Opinion
Por Mario Wainfeld

La crónica semanal puede servir para otear mejor las tendencias dominantes pero, mal enfocada, suele ocultar el bosque mientras se entretiene en algún detalle del árbol. Piénsese, por no volar más allá del área de cabotaje, en la huelga de Aerolíneas Argentinas. El conflicto no empezó ni terminó en estos días, aunque el primer vistazo induzca a otra conclusión. Se remonta a años atrás y se proyecta para adelante. Una deseable tregua de 90 días podría abrir otra etapa, en la cual muchas cosas deben cambiar y, seguramente, dos protagonistas infaustos (Antonio Mata y Ricardo Cirielli) deberán salir de escena.
La que fuera línea de bandera nacional fue privatizada, como casi todo por acá, del peor modo posible. Pasó a ser gerenciada por una feroz generación de españoles y nativos, muy formateada en la lógica del neoconservadurismo. Se habituaron a tener como aliado invisible al disciplinamiento de los trabajadores, a ampararse en una legislación laboral regresiva y a no encontrar freno en sucesivos gobiernos. Ese contexto ha variado en buena medida, circunstancia que la empresa pareció no registrar hasta los últimos días.
La crisis que vivió Aerolíneas en 2001 determinó un New Deal connotado ya entonces por un dato relevante, que es la falta de consenso básico entre los distintos gremios que laboran para la misma patronal. La intransigencia horizontal entre sindicatos que representan a compañeros de trabajo es otra postal de época que da para pensar.
Entre los siete sindicatos, el más díscolo fue desde siempre la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), cuyo secretario general, Cirielli, está en uso de licencia porque es funcionario nacional del área. La hostilidad creciente entre la empresa y ese sindicato perdura desde 2001. La dirigencia de APTA acusa a la empresa de procurar su vaciamiento, ésta imputa a los líderes de APTA buscar la reestatización de Aerolíneas, valiéndose de las reivindicaciones como pretexto. La puja por salarios y condiciones de trabajo se inscribe en ese marco de reproches, que la excede y la radicaliza.

Reproches

Los sindicalistas que instaron la huelga reprochan además a la empresa un ensañamiento indebido e ilegal con los trabajadores que cuestionaron su praxis. “Jamás hubiéramos conseguido tanta adhesión para un paro largo y lleno de riesgos, para soportar la presión de cientos de despidos –explican– si nuestras bases no estuvieran hastiadas.” La persecución, relatan, incluye actos de espionaje patronal, “cámaras de video en hangares para controlar la conducta de los trabajadores”. También mencionan sanciones ilegales a gremialistas dotados de inmunidad sindical. Dos de ellos, candidatos a delegados despedidos en pleno proceso electoral, se transformaron en un leading case y fueron reincorporados en el acta- acuerdo firmada anteayer.
La empresa, chequeó Página/12, tiene sanciones administrativas y judiciales por prácticas desleales. Varias fueron desacatadas.
La conducta patronal explica que el sindicato que agrupa a los pilotos (APLA) se sumará a las luchas de APTA. Es una referencia interesante dado que, por la división de tareas y jerarquías de la actividad aérea, los pilotos son un grupo poco proclive a plegarse a otros laburantes del sector. Pero APLA participó en el conflicto y su gente también denuncia ataques patronales. Uno de ellos, que acaso no exceda el linde de lo legal pero revela el encono de la relación, fue cuando Aerolíneas resolvió no renovar los contratos de más de tres decenas de hijos de pilotos, como un modo de escarmiento en carambola.
Varios funcionarios y los dirigentes de APTA y APLA concuerdan en señalar a Antonio Mata (presidente del comité ejecutivo de la empresa) como un convencido mentor de esas medidas. Habituado a obrar en tiempos de gran asimetría de fuerzas, no reparó en que no podía imponer su modus operandi en una coyuntura menos despiadada.
El conflicto empezó a destrabarse cuando el Gobierno urgió que Mata se saliera de las negociaciones. Para eso fue necesaria la gestión del gobierno español. Ya hace un tiempo Néstor Kirchner había adelantado esa necesidad en diálogo con José Luis Rodríguez Zapatero. La necesidad se hizo urgencia en estas horas, Alberto Fernández así se lo comunicó a Miguel Sebastián, asesor económico de Rodríguez Zapatero. Gerardo Díaz, otro accionista del grupo Marsans, decidió venir a la Argentina a relevar a Mata de las tratativas tras una reunión urgida por Sebastián y el embajador argentino en España, Carlos Bettini.

