La Unión Europea exige que la Argentina levante las restricciones que prohíben a extranjeros la adquisición de tierras en las denominadas áreas de frontera, que se comprometa en forma explícita a no dar marcha atrás en las políticas de privatización, desregulación y apertura de la última década y que permita la constitución de empresas de seguridad extranjeras de más de mil integrantes. Así lo revela el documento secreto de la Comisión Europea que se reproduce en esta página. La prohibición vigente para la enajenación de tierras a extranjeros se aplica hasta los 150 kilómetros lineales de las fronteras terrestres y 50 kilómetros de las fronteras marítimas. El documento reclama “eliminar la restricción que se aplica en las áreas costeras y reducir en forma sustancial el área geográfica de aplicación para las fronteras terrestres”. El viejo sueño de lindar con Europa podrá hacerse realidad.
Esto sugiere que la sanción de la ley de impunidad para los banqueros que entre febrero y noviembre de 2001 sacaron del país no menos de 25.000 millones de dólares de las reservas monetarias argentinas no agota el pliego de condiciones de los países más poderosos del mundo al frágil gobierno del senador Eduardo Duhalde y su principal sostén, el senador Raúl Alfonsín, ambos de la quebrada provincia de Buenos Aires. La semana pasada, autoridades del FMI reiteraron que la sanción de la ley de impunidad, la reforma de la ley de quiebras y los acuerdos para la reducción del déficit de las provincias eran apenas condiciones previas para sentarse a negociar y no las llaves del tesoro. Un alto funcionario del Fondo dijo a la periodista Ana Barón, de Clarín, que hasta ahora no veía que el senador Duhalde “tenga un programa económico”, obviedad que conocen todos los argentinos pero que en tales labios preanuncia nuevas dificultades. El canje de los títulos de la deuda externa contraída durante la dictadura militar por acciones de las empresas del Estado fue propuesto por los organismos internacionales de crédito cuando agonizaba la presidencia de Alfonsín y se puso en práctica en cuanto asumieron el gobierno Carlos Menem y su vicepresidente Duhalde. Ahora se intenta convertir en irreversibles aquellas concesiones y avanzar también sobre la tierra argentina, en áreas reservadas a la soberanía nacional.
Los únicos privilegiados
El documento completo muestra que la Comisión Europea requiere a todos los países del mundo, inclusive Estados Unidos, la apertura sin límites a la inversión extranjera, con el tratamiento de Nación Más Favorecida para cada empresa europea y la libre competencia en sectores particularmente sensibles como agua y saneamiento, finanzas, energía y telecomunicaciones. Las negociaciones sobre el comercio de servicios tienen lugar en Ginebra y la Unión Europea es representada por su órgano ejecutivo, la Comisión Europea, que también es definida como guardiana de los tratados y negociadora de acuerdos comerciales y de cooperación internacionales. Los intereses europeos entran en colisión con los de Estados Unidos, pero ambos coinciden en imponer restricciones a la Argentina, como aprendió la pareja real de Lomas de Zamora durante su viaje de iniciación por el mundo tal como es y no como le gustaría creer. Las primeras rondas dirigidas a la liberalización comercial se conocieron con la sigla GATT, por General Agreement on Trade and Tariffs o Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas. Luego la denominación GATT cedió lugar a la de TWO u OMC, Trade World Organization u Organización Mundial de Comercio. El invento más sofisticado de los últimos años es el GATS, sigla de General Agreement on Trade of Services o Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Cada miembro de la OMC debe presentar sus demandas a los demás antes del 30 de junio de este año, para iniciar el mes próximo las negociaciones sobre la liberalización de servicios. Es decir que además de las condiciones europeas, también llegarán las de Estados Unidos y Japón.
El GATS no define qué se considera un servicio. Esta indefinición permite incluir cualquier producto de la actividad humana destinado a satisfacer una necesidad humana y que no constituya un objeto tangible. Esto comprende desde la vida hasta la muerte, la salud, la educación, el dinero, el entretenimiento, la información, todo menos la seguridad nacional, que quedó excluida. Sin embargo el reclamo sobre las tierras de frontera demuestra que incluso esta salvedad es relativa. Los servicios se prestan de cuatro modos, que cubren todo lo que alcance la imaginación: atravesando las fronteras, mediante consumo en el exterior, presencia comercial y movimiento de personas físicas.
Una de las críticas más persistentes que se han formulado desde la sociedad civil es el carácter secreto de las negociaciones, lo cual impide cualquier control. Invocando la necesaria transparencia en cuestión de políticas públicas, la ONG GATSwatch reclama una postergación que sirva para abrir el debate democrático. Es ostensible que algunos puntos, como la disposición de tierras en zonas de frontera, no pasarían ese test. El documento de la Comisión Europea arroja más luz sobre la encuesta que la consultora Jorge Giaccobbe realizó en la Patagonia por encargo de una no identificada “empresa europea” interesada en conocer la disposición de la sociedad argentina a canjear tierra por deudas. El director del Instituto del Tercer Mundo, el uruguayo Roberto Bissio explica que hasta la creación de la OMC se entendía por “comercio internacional” sólo el intercambio de bienes materiales a través de las aduanas, donde pagaban tarifas o sufrían otro tipo de restricciones, como las sanitarias. La ampliación del concepto al “comercio de servicios” incluye temas antes reservados a la decisión soberana de cada país. Algo similar ocurre en otro contexto con las condiciones que el FMI impone a la Argentina para sentarse a negociar. Desde la creación del sistema monetario de Bretton Woods, en el ocaso de la segunda guerra mundial, las exigencias a los países siempre habían girado sobre agregados macroeconómicos, equilibrios fiscales y reformas estructurales. El privilegio de los argentinos es ser los únicos a quienes se le reclamaron cambios en una ley penal, condición de cuyo cumplimiento el penoso presidente interino se jacta, convencido de que así podrá seguir haciendo historia por unos meses más.
