“No vine a inculpar, ni a exculpar a nadie”, sostuvo el diputado duhaldista Juan José Alvarez, apenas salió de declarar en el juicio político a Aníbal Ibarra. Alvarez desembarcó tras Cromañón en el Gobierno porteño y se hizo cargo de la Secretaría de Seguridad. Ayer dijo que la encontró “en una enorme crisis” y que, con la misma normativa, duplicó las inspecciones y clausuró 500 locales. Su testimonio –al igual que el de Diego Gorgal, que ejerce actualmente el cargo– contrastó con el de los inspectores que aseguraron la semana pasada que no se podía clausurar. “El Estado recuperó la capacidad de fiscalización, que perdió mucho antes de Cromañón”, evaluó el fiscal Jorge Enríquez, mientras que el defensor Julio Golodny destacó que “Alvarez fue favorable a Ibarra, porque dijo que recibió su apoyo”.

Apenas entró, Alvarez explicó que había renunciado a su derecho, como diputado, de responder por escrito y que incluso había concurrido al enterarse por los medios, porque la citación oficial nunca la recibió. Fue muy precavido en sus respuestas, pero dejó entrever algunas falencias del esquema previo. Contó que en los 120 días que estuvo a cargo hizo una 500 clausuras con la misma normativa de antes de Cromañón. “Hicimos una oleada de inspecciones, que para algunos fue un show, pero le decía a la sociedad que estábamos controlando”, recordó, e incluso se permitió citar a Perón (“el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor”). Aseguró que se duplicaron las inspecciones, que creó un mapa de riesgo –que le tomó un mes– y un registro donde los boliches debían inscribirse previamente para funcionar. “Si existía antes, no tengo conocimiento”, dijo.

Respiró hondo cuando le preguntaron cómo había encontrado el área. Recurrió a la interpelación a Ibarra: “El jefe de Gobierno dijo que el área no funcionaba ni de lejos correctamente. Mi sensación es que había mucho por hacer”. Remarcó la presión de la sociedad después del incendio. “Llego a un lugar donde había una enorme crisis”, reiteró, y luego lo relativizó: “No es que tuve que sacar de abajo de la tierra lo que no había. Había gente valiosa y mecanismos adecuados. No alcanzó”, sentenció.

Gorgal confirmó las líneas que planteó Alvarez, aunque la mayor parte de su declaración pareció un informe de gestión. Recordó que Ibarra ordenó que no fuera a la comisión investigadora de Cromañón, que estaba integrada únicamente por la oposición. “Había una valoración política para no concurrir”, explicó. Sostuvo que el inspector no debe consultar cuando hay que clausurar un local y que sin certificado de incendios, se clausura. Los inspectores que declararon la semana pasada habían dicho lo contrario sobre la gestión de Fabiana Fizsbin. Gorgal aseguró que en 2005 se hicieron 50 mil inspecciones, frente a 16 mil de 2004.

A pesar de que la fiscalía interpretó que los testimonios sirven a su estrategia, en el gobierno porteño evaluaron que fue favorable a Ibarra. “Alvarez no hizo un planteo tajante, del tipo ‘antes era un desastre’”, analizó el secretario de Comunicación porteño, Daniel Rosso, que consideró que la gestión de Fizsbin “operó sobre una situación previa de corrupción. Antes tenías un número alto de inspecciones y uno bajo de clausuras”. Señaló que en 2003, hubo 45 mil inspecciones y 400 clausuras, y que en 2004 hubo 16 mil inspecciones y más de 1500 clausuras.

Ayer faltaron Ana Fernández y Gustavo Torres, dos ex funcionarios procesados en la causa de Cromañón. Sí asistió el ex coordinador de la UPI, Horacio Santinelli, que fue separado del cargo cuando asumió Fizsbin en 2003. Fue asesor del legislador Ariel Schiffrin, un ex aliado político de Ibarra que lo enfrentó duramente tras Cromañón. Contó que cuando se formó la UPI trabajaban en una pizzería. “Esta situación duró un mes y medio”, explicó. Además, dijo saber de una cena de fin de año en 2003 en el boliche Millenium –cuya habilitación se cuestionó en el juicio– de la que participaron Fizsbin y Vilma Ibarra. También relató un incidente con el director de Fiscalización y Control, Alejandro Kampelmacher, que intentó impedir que clausuraran una parrilla. Kampelmacher fue separado junto con otros 500 empleados cuando Ibarra descubrió un “focazo de corrupción”. Kampelmacher, que declaró después, negó el incidente. “¿Usted o su esposa son dueños de una parrilla?”, preguntó la macrista Silvia Majdalani. “La única parrilla que conozco es la del fondo de mi casa”, contestó.

Informe: Werner Pertot.