Claudio Lozano adhirió a las primeras medidas del gobierno nacional y llegó a la Cámara de Diputados en una lista que respaldaba la gestión de Aníbal Ibarra en la Ciudad. Pero con su oposición a varios proyectos oficialistas dejó de ser considerado un aliado parlamentario del kirchnerismo y el suspendido jefe de Gobierno lo cuenta entre sus detractores. El representante de la CTA en el Congreso cuestiona lo que denomina “las luces y sombras” del gobierno de Kirchner –como el pago al FMI, el Presupuesto 2006 y la reforma al Consejo de la Magistratura– y responsabiliza a Ibarra de su soledad porque “nunca creyó en crear una coalición política para gobernar”.

–¿Cambió su postura frente al Gobierno?

–No defino mis posturas en función del alineamiento con el Gobierno sino en base al compromiso con un proyecto que busca mayor igualdad, soberanía y democracia y en relación directa con la organización en la que trabajo que es la CTA. En este sentido, hay políticas del Gobierno con las que estuve de acuerdo en su origen y en otras con las que he tenido acuerdos recientes, como la ley de financiamiento educativo que defendí en el debate parlamentario o el respaldo a la postura que el Gobierno adoptó en la Cumbre de las Américas. También respaldé el recambio de gabinete.

–Pero también se opuso a varios proyectos del oficialismo.

–Estoy absolutamente en desacuerdo con haber utilizado 10 mil millones de dólares para privilegiar el pago al FMI y no tener como objetivo central eliminar el hambre en la Argentina, con un presupuesto que es el mismo que había enviado Lavagna, que no tiene ninguna política seria de distribución de ingreso. La gestión de Kirchner muestra luces y sombras. No podría ser de otro modo, porque este gobierno es el resultado de una experiencia política inconclusa en una sociedad que ha cuestionado la experiencia neoliberal, pero ha sido incapaz de conformar una nueva fuerza política que le permita sostener un proyecto de transformación.

–¿Cuáles son esas luces y sombras?

–Empezó con una política sobre la deuda donde hablaba de la corresponsabilidad de los organismos multilaterales de crédito y la Argentina para resolver el tema. Esto fue sustituido por la actual política de desendeudamiento, donde está claro que los organismos no pagan ningún costo. También comenzó con un planteo para reformular la relación con las privatizadas que incluyó procesos de reestatización como el Correo o el espacio radioeléctrico. Lejos de seguir con esta política ha ingresado en una fase de reprivatización, con la búsqueda desesperada de una burguesía nacional que lleva en muchos casos, a asociarse con muchos de los delincuentes empresariales que construyeron la decadencia argentina de los ’90. Pasó de la convocatoria abierta de la transversalidad a un esquema donde el soporte del PJ es parte central de su estrategia.

–El Gobierno fue muy duro con quienes, como usted, aparecieron en la foto que juntó a la oposición en el rechazo a la reforma del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo tomó esas críticas?

–La actitud que asumí es la postura que tienen la CTA y la Federación Judicial, que reivindican la experiencia de Chubut donde los cinco integrantes del Consejo de la Magistratura son electos por la sociedad y no pueden integrar ningún otro poder del Estado. Es lo que sostuve en esa reunión que se transformó en algo, a través de esa foto, al que se le ha dado una entidad de la cual carece. No hubo ningún acuerdo de la oposición. Yo con Macri y López Murphy no voy ni a la esquina. Es mucho más inofensivo aparecer en una foto que acordar con Macri los votos necesarios para avalar el presupuesto que les baja el salario a los estatales o transferir el ramal ferroviario Belgrano Cargas al propio grupo Macri.

–El oficialismo asegura que ya tiene los votos para el Consejo.

–El oficialismo tiene disidencias en su propio bloque. Los casos de Bielsa, Massei, los diputados de Juez claramente están indicando que el problema es más amplio. Los que están con Kirchner dicen que como el Gobierno ha promovido acciones positivas en términos de Justicia, debemos confiar en él. Desde la oposición se dice que el Gobierno quiere digitar a los jueces y no tenemos que votarlo. En realidad, no está en discusión el Gobierno, esta ley es para éste gobierno y los que vengan después, y lo que se está definiendo es qué tipo de Estado uno conforma.

–¿Cuál es ese agujero negro, que según usted, tiene el Presupuesto 2006?

–Desde la CTA hemos hechos cálculos en base a la recaudación efectiva que se va a tener, no la que dice el presupuesto que es mentiroso. Con los ahorros que quedan luego de haber pagado al FMI con reservas, sobran unos 11 mil millones de pesos. Hay recursos para atacar en forma inmediata un problema central que es la infantilización de la pobreza, garantizando el reemplazo del actual sistema de asignaciones familiares por una asignación universal por hijo. Lo hemos demostrado, se lo presentamos al Gobierno, y vamos a seguir insistiendo que pagando 150 pesos por chico no hay hambre.

