política del secuestro y la entrega de los detenidos a terceros países, como ocurrió en Milán, desde donde la inteligencia estadounidense remitió un grupo de detenidos-desaparecidos a Egipto para que allí fueran interrogados bajo tortura.) También reivindicó “la proporcionalidad en la respuesta y el respaldo de la opinión pública internacional”, es decir aquello que Washington no ha tenido en cuenta. Para combatir con posibilidades de éxito al terrorismo el Consejo de Seguridad deberá “encarar con energía la solución de los conflictos no resueltos, las situaciones de profunda injusticia, de exclusión social y de pobreza extrema, así como el hambre y el analfabetismo”, con “una voluntad política concertada y colectiva”. Su insistencia en los mecanismos multilaterales y el fortalecimiento del derecho internacional, la democracia representativa y los derechos humanos apuntó a la reforma de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, de modo que su “acción y legitimidad no sean puestas en duda”. Estos temas serán tratados pasado mañana en un seminario que organizará en Washington el Woodrow Wilson Center con el sugestivo título “Seguridad Nacional y la relación bilateral Argentina-Estados Unidos”. Según los organizadores, la guerra contra el terrorismo domina las discusiones de política exterior estadounidense, pero su gobierno tiene grandes dificultades para convencer a los países vecinos de la justeza de su planteo y uno de los más reacios a acompañar ese curso es la Argentina. En un panel participará la asesora de la cancillería estadounidense sobre Contraterrorismo, Deborah McCarthy y en otro el secretario de Seguridad Interior, Luis Tibiletti y el ex embajador del presidente Carlos Menem ante las Naciones Unidas, Emilio Cárdenas.

De Perón a Kirchner

La incursión de Kirchner por Estados Unidos no deja dudas de que su agenda se parece a la que sostuvo la Cancillería durante los primeros gobiernos peronistas y durante la fugaz gestión de Héctor J. Cámpora, por completo diferente de la de los otros gobiernos justicialistas, de Menem y Eduardo Duhalde. Este deslinde tan ostensible aporta mayor claridad a la diferenciación del actual gobierno respecto de las administraciones anteriores. Menem y Duhalde son los dos objetivos electorales definidos por Kirchner para este año, para lo cual ha debido establecer alianzas con menemistas riojanos, como Angel Maza y duhaldistas bonaerenses, como Felipe Solo, a riesgo de que su proyecto aparezca desdibujado. El mismo efecto produce el discurso crítico a las políticas neoliberales de la década pasada, pronunciado en compañía de otros de sus paradigmas, como Carlos Reutemann o José De la Sota. Caben por lo menos dos interpretaciones para este fenómeno. Según la primera la presencia de Maza, Solo, Reutemann, De la Sota cuestiona la sinceridad del planteo del presidente y su esposa, la senadora-candidata Cristina Fernández de Kirchner. En la segunda visión, la pareja patagónica ha sabido imponer el cambio de posición a funcionarios de quienes no esperan sinceridad y cuyos mandatos terminan en un par de años. El único que parece tener alguna proyección nacional futura es el gobernador de Santa Fe. De este modo, las elecciones de 2007 serán decisivas no sólo por la renovación presidencial (cumpla o no Kirchner su difusa afirmación de que no buscará un segundo mandato) sino también por la elección de gobernadores en las principales provincias del país, cuando entre los adversarios a batir estén algunos de los socios de hoy. La campaña duhaldista no atina a elaborar una respuesta eficaz ante el desafío planteado por Kirchner y CFK. Esta semana Hilda González de Duhalde decidió levantar el tono, incluyendo desafíos personales de los que su rival no se dio por enterada. Para ello HGD acentuó el cariz provincial de su candidatura. También profundizó alianzas sociales regresivas al pronunciarse en contra de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que son uno de los ejes de la política económica vigente. En el mismo sentido se pronunció la Sociedad Rural, cuyo gerenciador, Francisco de Narváez, es candidato en la boleta duhaldista. Es prematuro saber si este guiño a los grandes exportadores y el reclamo de fondos adicionales para la provincia de Buenos Aires le rendirá alguna ventaja electoral. Pero desde ya es notable su efecto político de más largo plazo: el matrimonio Duhalde, que siempre tuvo severas dificultades de comunicación con las demás provincias, se repliega como última defensa a Buenos Aires y abandona incluso la intención de actuar en una escala más amplia. ¿Duhalde 2007 en Lomas de Zamora?