El secretario de Derechos Humanos de Tucumán, Bernardo Lobo Bugeau, solicitó que se revoque el arresto domiciliario a Antonio Domingo Bussi, quien está imputado en cerca de 500 causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El pedido se basó en denuncias que recibió el funcionario y que aseguraban que el represor fue visto en un supermercado y un country de Pilar.
“Un sobrino de un desaparecido cuya causa se tramita en la Justicia federal de Tucumán, que es empleado de la firma Jumbo, de Pilar, nos informó que vio a Bussi varias veces haciendo compras, en algunas oportunidades con bigotes”, afirmó Lobo Bugeau. Otra denuncia es de una vecina de un country, quien señaló que vio al represor jugando tenis o en confiterías de la zona.
El funcionario hizo una presentación ante el fiscal federal de Tucumán Emilio Ferrer y ofreció como prueba los correos electrónicos que el joven –cuyo nombre no se dio a conocer– envió a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, así como el e-mail de la vecina de Pilar.
“No hay otra alternativa que cambiar al arresto domiciliario por un sitio con mayor seguridad. Hay que recordar que un juez de Capital Federal hizo eso cuando se enteró de que Guillermo Suárez Mason, pese al arresto domiciliario, asistía a la cancha de Argentinos Juniors”, señaló Lobo Bugeau. El secretario de Derechos Humanos de Tucumán precisó que la documentación aportada al fiscal demuestra que “Bussi se encuentra en condiciones de ser trasladado a Tucumán para declarar en las 500 causas por violaciones a los derechos humanos” en las que está imputado.
Bussi fue detenido en octubre de 2003 por el secuestro y desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse, y en base a “razones de salud” el juez federal Jorge Parache le concedió el beneficio de arresto domiciliario que eligió cumplir en la localidad de Pilar.
Lobo Bugeau subrayó que, pese a que la defensa alega que el dictador padece problemas cardíacos que impiden su traslado a Tucumán, “ya no se sabe dónde reside, porque originariamente debía estar en Avenida del Libertador al 3900 (en Capital Federal), pero luego se mudó a un country de Pilar”.
Antes de la presentación del secretario de Derechos Humanos, Ferrer ya había pedido a Parache que ordenara el trasladado de Bussi a Tucumán para que declare en otras causas en los que está imputado, pero el viaje nunca se concretó. En ese momento, el fiscal lamentó que “se obstaculizara el traslado invocando razones de salud” y alegó que “como se trata de unos 500 casos, con las respectivas pruebas, para que pueda declarar en Buenos Aires, tendríamos que trasladar cientos de expedientes, cosa que sería imposible”. También, en un escrito que acompañó la Fiscalía de Política Criminal de la Procuración Nacional, Ferrer solicitó que le sea revocado el arresto domiciliario.