Horror al vacío

El acta acuerdo incluye un incremento salarial, una cláusula sexta de “paz social” por noventa días y la revocación (entre otros) de los despidos sucedidos durante la huelga. Arribó tras una maratónica reunión en la Casa Rosada entre representantes sindicales, de la empresa y los ministros Alberto Fernández y Carlos Tomada. Al Gobierno le cupo “sentar” a las partes, proponer las bases del convenio y armarse de paciencia para que decantaran broncas y desconfianzas sedimentadas en años.
El comienzo del encuentro fue duro pues los gremialistas le hicieron saber a la contraparte que la sospechan de intentar el vaciamiento. Según ellos, la flota no se renueva y hay un sugestivo desplazamiento de inversiones a Austral, otra aerolínea del conglomerado.
Aerolíneas niega el cargo, aduciendo que tiene un plan de inversiones muy ambicioso que excede la actividad aérea y se prolonga al área turística, incluyendo una cadena de hoteles. Superar la sospecha de vaciamiento o al menos instalar la posibilidad de ponerla en debate fue un núcleo de la discusión.
Los sindicalistas aceptaron la posibilidad de abrir una nueva instancia de discusión y reconocimiento mutuo. En el Gobierno se juzga disparatada la acusación de vaciamiento, pues se le da crédito a la voluntad de inversión de la empresa. Los sindicalistas conservan sus prevenciones pero, valorando la mejor actitud de Díaz, están dispuestos a sustentar una etapa de diálogo.
A su vez, la empresa arrastra la sospecha de que detrás del paro hubo un intento solapado de renacionalización. Cirielli está concernido por la suspicacia, que tiene sus cultores en importantes despachos oficiales.

Un aliado en apuros

Cirielli fue uno de los primeros dirigentes sindicales, acaso el primero, que adhirió a la candidatura presidencial de Néstor Kirchner. Es integrante, como tantos gremialistas ligados a la actividad del transporte, del MTA, el agrupamiento de Hugo Moyano y Juan Manuel Palacios que necesitó diez años para colocar al líder camionero como secretario general de la CGT.
Su carácter precursor y seguramente la hipótesis de que sumarlo podría facilitar las relaciones con los gremios aeronáuticos fueron las causas verosímiles del nombramiento de Cirielli como subsecretario.
Quizá también estuvo presente una hipótesis que existió en los primeros tiempos del Gobierno, la de eventuales reestatizaciones. Eran otros tiempos, los de Lafsa, los de Southern Winds. Con el tiempo la perspectiva fue dejando de interesar al oficialismo o, por mejor decir, quedó restringida a casos más o menos excepcionales. Uno es el Correo que funge como reestatizado sin mayor estrépito. Otro, sujeto a estudio, es el de Aguas Argentinas. Más allá de esas excepciones, las fantasías de renacionalización cesaron. Es del caso señalar que ni el secretario de Transporte Ricardo Jaime fue partidario de avanzar en ese rumbo. Uno de sus argumentos, que citaba aun antes de la tragedia de Cromañón, es la exposición del tráfico aéreo al accidente o a la catástrofe. Un siniestro podría causar un perjuicio enorme al erario estatal y, además, suscitarle un desprestigio formidable.
Esa visión, empero, no parece ser la de Cirielli, quien quizá conserve un proyecto diferente. Pero más allá de esa diferencia de criterio con el disco rígido oficial es obvio que el sesgo corporativo de Cirielli ha sido un acicate para el enfrentamiento y un brete para la voluntad oficial de terciar en él. La empresa alega que Cirielli peca de enemistad manifiesta, algo que sería admisible en un secretario general, pero no lo es en un funcionario. Ese encono fue alegado en sede judicial y, en algún caso, la Justicia convalidó en Cámara y Casación recusaciones a Cirielli.
La perdurable ligazón a Moyano, todo lo indica, no ha de bastarle a Cirielli para perdurar en su cargo por mucho más tiempo.
Una lógica política implacable, que ningún funcionario asume en voz alta, exige que esa salida sea un cambio de piezas. Mata también deberá dejar la escena, confirmando el desplazamiento de facto que padeció en estos días. Fuentes de la empresa negaron a Página/12 que tal condición sea aceptable y que vaya a cumplirse. Cierto es que la movida no está escrita en ningún lado. Pero es también real que los pactos difíciles suelen tener reglas implícitas no escritas, tan necesarias como las otras. En base a esas cláusulas (que en las novelas de espadachines hubieran sido escritas en tinta limón) es predecible que, tomándose un tiempito como para que se note menos, Cirielli y Mata harán mutis.

