La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó ayer un proyecto de ley que establece la educación sexual obligatoria en todas las escuelas públicas y privadas del país. Aunque está lejos aún de convertirse en ley, el modesto avance de este proyecto consensuado entre todos los bloques despertó la inquietud de la Iglesia Católica, que ayer mismo hizo pública una declaración en la que presiona a los legisladores para que no voten esa norma. A través de una declaración de la Conferencia Episcopal Argentina, exhortó a los diputados y senadores que llegarán al Congreso el 10 de diciembre a ser “consecuentes con sus propuestas preelectorales, rechazando las leyes que atenten contra la familia y la juventud”, entre ellas, según consideran, la de educación sexual. Además, les pide a quienes abandonarán las bancas en esa fecha que “se abstengan de intentar aprobar proyectos que en su oportunidad fueron rechazados por los argentinos”. Si de educación sexual se trata, sólo en la ciudad de Buenos Aires el 97 por ciento de la población está de acuerdo con su instrumentación, de acuerdo con una encuesta de la consultora Analogías publicada días atrás en el suplemento Las12 de este diario.
La declaración constituye una de las manifestaciones de presión más fuertes emitidas por la Iglesia ante la sanción de una ley, equiparable a la ofensiva contra la ley de divorcio vincular. El pronunciamiento se conoce justo después de las expresiones del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, quien afirmó desde su columna en televisión que la política de Estado en materia de educación sexual “promueve la corrupción sexual” entre los jóvenes. Al referirse a supuestas entregas de preservativos y anticonceptivos a alumnos de 13 años en un colegio al que no mencionó, el arzobispo afirmó que la educación sexual constituye “una invasión intolerable en los derechos de los padres respecto de la educación de sus hijos”. Funcionarios de distintas áreas le respondieron al arzobispo, pero las palabras más duras corrieron por cuenta del ministro de Salud, Ginés González García: “Me parece que es la opinión de un fanático.”
La declaración de la Conferencia Episcopal aparece en ese contexto, y justo cuando en la Legislatura porteña, un proyecto apoyado por la mayoría de los diputados fue bloqueado por una presentación del macrista Santiago de Estrada quien, en representación de la Iglesia, encabezó un pedido para celebrar una audiencia pública antes del tratamiento de la ley.
Con perfil más bajo que los legisladores porteños, la Cámara de Diputados de la Nación venía trabajando en el consenso de un proyecto de ley de educación sexual. “Se trata de una ley marco, que reglamenta la ley de Salud Reproductiva, que en su articulado establece que debe implementarse la educación sexual en las escuelas”, dijo a Página/12 Marta Maffei, diputada del ARI. Maffei está entre los legisladores que terminan su mandato en diciembre.
Según maffei, el proyecto consensuado en la Cámara baja fue aprobado casi por unanimidad en la Comisión de Educación, que integran desde Patricia Walsh, Jorge Rivas, Eduardo Macaluse, de la izquierda, por un lado, hasta María del Carmen Rico, hija del ex teniente coronel carapintada, por otro. El texto tiene el visto bueno de los asesores de la Comisión de Familia y todavía debe pasar por la de Salud. Debería pasar todas estas instancias antes del 18 de noviembre si es que se pretende que este año obtenga la media sanción.
Para obtener el consenso, el proyecto debió ser “amplio y moderado”, según coinciden sus impulsores. El proyecto sostiene que todos los niños tienen el derecho de recibir educación sexual, y dispone que “es obligación de los establecimientos educativos, públicos y privados, de brindar información sobre sexualidad, adecuada a su edad”, explicó Maffei.
La norma incluye a todos los niños, desde el nivel inicial hasta el terciario. Y dispone que su implementación estará a cargo del Consejo Federal de Educación. “El Consejo, integrado por todas las provincias, elaborará un proyecto básico con contenidos adecuados a cada distrito. En cuanto a la metodología de aplicación, será definida por cada escuela, con su comunidad de padres y docentes”, sostuvo Maffei.
El avance modesto de este proyecto llegó a oídos de la Conferencia Episcopal, que no demoró en presionar a los legisladores. “Ante versiones que aseguran que se tratarían en el Congreso proyectos de ley que vulneran los derechos y obligaciones de la familia, la patria potestad y la libertad de enseñanza, consideramos oportuno recordar a la ciudadanía y a los legisladores que en ninguna de las plataformas de los partidos triunfantes figuraban tales leyes o planes”, que para la Iglesia parecen ser los únicos en condiciones de legislar.
“En la Iglesia están muy mal asesorados –opinó Maffei–. Este proyecto no es contra ninguna iglesia sino a favor de la niñez y la adolescencia, de los niños abusados: el 67 por ciento de los niños son abusados en el seno de sus propias familias. La educación sexual consiste también en educar en la no violencia, en que nadie tiene derecho a hacerles a los chicos cosas que no les gustan y que ellos pueden hablar de ese problema con su mamá, su abuela o la maestra”.
Por su parte, la diputada kirchnerista Juliana Marino, integrante de la Comisión de Educación, relativizó la presencia del tema en las plataformas partidarias. “Los legisladores tenemos nuestra propias ideas, y las expresamos permanentemente, cuando nos consulta la prensa. La gente que me vota a mi sabe que yo estoy a favor de la educación sexual, porque lo hice público, al margen de lo que diga la plataforma partidaria”.