El juicio político a Aníbal Ibarra mostró ayer un primer signo de avance. El impulso no provino de la Legislatura, donde la Sala Juzgadora aprobó un reglamento para futuros procesos pero que la oposición tratará de imponer para el caso en curso, sino que fue obra de Julio Maier: el presidente del Tribunal Superior de Justicia porteño convocó al jefe de Gobierno y a la Sala Acusadora “para que ofrezcan prueba, interpongan las recusaciones que crean corresponden y, eventualmente, las excepciones relativas al juicio”. Maier notificó a las partes en función de lo establecido en el Código Procesal Penal, lo que determina que dentro de los próximos diez días hábiles deberá dar comienzo el debate oral y público en el que se definirá el futuro de Ibarra. De la convocatoria de Maier se desprende también su interpretación de que debe mantenerse la actual composición de la Sala Juzgadora.
El empuje que Maier le dio al juicio político que la Legislatura decidió abrirle a Ibarra por el incendio de República Cromañón tendrá su primer efecto concreto mañana a las 14.30: entonces, la Sala Acusadora se reunirá y elegirá a tres de sus miembros para que se encarguen de formular la acusación en el marco del proceso.
El macrismo y la izquierda pretenden incluir en ese trío a un legislador del ARI con el propósito involucrar a ese partido en la acusación y así restarle margen a un eventual pronunciamiento favorable a Ibarra al final del juicio. La fuerza de Elisa Carrió no tiene hoy representación en la Sala Juzgadora, pero sí la tendría en caso de que –como pretende la oposición– sean los legisladores que entran el próximo 10 de diciembre los que juzguen al jefe de Gobierno. La oposición evaluaba como alternativa nominar al ex radical y ex macrista ahora independiente Jorge Enríquez; Jorge San Martino, de Recrear; y Rubén Devoto, del Interbloque de Izquierda.
Maier acompañó sus notificaciones a los legisladores y al jefe de Gobierno con un comunicado en el que trató de clarificar el estado del proceso y lo que ocurrirá de ahora en más. “Espero que estas breves líneas sirvan para aclarar a la opinión pública el panorama de este juicio, en general, y de mí actuación en él, en particular”, escribió el magistrado en el cierre de su parte de prensa.
“He notificado a Ibarra los dos dictámenes acusatorios y la aprobación del enjuiciamiento por la Legislatura, a la par de haber notificado a la Sala Acusadora del comienzo del plazo de citación a juicio”, precisó Maier. También detalló que una vez resueltas “las peticiones de las partes antes del debate”, serán fijados “día y hora de comienzo de la audiencia del debate oral y público para que quienes deben juzgar presencien el material probatorio y los argumentos de los que las partes se valgan”. “Finalizado el debate oral y público, se reunirá la Sala de Juzgamiento para deliberar y redactar la sentencia, que se hará pública mediante su lectura ante las partes y el público presente”, agregó.
Las notificaciones cursadas por Maier remiten explícitamente al artículo 354 del Código Procesal Penal, que establece que a partir del paso dado por el magistrado no pueden pasar más de diez días hábiles para el comienzo del debate oral y público. La norma prevé, entre otras cosas, que en ese plazo el acusado interponga recusaciones. Eso confirma que, a criterio del juez, la actual composición de la Sala Juzgadora debe mantenerse porque mal podría Ibarra recusar en las próximas dos semanas a quienes ni siquiera entraron aún a la Legislatura.
Las decisiones adoptadas por Maier fueron bien recibidas en el entorno de Ibarra, quien venía reclamando que lo notificaran de los cargos que le imputan para así tener la posibilidad de defenderse, porque con los actuales juzgadores no habría número suficiente para destituirlo. En el Ejecutivo estiman que si los legisladores no se toman vacaciones –Maier ya dijo que no lo hará– el juicio podría terminar antes de fin de enero. Los pasos de Maier desviaron la atención de la Legislatura. Allí la Sala Juzgadora eligió a la izquierdista Beatriz Baltroc como vicepresidenta y aprobó –sin el voto de los ibarristas y sus aliados– un reglamento sobre la base del que utiliza el Senado. Supuestamente es para ser aplicado en el futuro, aunque desde la oposición señalan que podría utilizarse en el juicio a Ibarra para cubrir los vacíos que deja el Código Procesal Penal. En ese reglamento, por ejemplo, se estipula que el presidente del Superior Tribunal no vota en el juicio al jefe de Gobierno.
Al respecto, Maier dejó en claro que no asiste “a las reuniones actuales de la Sala de Juzgamiento, pues ella está abocada a discutir un reglamento que rija los juicios políticos, cuestión que no incumbe a mi tarea del juicio concreto que me ha convocado de presidente”. Y añadió: “En mi función no dicto leyes ni reglamentos, sino que los aplico”.