“Esta noche el jefe de Gobierno va a ser Jorge Telerman; ya está, no hay vuelta atrás.” El pronóstico que resignado hizo ayer a media tarde uno de los principales operadores del ibarrismo en la Legislatura no estaba equivocado: apenas unas horas después y con el voto de treinta de sus miembros –es decir, los estrictamente necesarios–, la Sala Acusadora decidió suspender a Aníbal Ibarra y someterlo a juicio político por el incendio de República Cromañón. “No voy a renunciar”, reaccionó de inmediato el jefe de Gobierno y aclaró a sus fieles y a los medios que “esto no significa la destitución”. Además de todo su gabinete, lo acompañó en su presentación su vicejefe, quien ocupará su lugar mientras dure del proceso que terminará con su destitución o la reposición en su cargo. Los familiares de las víctimas celebraron la votación de los legisladores, en la que fue finalmente el kirchnerista “Chango” Farías Gómez quien inclinó la balanza contra Ibarra.
Aun antes de que empezara la sesión, en la Legislatura quedaron en claro dos cosas: que sin familiares de las víctimas dentro del recinto, el modo en que se desarrollaría el debate sería absolutamente diferente al del último jueves, que quedó inconcluso ante los incidentes que se plantearon ante la falta de votos necesarios para abrir el juicio político, y que al final de la jornada habría una decisión con respecto al futuro de Ibarra.
La gran incógnita era el resultado final de la votación, aunque no tardó demasiado en despejarse. “Tenemos los 30 votos”, repetían al llegar al recinto los legisladores de la oposición que impulsaron el enjuiciamiento de Ibarra por considerar que el incendio de Cromañon fue producto del mal desempeño en sus funciones. “Hasta que no haya 30 manos levantadas, no se puede adelantar nada”, decían asesores de uno y otro bloque aún incrédulos de lo que ocurrió exactamente a las 19.10.
El tiempo demostraría que aquellos que se resistían a creer que el jefe de Gobierno sería finalmente suspendido por el término de cuatro meses para ser sometido durante ese plazo a juicio político estaban equivocados. No contaban con la información que sí tenían los legisladores ya sentados en sus bancas y también el jefe de Gobierno. De hecho, Ibarra convocó a su gabinete a las dos y media de la tarde y a las tres, una vez que tuvo reunidos a sus secretarios en el Salón de Acuerdos de la Jefatura de Gobierno, les comunicó que Farías Gómez votaría por su enjuiciamiento y que sus suspensión era inexorable.
La posición del folclorista a favor del juicio político fue lo único que varió con respecto al escenario de votos planteado el último jueves. Claro que fue una diferencia sustancial porque entonces las oposición estaba estancada en 29 votos y de no haber sido impedida por los familiares, la votación hubiera implicado el cierre definitivo de la posibilidad de enjuiciar a Ibarra por la responsabilidad que pudiera caberle por el incendio de Cromañón. Así, habría quedado garantizada también su continuidad al frente del distrito hasta el término de su mandato en 2007.
Ibarra se convenció poco después del mediodía de que su destino era el juicio político, porque sabía del fracaso del intento por convencer a Farías Gómez de cambiar su voto: de nada sirvieron al final las reuniones que tuvo en las horas previas a la votación con hombres del kirchnerismo ni los diálogos telefónicos que desde el jueves último mantuvo con el jefe de Gabinete nacional, Alberto Fernández. Ni siquiera los mismos kirchneristas pudieron hacer que el folclorista cambiase de opinión.
Cuando el jefe de Gobierno comunicó a los suyos que ya no quedaba otra cosa por hacer que pelear en el juicio, tenía claro también que si alguna vez el ex macrista Eduardo Lorenzo “Borocotó” se había comprometido a apoyarlo, el escándalo que sobrevino tras su promocionado pase a las filas del kirchnerismo lo llevó a cambiar de opinión. Y, además, estaba al tanto de que otras alternativas exploradas habían quedado en la nada. Lo que se intentó desde el ibarrismo fue convencer de variar su posición a lalegisladora de Autodeterminación y Libertad, Noemí Oliveto. O Juan Manuel Velasco, quien obtuvo su banca por el partido de Patricia Bullrich y terminó en el ARI. O al también ARI Fernando Melillo, cuya esposa Roxana Perazza es secretaria de Educación. El gabinete de Ibarra seguirá sin cambios hasta tanto no haya un pronunciamiento definitivo sobre su futuro.
Aunque Farías Gómez aportó algo de suspenso porque fue al cierre de su discurso que anunció “voto sí al juicio político”. “El juicio político no es una condena. Es la posibilidad de que la luz se proyecte sobre la verdad”, justificó.
Con el voto de Farías Gómez para completar los treinta necesarios para enjuiciar a Ibarra, pasó a ser una anécdota la presencia de otros dos legisladores que habían faltado el jueves pasado: Mirta Onega y el radical Roberto Vázquez, quienes votaron en contra del juicio político. Anecdóticas también fueron las ausencias de la kirchnerista Marta Talotti, viajó a Cuba, y del socialista Roy Cortina, quien no regresó de San Sebastián, como el resultado final de la votación: 30 miembros de la Sala Acusadora por enjuiciar a Ibarra, siete en contra y seis abstenciones.
El destino de Ibarra está ahora en manos de la Sala Juzgadora de la Legislatura, que en cuatro meses debe expedirse porque si no lo hace se cierra automáticamente el proceso y el jefe de gobierno debe ser repuesto en su cargo. Hay otro plazo que puede jugar a favor o en contra de Ibarra: el que media de acá al 10 de diciembre cuando cambie la integración de la Legislatura y, por consiguiente, la composición del cuerpo a cargo de juzgarlo. En el Ejecutivo aspiran a que todo concluya antes de entonces o que aún cuando no sea así se mantenga la integración de la Sala Juzgadora hasta la conclusión del proceso porque en ese ámbito los votos le serían hoy favorables. Claro que se trata de un juicio político atado, como tal, a los vaivenes de la política y como anoche decían en la jefatura de gobierno “ahora nos jugamos a pato o gallareta”.