A Jorge Colazo se le apagaron los humos. El gobernador de Tierra del Fuego (ex radical y neokirchnerista) se convirtió ayer en el primero en la historia provincial en ser destituido por un juicio político. Con siete votos contra uno, la Sala Juzgadora de la Legislatura lo destituyó por la retención indebida de fondos al municipio de Río Grande y por irregularidades en la ejecución del presupuesto provincial de 2004. Además, lo inhabilitaron para ejercer cargos públicos por diez años y le formularían una denuncia penal por enriquecimiento ilícito. Hasta enero de 2008 quedó en el cargo el vicegobernador Hugo Cóccaro, que sostuvo un enfrentamiento con Colazo desde los primeros días de gobierno. “Vamos a tener el apoyo de la gestión del presidente Néstor Kirchner”, dijo Cóccaro. Colazo –que ayer se encontraba en Córdoba, de donde es oriundo– seguiría la pelea en la Justicia.
El divorcio entre Colazo y Cóccaro se produjo a pocos meses de que asumieran en una alianza de la UCR con un sector del peronismo, con la que desplazaron al ex gobernador menemista Carlos Manfredotti. En medio de una guerra abierta, en la que llegó a acusar a Cóccaro de planear asesinarlo, Colazo dejó el radicalismo y se pasó al Frente para la Victoria, por lo que la UCR provincial fue intervenida y Colazo, expulsado del partido.
Colazo fue suspendido en septiembre por la Legislatura, pero un fallo del Superior Tribunal de Justicia provincial lo restituyó. En octubre, los legisladores ampliaron los fundamentos del juicio y lo suspendieron por segunda vez, pero Colazo se negó a aceptar la medida y acusó a los legisladores de “sedición”. Esto generó otro record histórico: una provincia con dos gobernadores en funciones. El antecedente más cercano data de 1820, en la provincia de Buenos Aires.
Finalmente, la Justicia confirmó la suspensión y Colazo tuvo que dejar el cargo mientras avanzaba el juicio político, que llegó ayer a su fin, con siete votos del PJ, ARI, Movimiento Popular Fueguino y el Frente de Unidad Popular contra uno solo a favor de la absolución, por parte de la legisladora ultracolacista Patricia Pacheco, que afirmó que la sentencia estaba “cargada de intencionalidad política”. “Esto es más de lo mismo. Habría que investigar por qué el juicio”, dijo Pacheco y adelantó que Colazo acudirá a la Justicia para pelear la destitución. “Colazo va a seguir en la Justicia, pero la situación es irreversible”, pronosticó el ministro coordinador de Cóccaro, Enrique Vallejos.
Los cargos que los otros siete legisladores consideraron probados son:
1 La retención indebida de fondos de coparticipación al municipio de Río Grande. El intendente de este municipio es el radical Jorge Martín. Martín fue ministro de Obras Públicas de Colazo cuando éste era intendente de Río Grande, pero se había vuelto su adversario en la interna de la UCR para la elección a diputados del 23 de octubre. La retención de fondos se dio mientras se resolvía la interna. Los legisladores consideraron que esta retención violó la constitución provincial.
2 Las irregularidades en el cierre de cuentas del ejercicio del presupuesto 2004, que partió de una denuncias del Tribunal de Cuentas provincial. La principal irregularidad fue el uso de un mecanismo conocido como “anticipos con cargo a rendir”. Se trata de una forma de contratación que se debía usar sólo en casos excepcionales. Según el dictamen de acusación, en el presupuesto 2004 hay 14 millones sobre los que no se rindieron cuentas. “Se pagaron obras públicas con anticipos y se descubrió que casi la mitad de las obras no existen”, señalaban en la Legislatura.
Por el primer cargo, los legisladores condenaron a Colazo a cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que para el segundo pedían ocho años, lo que se promediaría en 10 años. Hay además una causa penal abierta contra Colazo por enriquecimiento ilícito, que investiga la jueza provincial de María Cristina Barrionuevo y otros seis procesos iniciados contra sus funcionarios.
El jefe del bloque del PJ, Rubén Sciutto, consideró que “es un día triste para la democracia. Ha sido una vergüenza para los fueguinos comprobarestos cargos de corrupción”. Por su parte, el legislador del ARI José Martínez pidió que se la Legislatura inicie una denuncia penal contra Colazo y sus funcionarios por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y falsedad en la declaración jurada. Resolvieron que esa denuncia será votada por el pleno del cuerpo en la próxima sesión.
En el gobierno provincial, coincidieron con el fallo: “La provincia encontró su camino para restañar heridas, que vienen de una relación institucional política propuesta por Colazo a contrapelo de las más básicas reglas democráticas”, concluyó Vallejos, tras la primera destitución de un gobernador en la historia de la isla.

Informe: Werner Pertot.