“¿Puede un individuo con semejantes antecedentes en el terrorismo de Estado ser diputado de la Nación? No, sin grave mengua de la credibilidad y el honor de toda la Cámara.” De este modo, el diputado Miguel Bona-
sso llamó a los legisladores a impugnar el diploma del ex subcomisario y diputado electo Luis Abelardo Patti. En una carta, Bonasso destacó que se trata de un tema que está “por encima de bloques e identidades partidarias”, y presentará un escrito, junto a la diputada Araceli Méndez de Ferreyra, en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja antes de la sesión preparatoria del martes 6, cuando los nuevos diputados prestarán juramento y serán elegidas las nuevas autoridades. Además, Página/12 pudo saber que esta iniciativa se sumará a otra que impulsará el diputado electo Remo Carlotto en idéntico sentido.
Bonasso, quien por estos días se encuentra fuera del país, afirmó: “Debemos hacerlo y podemos: aquellos que cumplan con las exigencias objetivas establecidas en el artículo 48 de la Constitución nacional, referidas a edad, ciudadanía y residencia, deben someterse inexorablemente a las disposiciones del artículo 64 de la Constitución, que en su primer párrafo reza textualmente: ‘Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez’”. Y agregó que “no puede ser que nuestro sistema político se desvirtúe cobijando a sus enemigos”. Tras una negociación con el duhaldismo, Patti retiró su candidatura a senador y aceptó encabezar una lista de diputados que apoyó a Hilda “Chiche” Duhalde como senadora.
Los antecedentes invocados son los de la impugnación del diploma del senador electo Raúl Romero Feris por sus causas de corrupción y del pliego del ex represor de Tucumán Antonio Domingo Bussi, por violaciones a los derechos humanos y por ocultar la existencia de cuentas en el exterior. El 10 de mayo de 2000, la Cámara de Diputados impidió que Bussi asumiera en su banca, en una decisión que, según Bonasso, fue “histórica”. El legislador considera que ahora se da una situación similar respecto de Patti, a quien calificó como un “torturador convicto y confeso, que integró los escuadrones de la muerte de los generales Camps y Verplätsen”. En la misiva dirigida a sus colegas enumeró los antecedentes del “frondoso prontuario” del ex subcomisario bonaerense, entre los cuales se encuentra la imputación del asesinato de dos militantes peronistas, Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi, cuyos familiares están bregando por la reapertura de la causa judicial.
Sí, en cambio, está abierto el caso que investiga el secuestro y asesinato de Gastón Goncalves, desaparecido el 24 de marzo de 1976 en Zárate y fusilado el 2 de abril del mismo año, junto a otros tres detenidosdesaparecidos. Su cuerpo, enterrado como NN en el cementerio de Escobar, fue identificado 20 años más tarde. La causa se inició a raíz de una denuncia de sus hijos, Claudio y Gastón. El principal sospechoso es Patti, y el fiscal Juan Murray ya pidió su detención. Sin embargo, el juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo no la concedió.
“La intención es impedir que Patti jure y asuma por falta de idoneidad moral”, expresó ante Página/12 la diputada Méndez de Ferreyra. Esta legisladora correntina fue muy activa en el caso Romero Feris. “Logramos un fallo de la Cámara Electoral que lo inhabilitó a pesar de que no tenía ninguna condena firme en las casi 40 causas que tiene”, recordó. Méndez de Ferreyra explicó que, además de los requisitos formales, la Constitución establece que hay que tener “aptitud moral” para asumir un cargo. “Por más que el voto lo haya legitimado no puede haber nada por encima de la Constitución”, opinó.
El lunes 5, en conferencia de prensa con organismos de derechos humanos, Bonasso y Méndez de Ferreyra explicarán la presentación. De todos modos, fuentes parlamentarias explicaron que si el Poder Ejecutivo no incluye este proyecto de resolución en el temario de sesiones extraordinarias la comisión no podrá tratarlo porque está en receso.