–¿La relación de la CTA con el Gobierno es compleja porque le sigue negando la personería?

–Nosotros sostenemos, desde antes de este gobierno, la necesidad de restituirles a los trabajadores la máxima libertad para definir cómo quieren organizarse y quiénes quieren que los representen. Hay que garantizar la más amplia legalidad, no está sólo en discusión la personería gremial de la CTA, hay unas 3000 organizaciones gremiales inscriptas y cerca de 1900 no tienen reconocimiento ni personería gremial. Es absolutamente inconsistente un gobierno que diga que quiere repartir los ingresos y la riqueza si no permite la organización de los trabajadores para que sean parte en la discusión y garantizar ese reparto.

–¿El Gobierno apostó a su relación con Hugo Moyano y la CGT?

–Está claro que hay dos etapas distintas en el Gobierno. Inició su mandato con una convocatoria amplia al conjunto de las organizaciones populares. No sólo convocó a la CGT y la CTA sino también a las organizaciones de piqueteros. Pero es cierto que hoy parece haber privilegiado su relación con la CGT.

–¿Pero la CTA no discute internamente la postura a tomar frente al Gobierno?

–Vamos a realizar el congreso de la CTA los días 30 y 31 de marzo. Allí vamos a tratar los mecanismos de consolidación, de desarrollo y ampliación de la CTA y al mismo tiempo, el compromiso muy concreto que a 30 años del Golpe el debate no es solamente el homenaje a nuestros mártires sino discutir el proyecto de cambio de sociedad por el que dieron la vida, sobre tres principios básicos que son igualdad, soberanía nacional y democratización plena de la sociedad. Hay posiciones diferentes entre los distintos compañeros respecto a la menor o mayor adhesión al Gobierno. Esto se discute en el ámbito de la CTA, en sus congresos, su mesa nacional y se adoptan las políticas concretas que se llevan adelante.

–¿Esta discusión puede generar algún tipo de fractura?

–El congreso va a tener cerca de 12 mil delegados que van a decidir un plan de acción. Es absolutamente razonable, legítimo, que compañeros planteen distintas posturas. Hubo hasta el momento 14 congresos provinciales, faltan desarrollarse nueve, en todos se votó. No tiene sentido pensar en fractura. Todo lo contrario, hay un compromiso firme de seguir instalando el tema de la distribución de los ingresos como clave de la estrategia que la central adopta en las políticas que lleva adelante.

–Usted llegó al Parlamento en una lista que apoyaba la gestión de Ibarra. ¿Cuál es su opinión sobre el juicio político?

–Es razonable el juicio político y hay que esperar que resuelva lo que tiene que resolver. Del mismo modo que existe una causa penal y hay queesperar lo que la Justicia diga. Pero me gustaría dejar en claro tres cosas. Ibarra se suele quejar de que está en soledad y de la calidad de la Legislatura de la ciudad. Ibarra ha sido el promotor de la destrucción de la coalición político-electoral que lo llevó a la jefatura de Gobierno. El fue jefe de Gobierno a partir de un acuerdo electoral muy amplio, sin el cual posiblemente no hubiera sido reelecto, y en vez de transformar ese acuerdo electoral en una coalición política que gobernara la ciudad, decidió gobernarla solo. Ibarra, en sus dos períodos, aportó muchos de los que hoy son legisladores y la calidad de la Legislatura lo tiene como uno de los principales responsables. Lo cual demuestra que nunca creyó en crear una coalición política para gobernar la ciudad, siempre pensó que se podía gobernar a partir del poder del Estado con recursos extrainstitucionales o, en este segundo turno, con el acuerdo con la Casa Rosada. No se puede quejar ni de su soledad ni de la calidad de la Legislatura. Muchos de los que integraron sus listas han sido sus principales críticos.

–¿Y sobre lo que se debate en el juicio político?

–Hay algo que es por demás demostrativo: se está discutiendo la cabeza del Gobierno de la ciudad y la sociedad porteña vive tranquila. Esto muestra que no hay relación entre el sistema político y las necesidades de sus habitantes. Y es que el sistema político, y acá tanto Ibarra como Macri son responsables, no ha sido capaz de transformar la demanda de verdad y Justicia que estaba planteada en Cromañón en un debate en serio. Lo que estaba en discusión era la relación entre el Estado y los negocios. Una relación que mata en la ciudad, como pasó en Cromañón, o puede matar en Neuquén con la contaminación que realiza Repsol en las napas de las que toman agua los aborígenes de esa provincia. Eso no se está discutiendo y esto no se resuelve destituyendo a Ibarra ni preservándolo.