Por Felipe Yapur y Eduardo Tagliaferro

En las manos del liberal Lázaro Chiappe parece estar el futuro de la Ley de Subversión Económica. Tanto los que propician la derogación de la norma, como quienes se oponen, cuentan con 34 votos favorables. Aunque Chiappe continúa manifestando que “de estar presente votaría en contra”, nadie puede garantizar su asistencia en el recinto. En ese escenario, la decisión la tendrá el titular del cuerpo, el cordobés Juan Carlos Maqueda, quien a la hora de desempatar tiene voto doble. Esto si todos cumplen con su palabra. Las dudas mayores las producen los radicales. No son pocos los que especulan en que no lograrán sentar en sus bancas a la totalidad de los suyos. Los radicales rionegrinos, Amanda Isidori y Luis Falcó, negaron haber recibido presiones de su gobernador Pablo Verani para facilitar la estrategia del oficialismo. Cuando se aprobó la derogación ambos estuvieron ausentes, ahora podrán levantar sus manos y decidir la suerte del Gobierno y, de paso, la suya propia.
Aunque las declaraciones, reuniones y llamados estuvieron a la orden del día, las posiciones de cada bloque tuvieron leves variantes. Sin embargo los hombres del PJ exhibían ayer cierta tranquilidad incomprensible para quienes están a punto de echar su suerte a una votación que aparece como empatada. “Estoy moderadamente optimista”, respondió el titular del bloque justicialista, el sanjuanino José Luis Gioja, cuando evitó precisar la cantidad de votos favorables que tiene el oficialismo. Por lo pronto, el peronismo no logró en la Comisión de Asuntos Penales un dictamen que favoreciera el tratamiento de la iniciativa. Luego de que fracasara por falta de quórum la reunión de comisión y de que los radicales prometieran firmar en disidencia, al finalizar la jornada, ayer sólo había cinco votos en el despacho. Al de los justicialistas Angel Pardo, Eduardo Menem, Eduardo Mera y Malvina Seguí, se sumó el de la ya mencionada Isidori. No quisieron dejar impresa su rúbrica los radicales José Luis Zavalía y Eduardo Brizuela del Moral. Una de las dudas que ayer mostraban los legisladores era el mecanismo reglamentario para realizar la votación. No eran pocos los que temían que Maqueda pusiera a considerar en primer término el proyecto que venía de Diputados y que si éste fuera rechazado, automáticamente se consagrara la derogación.
“Lo primero que se vota es la insistencia en la derogación votada en el Senado”, precisó Gioja a Página/12. Para llegar a ese momento el peronismo deberá conseguir primero el quórum, y luego el voto favorable de los dos tercios de los presentes. El titular de la bancada radical comprometió públicamente el respaldo de los radicales para ello. Su definición la entregó momentos antes de que el bloque comenzara a decidir qué posición llevar adelante. Lo hizo en el mismo momento en que siete legisladores de la UCR afirmaban que “no darían quórum, ni tampoco los dos tercios”. Las voces críticas eran de Gerardo Morales, Juan Carlos Passo, Rodolfo Terragno, Miriam Curletti y Mónica Arancio. A ellos se les sumarían los radicales que integran el Frente Cívico de Catamarca, Marita Colombo y Brizuela del Moral. A las presiones de sus gobernadores, los radicales debieron sumarle la posición acuerdista de los emblemáticos: Carlos Maestro, Raúl Alfonsín y Raúl Baglini. Precisamente fue Alfonsín el que amenazó con sentarse él primero en el recinto y ayudar al quórum, cuando el tema se discutía en el bloque.
“Si los radicales decidieron dar quórum, ¿por qué no pensar que también ayudarán al Gobierno en las otras votaciones?”, inquirió la frepasista Vilma Ibarra, haciendo públicas las dudas que ayer invadieron a más de uno.
Los ocho rebeldes del peronismo ratificaron su rechazo a la derogación. Entre la gran cantidad de presiones que se ejercieron sobre ellos, circuló el rumor de que las autoridades del bloque estudiaban expulsarlos de labancada. Para evitar las presiones, los “rebeldes” se alejaron del Congreso.
En la sesión de hoy se juegan varias cosas, por un lado la continuidad de Gioja al frente del bloque –fue el responsable de la bochornosa votación en la madrugada del 9 de mayo cuando se derogó la norma–, pero sobre todo, lo que está en juego es la continuidad del gobierno de Duhalde. Por supuesto, también la de los banqueros hoy por la ley 20.840 y la de los que podrían serlo a futuro.