Como se aprecia en el facsímil, la Unión Europea exige que la Argentina levante las restricciones que prohíben a extranjeros la adquisición de tierras en las denominadas áreas de frontera. Así lo revela el documento secreto de la Comisión Europea revelado aquí ayer. En él constan las exigencias que los quince países de la Unión presentarán para las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio que comenzarán el mes próximo. Por una limitación del sistema informático ayer se publicó una hoja del facsímil en la que sólo constaban los títulos pero no el contenido de cada reclamo, error que se corrige hoy.
La prohibición vigente para la enajenación de tierras a extranjeros se aplica hasta los 150 kilómetros lineales de las fronteras terrestres y 50 kilómetros de las fronteras marítimas. El documento reclama “eliminar la restricción que se aplica en las áreas costeras y reducir en forma sustancial el área geográfica de aplicación para las fronteras terrestres”. El viejo sueño de lindar con Europa podrá hacerse realidad. La Unión Europea también exige que la Argentina se comprometa en forma explícita a no dar marcha atrás en las políticas de privatización, desregulación y apertura de la última década y que permita la constitución de empresas de seguridad extranjeras de más de mil integrantes. Esto sugiere que la sanción de la ley de impunidad para los banqueros que entre febrero y noviembre de 2001 sacaron del país no menos de 25.000 millones de dólares de las reservas monetarias argentinas no agota el pliego de condiciones de los países más poderosos del mundo al frágil gobierno del senador Eduardo Duhalde y su principal sostén, el senador Raúl Alfonsín, ambos de la quebrada provincia de Buenos Aires.
Las autoridades del FMI reiteraron que la sanción de la ley de impunidad, la reforma de la ley de quiebras y los acuerdos para la reducción del déficit de las provincias eran apenas condiciones previas para sentarse a negociar y no las llaves del tesoro. El canje de los títulos de la deuda externa contraída durante la dictadura militar por acciones de las empresas del Estado fue propuesto por los organismos internacionales de crédito cuando agonizaba la presidencia de Alfonsín y se puso en práctica en cuanto asumieron el gobierno Carlos Menem y su vicepresidente Duhalde. Ahora se intenta tornar irreversibles aquellas concesiones y avanzar también sobre la tierra argentina, en áreas reservadas a la soberanía nacional.