Con la inflación en alza y el empleo en baja, el Gobierno busca desesperadamente la manera en que la situación social no se le vaya de las manos. Primero, para los desocupados, creó el subsidio para jefes y jefas de hogar. Ayer, para los que tienen empleo, prorrogó por 6 meses la emergencia económica por la que quedaron suspendidos los despidos sin causa, mientras que cualquier indemnización tiene que pagarse doble. Pero lo más llamativo fue el anuncio que hizo la viceministra de Trabajo, Noemí Rial: dijo que si el Ejecutivo aumentaba en una suma fija entre 50 y 100 pesos los sueldos del sector privado no provocaría hiperinflación.
La idea de una recomposición salarial que compense una parte de lo perdido en estos meses de inflación viene tentando a varios funcionarios, empezando por el presidente Eduardo Duhalde, que está ansioso por dar una buena noticia alguna vez. En algún momento, se especuló incluso con la posibilidad de ofrecer un aumento similar al índice inflacionario de estos meses –alrededor del 21 por ciento–, pero la iniciativa fue bochada por Economía con el argumento de que provocaría una estampida de precios, ya un poco desbocados.
Luego de algunas reticencias iniciales, también la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, comenzó a levantar la bandera del aumento salarial. Ayer, su segunda, Rial, aseguró que tenían en su poder un estudio que indicaba que con un aumento de entre 50 y 100 pesos para los privados “el impacto sobre la inflación será menor al 3 por ciento”.
Sugestivamente, el Gobierno lanzó el anuncio el mismo día del paro de la opositora CTA y de la reunión que mantuvieron con la amistosa CGT oficial. Justamente, la central de Rodolfo Daer le reclamó a la ministra abrir las discusiones salariales (ver aparte).
“No queremos que, como siempre, la mayor parte de los sectores que se oponen a esto no empiecen a asustar con el tema de que va a producir un impacto en los precios”, advirtió la viceministra. También el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, tocó ayer el tema. Aseguró que el aumento de los salarios era “una de las grandes preocupaciones del Gobierno”.
Eso sí, la Rosada está pensando en un incremento sólo para los sueldos privados, porque para los públicos no hay plata. “Hay muchas dificultades en el Estado nacional, en los estados provinciales y en los estados municipales para poder discutir un aumento salarial en el marco del Estado”, evaluó el jefe de Gabinete.
Por otro lado, el decreto 883 publicado ayer en el Boletín Oficial prorrogó por 180 días la ley de emergencia económica, vigente desde enero pasado hasta el 7 de julio próximo. La norma suspende los despidos sin causa y establece la obligatoriedad de pagar doble indemnización.
En rigor, y pese a la vigencia de esta disposición, en lo que va del año ya 340 empresas pidieron la apertura del procedimiento preventivo de crisis, que implica el inicio de una negociación con los sindicatos como paso (y, en lo posible, escollo) previo a las cesantías masivas.