El escenario más complejo para Kirchner es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ni el jefe de gobierno ni el candidato cabeza de lista expresan el cambio que su irrupción implicó en la escena nacional. Aníbal Ibarra languidece con tácticas dilatorias ante el juicio político por las 194 muertes de República Cromañón. Su intención inicial era acortar esa agonía y forzar una pronta decisión de la Legislatura, pero el gobierno nacional no estaba dispuesto a pagar el costo de blanquearlo en plena campaña. Los legisladores kirchneristas le hicieron saber que si la decisión debía adoptarse antes del 23 de octubre, votarían por su alejamiento del gobierno. Otra cosa será entre el 24 de octubre y el 10 de diciembre, antes de que asuma la nueva Legislatura. La defensa de Ibarra pasó a basarse entonces en chicanas irrelevantes respecto de las responsabilidades que se discuten pero idóneas para perder tiempo, con recusaciones y un elevado número de testigos propuestos. También se apoya en una estrategia de comunicación en la que intervienen especialistas del grupo Hadad-Moneta, en particular una consultora que antes prestó servicios a Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Esto implica una dura puja con la agencia que concentra la cuantiosa inversión publicitaria porteña y que es manejada por el esposo de una altísima funcionaria de la jefatura de gabinete de la Ciudad. Ocluidas a razón del escándalo de Cromañón las arterias que desde los boliches nocturnos irrigaban su corazón, el gobierno ibarrista se mantiene con vida gracias a esta agencia a través de la que se canaliza toda la gráfica oficial, como un oportuno by-pass. Luego del episodio de Cromañón la secretaría de Seguridad clausuró el boliche Chicharrón porque la seguridad privada que contrató no era aceptable. Pero la secretaría de Justicia, cuyo manejo se reservó el ibarrismo puro, anuló la clausura, lo cual permitió que uno de los matones contratados estropeara la columna vertebral de un adolescente farrista.
El sentido de la realidad del gobierno porteño volvió a ponerse a prueba esta semana, cuando un denominado “Foro por la democracia y la Justicia Social” invitó a “ciudadanos, vecinos y compañeros” a una marcha “en apoyo del gobierno progresista de Aníbal Ibarra, al cumplirse dos años del triunfo popular sobre la derecha”. La cita era el jueves 15 a las 18 en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y el aviso ya preparado decía “Con Aníbal la Ciudad es de Todos”. Según su notable texto, Ibarra cumple “con el mandato popular de priorizar la inversión social y garantizar educación, salud, alimento y techo para los sectores populares, sin apartarse del objetivo estratégico de lograr una Ciudad más integrada y solidaria, más equitativa y más justa. Para ello emprendió un arduo proceso de desmantelamiento del viejo estado porteño, corroído por prácticas que lo pusieron al servicio de los grandes grupos privados, y avanzó con decisión hacia su democratización abriendo canales de participación y protagonismo de los colectivos sociales”. La contraorden llegó a sugerencia del gobierno nacional, que entendió el riesgo de una confrontación con los familiares de Cromañón. Tampoco había entusiasmo entre las ONG favorecidas por donaciones de edificios o dinero a las que se reclamó que firmaran.
Pese a todo, la imagen personal de Ibarra es todavía algo mejor que la del gobernador bonaerense Felipe Solo. Pero mientras la candidatura de CFK remonta ese y otros lastres, Bielsa no tiene la misma entidad. Al intentar diferenciarse de Kirchner serruchó la rama que lo sostenía y se alejó de las candidaturas que hoy parecen favoritas, las del hombre de negocios con el Estado Maurizio Macri y la ex diputada radical Elisa Carrió. A más de un mes de las elecciones esto todavía puede revertirse. El último sondeo que consultó el gobierno coloca a Bielsa a menos de cinco puntos de distancia de los primeros y es difícil imaginar que en la Ciudad de Buenos Aires no haya uno de cada cuatro electores dispuesto a acompañar la propuesta del presidente más popular de la historia de las encuestas argentinas. Aun así, cargar al mismo tiempo con Ibarra y con Bielsa es una tarea mayúscula, cuyo resultado depende también de imponderables como la eventual decisión del juez Julio Lucini que podría procesar al jefe de gobierno y de la capacidad de escándalo de la fauna que acompaña al canciller. Si quedara en la ingrata posición de elegir entre un candidato reaccionario, con fortuna propia y fuertes intereses que lo sostienen, como Macri, y un epifenómeno del progresismo porteño y de dudosa proyección nacional como Carrió, que no implica competencia sino control, el gobierno no debería tener dudas.