Desde que llegó al Consejo de la Magistratura, hace tres años, se convirtió en un personaje antipático e incómodo para el oficialismo. Ante la polémica por la reducción del organismo, una especulación recurrente en tribunales dice que quieren sacárselo de encima a él, uno de los miembros más activos. “Me lo comentaron varios amigos, me da risa, es ridículo, sólo me queda un año de mandato”, dice Beinusz Szmukler, representante de los abogados en el cuerpo. Mientras la Cámara de Diputados calienta motores para votar la reforma, este consejero asegura: “El Gobierno quiere incidir en la selección de magistrados y controlar la remoción”. Su modelo ideal, dice, es un Consejo sin jueces, con juristas como representantes parlamentarios y con integrantes de organizaciones de la sociedad civil. “Los jueces son corporativos y acuerdan con los políticos para proteger a los que incurren en mal desempeño”, asegura.

–¿Por qué está mal el proyecto del oficialismo? –le preguntó Página/12.

–Porque en lugar de mejorar la situación existente la agrava. De por sí, hoy no se cumple el equilibrio que pide la Constitución entre la representación de los órganos resultantes de la elección popular (legisladores y Ejecutivo), los jueces, los abogados, más los académicos. Hoy los políticos son el 45 por ciento entre 20 miembros. Con la reforma tendrían más del 50 por ciento entre 13 miembros, o sea, mayoría propia. También hay que analizar la relación entre fuerzas. Ahora el oficialismo tiene 5 representantes de 9, pero pasaría a tener 5 de 7. Tendrá capacidad de bloqueo en los dos temas centrales que requieren mayoría de dos tercios: la selección de jueces (el armado de las ternas) y la remoción.

–¿Cada sector debería tener igual número de representantes?

–Si la Constitución habla de equilibrio entre jueces, abogados y políticos, ninguno puede ser significativamente superior a los otros. El oficialismo diferencia “equilibrio” de “igualdad”, pero en cualquier diccionario son sinónimos. Que lean a Bidart Campos (constitucionalista): es inadmisible que los órganos políticos predominen en el Consejo.

–Hoy por hoy, ¿diría que el Consejo es independiente?

–En el Consejo actual se juntan los políticos con los jueces y solo se puede votar una acusación cuando ya nadie tiene cara para decir algo para defenderlo. Los jueces son corporativos, es un dato de la realidad. Actúan como una mala corporación, en perjuicio de los jueces honestos, que son la mayoría del Poder Judicial.

–¿Existe algo que pueda llamarse “buena corporación”?

–Hay corporaciones que tienen reglas internas. La de los jueces no hace respetar las reglas de sus miembros: se supone que les interesa la imagen pública de la Justicia, y no que la gente piense que los jueces son todos corruptos y vagos. Pero resulta que la corporación se abroquela y protege a los que incurren en mal desempeño. Muchos jueces zafaron de la acusación y la remoción por protección política y corporativa.

–¿El Consejo también es parcial para elegir jueces?

–Diría que la posibilidad de influencia política es limitada. Los exámenes son transparentes y hay reglas parejas para evaluar los antecedentes. Esto no excluye que algún consejero intente sacarle un punto a uno y ponérselo a otro, pero no es algo decisivo.

–Usted dice que una corporación puede tener objetivos honestos. ¿Por qué se enojó cuando Néstor Kirchner acusó a los abogados de corporativos?

–Por la naturaleza de la profesión los abogados no pueden ser corporativos. Viven enfrentados entre sí. Podrían ser corporativos en la defensa de los honorarios, pero eso no tiene nada que ver con el Consejo.

–¿El Presidente tiene un error conceptual o lo que dijo fue intencional?

–El Presidente y la senadora (Cristina) Kirchner parten de un error conceptual, pero algunos colaboradores saben de qué se trata porque son miembros del Consejo. Hablo del delegado del Ejecutivo y del senador (Miguel) Pichetto. Lo sorprendente es que en mayo de 2004 el propio Kirchner mandó al Congreso un proyecto de reforma que sí era bueno. Tenía la firma del jefe de Gabinete y del ex ministro de Justicia (Gustavo) Beliz. Mejoraba la ley y respetaba el equilibrio, aun con una reducción a 12 miembros: tres representantes de legisladores, uno del Ejecutivo, tres jueces, tres abogados y dos académicos. Además, preveía consultas con ONG.

