La Corte Suprema firmó ayer dos fallos que tendrán consecuencias institucionales fuertes. En un caso resolvió no intervenir para frenar una consulta popular impulsada por el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, para determinar si está o no en la voluntad de los pobladores entregar a los pueblos originarios las 600.000 hectáreas que habitan ancestralmente en el departamento de Rivadavia. En otra resolución, decidió no entrometerse con un referéndum convocado por el gobierno de Mendoza que someterá a votación la reforma de la Constitución local que, entre otras cosas, impide la indexación salarial de los jueces por índice de precios. Unos 300 magistrados pedían auxilio al máximo tribunal del país.
Ambas consultas populares están previstas para que coincidan con las elecciones nacionales del 23 de octubre. En principio, la decisión de la Corte Suprema apunta a que sean los tribunales locales los que definan la situación. Los jueces supremos consideran que recién podrían intervenir una vez que se haya llevado a cabo el referéndum.
En el caso salteño cuarenta comunidades aborígenes nucleadas en la Asociación Lhaka Honhat se habían presentado ante la Corte Suprema, patrocinadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con la intención de frenar el plebiscito sobre el destino de las tierras fiscales. Ellos reclaman la entrega de un “territorio único” con título de propiedad común. El gobierno local apunta a subdividir las tierras y dar los títulos de propiedad a los criollos ganaderos, aunque esta posibilidad quedaría sujeta al resultado de la votación, prevista únicamente para los habitantes de Rivadavia. En las 600.000 hectáreas en juego viven unos 6000 indígenas. Los ministros del alto tribunal resolvieron ayer que tal como está planteado el conflicto “no es” de su “competencia originaria”. El tema está también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El conflicto de los jueces mendocinos es un asunto que sacude a la provincia desde hace tiempo. Ya cuatro años atrás, a raíz de la crisis, Sus Señorías comenzaron a reclamar la actualización de sus salarios. En la Corte Suprema se presentaron en masa para pedir que detenga la reforma de la Constitución local en relación con la disposición que prohíbe la indexación salarial de los magistrados por índice de precios. Decían que es una cláusula inconstitucional y pedían la anulación del referéndum al que convocó el gobernador Julio Cobos para que la población opine sobre la reforma en danza. El alto tribunal resolvió ayer rechazar “in limine” la demanda.