En plenario extraordinario y de manera unánime, ocho miembros del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires acusaron por “mal desempeño” al juez Roberto Gallardo, el magistrado que había hecho lugar a un amparo presentado por los familiares de Cromañón para que fueran públicas las sesiones de la sala que lleva adelante el juicio político contra Aníbal Ibarra. De esta manera, el Consejo comenzó el proceso para remover al juez. Más allá de los casos por los que se lo acusa a Gallardo, en diálogo con este diario el consejero Ricardo Baldomar aseguró que “hay una congruencia de factores” para recomendar su destitución.
Dentro de cinco días, Baldomar, presidente de la comisión de disciplina, y Carlos Rosemfeld, presidente del Consejo de la Magistratura, tendrán que sostener la acusación ante el jury de enjuiciamiento. Aunque no especifica si se trata de días hábiles o corridos, el artículo 123 de la Constitución porteña establece que el jury encargado de resolver el futuro del juez Gallardo deberá resolver el proceso dentro de los 90 días.
El jurado de enjuiciamiento que tendrá que decidir sobre el futuro del magistrado está compuesto por nueve miembros. Lo preside Ana María Conde, integrante a su vez del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad. A ella se sumarán tres legisladores: el kirchnerista Miguel Talento, la ibarrista Laura Moresi y el macrista Jorge Enríquez. Por los magistrados, además de Conde, se sumarán Horacio Corti y Eduardo Russo. Por los abogados estarán Nelly Minyersky, José Consolé y José Licinio Scelzi.
Gallardo suma varias denuncias en contra. Inicialmente la Procuración de la ciudad de Buenos Aires había puesto en conocimiento del Consejo de la Magistratura una serie de irregularidades. Uno fue el caso Montenegro. Allí el magistrado había ordenado al gobierno porteño pagar un subsidio a una familia de cartoneros. La Procuración inició una causa penal y la fiscal del caso acusó a Gallardo por prevaricato, es decir fallar contra derecho. Otro de los casos fue el conocido con el nombre de Juárez. Allí el juez ordenó una serie de medidas para impedir cualquier modificación a un predio ubicado en la zona de Villa Lugano en el que el Instituto de la Vivienda de la ciudad preveía iniciar una serie de obras. En este caso, la Sala II de lo Contencioso Administrativo declaró nulo todo lo actuado por Gallardo. En su sentencia, el tribunal llegó a calificarlo de “paladín omnímodo”. Uno de los cuestionamientos que le hizo al juez fue alejarse del objeto procesal y con medidas precautelares cubrir temas muy lejanos al caso. En este caso, un conocido jurista consultado por este diario sostuvo que con medidas cautelares, que en verdad califican de precautelar, el magistrado se “extralimitó”. Recuerda incluso que todas las medidas dictaminadas por Gallardo fueron revocadas. También destaca que en ninguna de las numerosas medidas, el magistrado se haga responsable por los posibles daños que genere su actuación. Esto suele realizarse a través de una fianza o de una garantía. Esta figura se denomina medida contracautelar y los jueces la utilizan para compensar cualquier perjuicio que ocasionen a las partes.
En el Consejo de la Magistratura coinciden en señalar que el uso de esas medidas precautorias es desconocer el Código de Procedimientos de la ciudad de Buenos Aires “ya que ese instituto no figura”. También le endilgan al magistrado tomar medidas que ninguna de las partes actuantes en los expedientes reclama. Otro punto es el denominado Forum Shopping. Mecanismo por el que se intenta elegir al juez que va a entender en un amparo. Para no pocos analistas consultados por este diario, la existencia de siete amparos no ratificados por los familiares de Cromañón, sino hasta que uno de ellos recayó en el juzgado de Gallardo, “da por acreditado el Forum Shopping”. Destacan incluso que Gallardo tendría que haberse excusado en el caso Cromañón, ya que su hija fue víctima del incendio del boliche bailable y fue atendida durante diez días, primero en el Instituto del Quemado y luego en el Hospital Británico.