–¿Por qué supone que el Gobierno abandonó ese criterio? ¿Qué busca?

–La única explicación es que en mayo de 2004 el Presidente y su grupo partidario no tenían mayoría en el Congreso. Si proponían lo mismo que ahora le daban la mayoría a otro. Entonces hicieron un proyecto que estaba bien. Después de las elecciones pensaron: tenemos poder, queremos todo. Advirtieron que el Consejo es un lugar importante. El Gobierno quiere incidir en la selección de jueces, en el armado de las ternas. Quiere controlar la remoción. Si no, no se explica el porqué del proyecto y la urgencia. Hay que debatir una reforma, pero con tiempo.

–El oficialismo dice que el apuro se debe a que las entidades de los abogados y jueces eligen a sus representantes para el Consejo este año y si no implementan la reforma ahora hay que esperar cuatro años más.

–Las elecciones son en octubre. ¿Por qué no abren tres meses de discusión en serio con todos los sectores involucrados y hacen una buena ley? Que voten en junio. Es que no quieren ni una modificación.

–El Gobierno deslizó que podría aceptar cambios en las reglas de formación de mayorías para mostrar que resigna el poder de veto. ¿Le parece una buena solución?

–Según la Constitución, Diputados necesita dos tercios para acusar a un juez de la Corte. En el Consejo es igual. Si somos coherentes, todo juez debería tener un derecho similar. No es una buena solución. Los temas de gravedad institucional requieren mayorías calificadas.

–¿Sacaría al delegado del Ejecutivo? Fue una propuesta de diputados cordobeses.

–La Constitución habla de órganos resultantes de la elección popular, lo que da pie a que esté. Yo creo que no debe estar. Por el principio de la división de poderes, el Ejecutivo no tiene nada que hacer en el Poder Judicial.

–Usted siempre fue crítico del Consejo...

...(Interrumpe.) ¡Y sigo siéndolo! Pero no es cierto que sea una estructura elefantiásica con una monstruosa cantidad de gente, como dice el Gobierno. En total, contando a los 6 consejeros que cobran sueldo, tiene 91 personas en la planta permanente. Si se suman los asesores de los 20 consejeros hay 140. No es una estructura voluminosa. A las comisiones de Acusación y Disciplina ingresan entre 300 y 400 expedientes al año. Cada trámite es como un proceso penal. Si quedan menos consejeros, tendrán más trabajo y requerirán más asesores. Hay que debatir si es la salida.

–¿Qué falla entonces en el organismo? ¿Es burocrático?

–Es lento en la toma de decisiones. Hay una resistencia corporativa, la de los jueces, y otra conservadora, de la mayoría de los consejeros. El otro factor a la hora de sancionar a un juez o promover su juicio político es que se juntan los jueces y los políticos, especialmente los del oficialismo, para rescatarlo. Los casos más recientes son los de Acosta de San Rafael y Petra, camarista de Mendoza.

–¿Eliminaría a los jueces del Consejo de la Magistratura?

–La experiencia de su manejo corporativo me indica que sería mejor que el órgano de designación y control de los jueces no estuviera integrado por ellos, pero se requeriría una reforma constitucional.

–¿Qué pasa con las denuncias contra los jueces federales que nombró Carlos Menem?

–Hay situaciones esquizofrénicas. Ejemplo: el Ministerio de Justicia denunció a Claudio Bonadío por no investigar el encubrimiento en la causa AMIA. Pese a la gravedad del caso, con el voto del oficialismo el expediente quedó en la Comisión de Disciplina, que sólo promueve sanciones. Y un dictamen del kirchnerista Pichetto pide el archivo.

–¿Qué cambios haría usted en el Consejo?

–Igualaría la representación de jueces, abogados y políticos. Podría ser más chico que ahora, o no. Tiene que haber delegados del Congreso, pero no por partidos, que están atados a una disciplina. Tienen que ser juristas elegidos por una mayoría calificada. Que no los pongan los bloques y que los nombres se sometan al examen popular. En mi ideal, en realidad, el Consejo debería estar compuesto por abogados, juristas elegidos por el Congreso y representantes de la sociedad, como organizaciones sociales o de derechos humanos. La sociedad tiene que tener participación porque la Justicia es de interés de todos. Pero habría que reformar la Constitución.