En cualquier otro momento hubiera pasado casi inadvertida, pero la jura de los nuevos legisladores porteños acaparó ayer todas las miradas. La expectativa estuvo dada porque, en medio del juicio político a Aníbal Ibarra, quienes ingresarán a la Legislatura el próximo sábado pueden llegar a adquirir protagonismo desde el momento mismo en que se sienten en sus bancas, si es que finalmente se les traslada la responsabilidad de definir el destino del jefe de Gobierno. En el marco de la puja planteada al respecto y con el propósito de imponer de hecho que lo juzguen los actuales legisladores, Ibarra pidió a la Sala Juzgadora que se reúna y solicite a sus acusadores que delimiten los cargos que le imputan. La oposición insiste, en cambio, en dejar todo para después del recambio legislativo y esta semana podría tratar de imponer su criterio.
Ibarra y la oposición hacen el mismo cálculo, pero el resultado no es el mismo para todos. El jefe de Gobierno quiere que se lo juzgue con la actual composición de la Sala Juzgadora, porque quienes quieren destituirlo no reunirían allí los dos tercios necesarios para hacerlo; por esa misma razón aquellos que no son sus aliados sostienen que es imposible prorrogar el mandato de los legisladores que el próximo viernes terminan su mandato y que el juicio político debe hacerlo la próxima Legislatura.
Más allá de las conveniencias de unos y otros, en cada sector político buscan alternativas para superar la situación planteada, pero nadie encuentra hasta ahora una solución que sea ecuánime y que, por lo tanto, satisfaga a todos. Aun en el caso de que Ibarra sea juzgado por la próxima Legislatura, definir la forma en que hay que sortear a los integrantes de la Sala Acusadora resulta compleja porque cualquiera sea el criterio que se aplique habrá siempre beneficiados y perjudicados.
El tema estuvo latente en la jura de los 30 legisladores elegidos el pasado 23 de octubre, aunque no todos aceptaron hacer declaraciones públicas al respecto y menos aún dar definiciones sobre la destitución o no del jefe de Gobierno. Fue el caso del radical Enrique Olivera, quien ingresó a la Legislatura como primer candidato del ARI y rompió el silencio que esa fuerza mantenía en torno del asunto, al señalar que a Ibarra deben juzgarlo los próximos legisladores.
La jura de los legisladores electos mostró, como es habitual en esos casos, los palcos repletos de familiares y seguidores. En el recinto se destacaron el vicepresidente Daniel Scioli y el vicejefe de Gobierno porteño a cargo interinamente del Ejecutivo, Jorge Telerman.
“No consideramos que nos hayan honrado con su presencia”, aclaró Noemí Olivetto en contra de la formalidad a la que apeló al presentarlos el vicepresidente primero de la Legislatura, Santiago de Estrada, ratificado en ese cargo. También el kirchnerista Miguel Talento seguirá en la vicesegunda y la tercera quedó para Alejandro Rabinovich, del ARI.
La legisladora de Autodeterminación y Libertad y esposa de Luis Zamora dio, además, la nota con sus anteojos de marco blanco y los reflejos anaranjados que lució en su pelo. “Parece Cindy Lauper en su ocaso”, comentaban en las tribunas por su parecido, salvando las distancias de la edad, con la cantante pop que hizo furor en los ’80.
De los treinta legisladores que prestaron juramento, trece entraron por el macrismo, ocho por el ARI y siete por el kirchnerismo. También juraron la socialista Verónica Gómez y el zamorista Gerardo Romagnoli, quien se distinguió por la fórmula que usó: prometió “no ceder a los laberintos ni a las trampas, ni a las prácticas corruptas” y se llevó algunos abucheos. La peronista Dora Mouzo también se diferenció del resto y juró su segundo mandato como macrista por “Juan Domingo Perón y Evita”.
Antes del recambio, la actual Legislatura podría definir el tema de la composición de la Sala Juzgadora. En respaldo a Ibarra, el Colegio de Abogados porteño pidió que en su juicio se respeten “las garantías del debido proceso y de la defensa” y exhortó “a respetar los procedimientosde la Constitución” local. También repudió “los actos de intimidación y violencia tendientes a quebrantar la voluntad de los involucrados”.