Sáb 24.09.2005

EL PAíS • SUBNOTA  › CONFIRMAN LA PRISION DE REPRESORES

Cinco que no salen

Los represores de la ESMA seguirán presos. Así lo resolvió la sala II de la Cámara Federal de Apelaciones al considerar válida una prórroga de un año a la prisión preventiva de Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta, Raúl Scheller, Carlos Octavio Capdevila y Adolfo Donda, todos detenidos por violaciones a los derechos humanos en el marco de la megacausa de la ESMA, que investiga el juez Sergio Torres.
Los represores habían apelado una prórroga de un año a su prisión preventiva, que decidió el juez Torres. Argumentaban para reclamar su libertad que la ley establece un plazo máximo de dos años para la prisión preventiva. Sin embargo, los camaristas Eduardo Luraschi, Martín Irurzun y Horacio Cattani consideraron en su fallo que los detenidos podrían eludir la Justicia o entorpecer la investigación si estuviesen libres.
Los camaristas recordaron que la ley que regula la prisión preventiva “reconoce supuestos excepcionales que habilitan la prórroga” y plantearon que el hecho de que estén procesados por más de 300 tormentos agravados es una situación “excepcional” que impide su “excarcelación automática”. Además, están procesados por secuestro, desaparición y presunto homicidio. Los jueces destacaron que existe un requerimiento del fiscal Eduardo Taiano para elevar a juicio oral y público a los represores, junto a los también procesados Juan Azic, Héctor Febres y Antonio Pernías. Para los camaristas, este hecho hace presumir que intentarían eludir la Justicia.
En el caso de Scheller, la Sala II ya le había negado otro pedido de excarcelación que presentó en julio de este año. En ese fallo destacaron que era un agravante el cometer delitos desde la “condición de integrante de una fuerza armada” y con “la utilización de medios estatales”.
Astiz, Acosta y los otros represores están procesados y detenidos en la megacausa de la ESMA desde septiembre de 2003, donde funcionó uno de los más importantes centros clandestinos de detención de la dictadura. La investigación se reabrió tras la anulación en el Congreso de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en agosto de 2003.

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