Los días y los excesos

Nueve días de paro aéreo son demasiados. No llegan a ser un record mundial, de aquellos a los que somos tan afectos los argentinos, ya que Iberia y Air France tuvieron en los países que le dan nombre conflictos mucho más prolongados. Claro que en esos casos, la competencia internacional a esas empresas es mayor. Y en materia de cabotaje, las distancias más cortas (propias de la geografía europea) hacen más suplible el transporte aéreo por trenes o micros. La huelga fue muy prolongada y su impacto económico es grande. Las cifras empresariales nunca son creíbles pero no hay duda de la magnitud del daño, que acaso sirva de pretexto (o de motivo) de futuros traspiés de Aerolíneas. También fue severo el perjuicio causado a muchos pasajeros.
Una parte importante de la discusión mediática versó sobre supuestos abusos de los huelguistas respecto de los usuarios.
Se trata de conflictos delicados, entre ciudadanos que tienen intereses respetables y parcialmente contradictorios. Sin pretender saldar en pocas líneas un tema complejo puede señalarse que los huelguistas ejercitaron una medida lesiva para la empresa y obtuvieron importante cobertura mediática. No les faltó poder ni repercusión. Así las cosas, suena excesivo que añadieran a su praxis los cortes de ruta que damnifican superfluamente a personas de a pie, como ellos.
La falta de solidaridad que posibilitó la ofensiva neoliberal emerge también en episodios que sugieren que esa era viene cesando, lo que podría estimular a los actores respectivos a repensar sus relaciones y sus tácticas. La CGT no suele tener en su cúpula una mirada atenta a la opinión pública ni a los intereses de los usuarios, así como no tiene prácticas consistentes respecto de los desocupados. En su discurso eso suele defenderse alegando la representación a rajatabla de los laburantes, pero quizás incurran en una rémora (con dejos de intolerancia) de tiempos pasados, digna de ser revisada.

