El juez federal de Salta Miguel Antonio Medina declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El magistrado consideró que la masacre de Las Palomitas, en la que fueron asesinadas doce personas que estaban en la cárcel de Villa Las Rosas, es el crimen más aberrante de la historia moderna de la provincia y decidió reabrir la causa. Los principales imputados son el ex jefe de la guarnición del Ejército de Salta Carlos Alberto Mulhall y el ex jefe de la policía provincial Miguel Raúl Gentil. También fue denunciado por su responsabilidad en la masacre el presidente de la Cámara Federal salteña.
El 6 de julio de 1976 cinco mujeres y siete hombres que estaban detenidos a disposición del Poder Ejecutivo y de la Justicia federal fueron sacados de sus celdas con el pretexto de que iban a ser llevados a la ciudad de Córdoba. Las luces se apagaron. Los efectivos militares que retiraron a los internos no portaban insignias. Pidieron que se fueran los oficiales de baja graduación y los suboficiales penitenciarios. Actuaron con rapidez y se llamaban con sus nombres de pila. A quienes iban a ser trasladados no se les permitió llevar sus cosas, incluso a Leonardo Benjamín Avila no se le dio tiempo para agarrar su prótesis dental. En el paraje Difunta Correa, cerca de Cabeza de Buey, no muy lejos de Salta, los prisioneros fueron baleados. Recibieron numerosos impactos de diferentes armas con el objeto de simular un enfrentamiento.
La versión oficial, que consta en una nota de Mulhall al juez, es que “en circunstancias que una comisión del Ejército procedía al traslado de presos subversivos hacia la ciudad de Córdoba, fue interceptada y atacada por otros delincuentes subversivos”.
Según declararon tres militares involucrados en el hecho ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el entonces juez federal de Salta, Ricardo Lona, había pedido el pase de los presos políticos por miedo a una posible fuga. Lona es ahora camarista y fue denunciado por el hijo de una de las víctimas ante el Consejo de la Magistratura.
El 14 de marzo pasado, la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Salta, patrocinada por los abogados David Leiva y Tania Kiriaco, hicieron una denuncia penal para reabrir la causa. Lo decidieron en base a que en el juicio por la Verdad que se realiza en la provincia el capitán retirado Hugo Espeche reconoció que había intervenido en el traslado de los detenidos “desde el penal hasta la salida de Salta”. Otros partícipes del crimen están muertos, como el ex director del penal de Villa Las Rosas Braulio Pérez y el ex general Carlos Grande, oficial de Operaciones del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 141.
El expediente cuenta con un testimonio hasta ahora inédito que está guardado en una caja fuerte de los tribunales salteños. Se trata de la declaración de un policía arrepentido que admitió ante el fiscal Eduardo Villalba haber robado la camioneta y el Torino en la que fueron “plantados” los cadáveres de tres personas.
A diferencia del juez federal Gabriel Cavallo (ahora camarista), de su colega Claudio Bonadío y de la Cámara Federal porteña, el magistrado salteño no declaró la “nulidad” de las leyes pero sí su inconstitucionalidad, que es suficiente para reabrir la causa. El fiscal se había pronunciado a favor del reclamo de los familiares de las víctimas el pasado 4 de mayo.
En el fallo firmado la semana pasada Medina menciona la masacre de Las Palomitas como el crimen más aberrante en la historia moderna de Salta, lo califica como un delito de lesa humanidad y asegura que su investigación es una deuda pendiente de la Justicia. Sin embargo, en base a “garantizar el derecho de defensa”, el magistrado adelantó que no se pondrá a trabajar en el expediente hasta que su sentencia quede firme.
Los abogados de los familiares apelarán esta última condición del magistrado para retomar la investigación, cuya reactivación fue reclamadapor gran parte de la sociedad salteña. Las cámaras de diputados y senadores provinciales se pronunciaron por unanimidad a favor de la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y por el castigo a los responsables de la masacre. También el Colegio Público de Abogados local avaló públicamente la medida.