Por Miguel Jorquera
Desde Paso de los Libres

Pedro Pasteris tendrá que rendir cuentas a la Justicia. El relevado director general de la Gendarmería deberá declarar el 28 de octubre ante el juzgado federal de Paso de los Libres por su actuación como jefe de esa fuerza en el puente internacional que une esa ciudad correntina con la brasileña Uruguayana en tiempos de la dictadura. Allí fueron secuestrados y desaparecidos varios militantes montoneros que regresaban al país para participar de la llamada “contraofensiva” que enfrentaría política y militarmente a la junta militar. Tras su desplazamiento, Pasteris envió un fax desde el edificio Centinela para conocer su situación procesal. Para que despeje sus dudas, el juez Juan Angel Oliva lo citó a declaración indagatoria.
El juzgado federal libreño investiga desde fines de 2004 lo sucedido en el centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura en la estancia La Polaca, ubicada a pocos kilómetros de paso fronterizo y regenteado por el Ejército.
La causa tiene como eje la desaparición de tres militantes montoneros cuando intentaron cruzar el puente internacional para salir y entrar al país: Lorenzo David Viñas, el sacerdote Jorge Adur y Carlos Marcón. Pero las declaraciones de un ex miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Carlos Waern, a un programa periodístico de Paso de los Libres aceleró los tiempos judiciales.
Waern no sólo dio detalles de cómo funcionaba el centro clandestino de detención por donde habrían pasado unos “300 prisioneros”, y del que fue uno de sus guardias, sino también acerca de cómo se realizaban algunos operativos sobre el puente internacional: allí el destacamento de inteligencia 123 de Paso de los Libres junto a represores del Batallón 601 llevaban a militantes montoneros –también detenidos ilegalmente– para obligarlos a reconocer a sus compañeros.
El ex agente aseguró que existía un convenio entre el Ejército y la Gendarmería que consistía en que la fuerza que custodia las fronteras detenía a la víctima y lo entregaba al Ejército, que lo trasladaba a La Polaca u otros centros de detención.
Al menos Viñas, Adur y Marcón fueron secuestrados en junio del 80. El mismo año que Pasteris se hizo cargo de la jefatura del puente internacional, que ejerció hasta 1983, como figuraba en el legajo del ex jefe de la fuerza. Pasteris había atravesado sin dificultad todos los mecanismos de control, incluso la consulta que el propio Gobierno realizó a los organismos de derechos humanos que tampoco tenían registro de su paso por uno de los puntos neurálgicos del la denominada “Operación Murciélago”, que también investiga la Justicia federal porteña. Por su rol como jefe del puente internacional, Pasteris fue relevado de su cargo.
Al día siguiente de que lo echaran, el ex jefe de Gendarmería envió un facsímil al juzgado federal de Paso de los Libres en el que se presentaba con el grado de “comandante general de la Gendarmería Nacional, que he tenido el honor de conducir”, para interiorizarse sobre su situación judicial y establecer su domicilio legal en el cuarto piso del edificio Centinela (el comando de la fuerza).
Antes de emprender viaje a un encuentro jurídico en la ciudad de Posadas, en que la debía disertar, el juez Oliva dejó clara sus instrucciones: citar inmediatamente a Pasteris a declaración indagatoria –un término judicial que se reserva para quienes podrían haber participado de los delitos que se investigan– para el 28 de octubre a las 9 horas, y librar un oficio para pedir copia del expediente que lleva adelante el juez Ariel Lijo, en el que se investiga otras desapariciones que podrían tenerrelación con el puente Paso de los Libres-Uruguayana durante la comandancia de Pasteris en ese lugar.
Esas medidas judiciales fueron firmadas por el juez subrogante Fabián Morahan pero que el titular del juzgado, Juan Oliva, quiere tenerlas arriba de su escritorio cuando indague al ex comandante de Gendarmería.