Luces y sombras

El Gobierno mostró una faceta que le es proverbial. Fue activo y cuando las papas quemaban urgió una solución que mejoró la posición relativa de los trabajadores. Al efecto movió las piezas de sus relaciones internacionales. Ese activismo hiperquinético, que lo retrata bien, es valorable e inédito en los últimos 30 años. Pero es claro que la solución llega casi siempre en tiempo suplementario tras mucho desgaste, con enorme exposición personal de funcionarios. Además, con pertinaz frecuencia, las instancias institucionales se revelan impotentes para zanjar los conflictos. La personalización es contracara de la carestía de institucionalidad, esto es, de previsiblidad.
Un ejemplo que viene a cuento es el de los servicios mínimos. La posibilidad de imponerlos a trabajadores que paran es una restricción al derecho de huelga en función del interés colectivo. Rige al efecto una ley de contenido deseable, la 25.887, promulgada por el Gobierno en reemplazo de la banelquizada Reforma Laboral de la Alianza. En consonancia con las prescripciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la ley determina cuáles son los “servicios esenciales” cuya interrupción puede facultar al Estado a imponer “servicios mínimos” que los huelguistas deben observar so pena de incurrir en ilegalidad.
Esos servicios esenciales están enumerados de modo taxativo y el Gobierno no puede apartarse de ellos. Lo que sí es posible, también en línea con las sugerencias de la OIT, es que en casos concretos se autorice una ampliación de la nómina, en función de la gravedad o riesgo de la medida de fuerza.
El transporte no está comprendido entre los servicios esenciales, aunque podría ser considerado tal, ante una huelga prolongada de una empresa que oligopoliza el cabotaje. Pero ocurre que el Gobierno no ha redondeado su acción legislativa. La ley 25.887 ordena que la eventual ampliación de la nómina de servicios esenciales competa a una comisión independiente a formar, cuya finalidad es preservar los intereses de los usuarios sin estar determinada por los intereses gubernamentales. La ley fijó un plazo de noventa días para reglamentar la formación de la Comisión independiente, que ha vencido largamente. El Gobierno no emite el decreto y propone que sigue rigiendo la normativa anterior que le permite determinar, per se, qué servicios son esenciales y disponer los correlativos servicios mínimos. Los sindicatos en huelga, ya pasó en el Garrahan y Aerolíneas, resisten ese embate alegando su ilegalidad. El resultado es frustrante, desde el ángulo de la legalidad y aun desde el de la autoridad.
Es claro que el oficialismo se reserva esa baraja a fin de tener más margen de maniobra. Su decisionismo, amén de ser cuestionable, hoy le juega en contra, pues no consigue más obediencia sino un desacato total. Cabría concluir que es una suerte que así ocurra, ya que quizá impulse al oficialismo a observar más la institucionalidad, aun la vinculada a sus buenas iniciativas.

Esquirlas

Un ajuste tarifario se mencionó como parte de una eventual salida. Los circunstantes de la reunión en la Casa Rosada niegan que haya integrado la conversación, salvo una aislada mención por parte de Díaz. Habrá qué ver lo que acontece dentro de un tiempo. La posibilidad de descargar costos sobre terceros es un tradicional rebusque empresario en estas tierras.
Otra consecuencia posible del conflicto sobre la que se informa en la nota aparte, es que puede ponerse en cuestión el oligopolio que ejercita Aerolíneas.

En tránsito

El dinamismo oficial, su voluntad de hacerse cargo de los problemas a través de funcionarios vigiles, integran su código genético. El modo kirchnerista, agitado, de recuperación del protagonismo estatal se contradice y mitiga por la subsistencia de funcionarios alusivos a una lógica corporativa que se supone es cosa del pasado. Cirielli es un caso en el que la patología se hizo notoria.
Ricardo Jaime en verdad es otro, pues no da la traza de conservar la exigible autonomía respecto de los intereses sectoriales. No es el único, más vale. La perduración de funcionarios tributarios de la lógica corporativa obstaculiza eficaces concertaciones de tres patas. Es difícil o hasta imposible plasmarlas cuando no se puede precisar dónde está la patronal, dónde los trabajadores, dónde el Estado. Vayamos al otro lado del mostrador. Mata, desplazado ya de la negociación y de la firma del acta-convenio, es un símbolo del empresariado desaprensivo y rapaz brotado en los ’90, incapaz de establecer relaciones laborales fundadas en la cooperación y el respeto. No es el único, más vale. La necesaria tregua no pone el moño al entuerto de Aerolíneas, pero abre una instancia menos apremiante. Claro que nada definitivo derivará de éste u otros conflictos si no se remueven hábitos, se reforman leyes, se negocia de otro modo.
Este es un país en el que se ha perdido la gimnasia propia de la puja distributiva. La lucha por reivindicaciones muy postergadas resucita súbitamente. La ebullición desmadra algunos conflictos. Las regulaciones legales suelen estar a menudo desactualizadas y domina una escasa vocación social para obedecerlas. Pero eso es sólo una parte del fenómeno, acaso la más visible. La crónica a veces engaña. No todo es desorden ni intolerancia, aunque bastante de eso hay. Lo central es que emerge una circunstancia menos ominosa que la paz de las tumbas del pasado. Circunstancia, por eso mismo, requirente de que todos los interesados hagan su parte para encauzarla.