Bancos y Finanzas
Un capítulo significativo en el documento secreto de la Unión Europea, que fue distribuido entre los países miembros el 6 de marzo, cuatro meses después de la confiscación de los depósitos en la Argentina, es el que se refiere a bancos y otros servicios financieros y de seguros. En todos los casos se reclama la eliminación de deducciones e impuestos sobre las operaciones. En seguros se requiere la apertura para todo lo que sean servicios auxiliares, estadísticas y evaluación de riesgos y solución de conflictos; supresión del impuesto del 13,2 por ciento y 3,5 por ciento para los seguros y reaseguros offshore y autorización para el establecimiento de empresas europeas de seguros, sin necesidad como hasta ahora de comprar una empresa local preexistente.
Para la actividad bancaria, el documento secreto pide que se elimine el impuesto a las ganancias sobre intereses por préstamos del exterior, cuyas tasas van desde el 15 hasta el 35 por ciento según el prestamista adhiera a las reglas de Basilea o actúe en algún paraíso fiscal. Los prestamistas del exterior, en los convenios de mutuo, establecen siempre que éste y cualquier impuesto argentino es a cargo del prestatario, explica un experto argentino consultado para este artículo. “La propuesta de eliminar este impuesto tiende tanto a beneficiar a los deudores locales como a permitir que los acreedores mejoren sus expectativas de recobro, atendiendo a los incumplimientos de los deudores, desde que se cayó el sistema financiero argentino y se devaluó la moneda.” Otro de los requerimientos es que los bancos europeos puedan guiarse en sus préstamos a la Argentina por las relaciones técnicas de sus países de origen, que son menos rigurosas que las del Banco Central y que los bancos locales puedan computar en el rubro capital, las garantías que les otorguen sus matrices, para los supuestos de incumplimiento de sus activos.
De los pelos
La definición de servicios adoptada en la Ronda Uruguay fue tan amplia que terminó por incluir normas sobre inversiones, migraciones y tratamiento al capital extranjero, cuya relación con el comercio internacional está traída de los pelos, que es como el Norte gusta tratar con el Sur. Algunos servicios que se prestan por encima de las fronteras pueden equipararse con el comercio y un ejemplo claro son las consultas que para la preparación de esta nota se realizaron por correo electrónico con especialistas de otros países. Por intangible que fuera, algo cruzó las fronteras, lo que justificaría un pago en sentido inverso, comparable con una importación o exportación. Pero no podría decirse lo mismo si la consulta fuera evacuada desde las oficinas de una empresa extranjera instalada en Buenos Aires.
La divulgación de estos documentos provocó sorpresa por la extensión inusitada de sus demandas, que incluyen la apertura al capital europeo en los servicios de agua y obras sanitarias, electricidad, transportes y servicios profesionales que hasta ahora se consideraban de competencia irrestricta de cada nación. Es difícil imaginarse al senador Duhalde, quien acaba de volver de Europa con su gran gorra vacía, negociando estos temas en condiciones de igualdad con los señores Bush, Aznar, Chirac o Berlusconi, que subsidian los productos agrícolas de sus países competitivos con los argentinos y votan sobre los desembolsos de fondos del FMI. Después de firmados, los acuerdos son de muy difícil o casi imposible marcha atrás. “Los países en desarrollo se opusieron a la inclusión de servicios, inversiones y propiedad intelectual en el catálogo de la OMC, pero fueron forzados a aceptarlos como única manera de obtener acceso a los mercados en áreas claves para ellos como agricultura y textiles. Sin embargo, aún antes de comenzar a reducir subsidios o abrir sus mercados agrícolas, Europa (y probablemente también Estados Unidos y Japón, cuyas respectivas demandas continúan siendo secretas) quiere obtener nuevas y abusivas concesiones de los países pobres”, agrega Bissio. Durante la década pasada la Argentina emprendió en forma unilateral las políticas de privatización, desregulación, liberalización y apertura que ahora se reclaman. Como lo que se negocia son aperturas progresivas de ahora en adelante, no cuenta nada de lo ya hecho por propia voluntad o por imposición de los organismos financieros internacionales. Pero su inclusión en las negociaciones del GATS, impediría dar marcha atrás en el futuro, so pena de sanciones comerciales. Por eso los países europeos reclaman de los sudamericanos compromisos formales en áreas donde la apertura y la privatización ya se realizó. En esas condiciones, países como la Argentina tienen poco que conceder y en consecuencia poco a qué aspirar en cuanto a apertura para los productos primarios de la pampa húmeda o las economías regionales. La asimetría es tan marcada, que los países del Norte aceptaron que una comisión especial estudie en Ginebra de qué modo las pruebas de amor neoliberal de la última década sirvan para otra cosa que la satisfacción de quienes las recibieron.