Por Felipe Yapur y Diego Schurman

Eduardo Duhalde buscará mañana lo que no consiguió Adolfo Rodríguez Saá: una foto con los gobernadores que le garantice un fuerte respaldo político a su gestión. En este caso el apoyo se vuelve imprescindible para poder afrontar las presiones de los lobbies bancarios y de las empresas de servicios privatizadas que se resisten a los cambios dispuestos por la nueva administración.
La agenda del encuentro está oficialmente acotada a tres puntos: las deudas que mantiene la Nación con las provincias, el Presupuesto 2002 y una adhesión a la Ley de Emergencia que sancionó el fin de semana el Congreso.
Sin embargo, gobernadores consultados por Página/12 reconocen que la convocatoria tiene como verdadero objetivo la búsqueda de un respaldo que le permita a Duhalde superar los lobbies empresarios. “No tenemos problemas en apoyar su gestión en tanto y en cuanto no nos toquen la coparticipación federal”, afirmó un mandatario de una provincia norteña.
Más allá de la advertencia, los gobernadores saben que ante la caída de la recaudación, cobrar el mismo porcentaje es prácticamente una quimera.
No es el problema que se presenta en el horizonte de los mandatarios provinciales. Estos llegarán a la reunión con Duhalde con la intención de discutir las deudas que sus propios distritos mantienen con los bancos privados.
La principal preocupación gira en torno a las deudas en dólares, la reducción de la tasa de interés al 7 por ciento conseguida en su momento por Domingo Cavallo y que ahora pretenden reducirlas al 2 por ciento, como es a nivel internacional.
Ambos, gobierno federal y gobernadores, pondrán sus cartas sobre la mesa pero convencidos de que no pueden jugarse a todo o nada. “La situación no está para hacerse el loco”, graficó un hombre de extrema confianza del Presidente.
El Gobierno, por caso, enfrenta día a día una serie incontable de presiones. “Las más activas son Telecom, Telefónica y Repsol. Las españolas, además del apriete propio, cuentan con el apoyo del gobierno español”, señaló un funcionario de la Casa Rosada que sigue a Duhalde a sol y sombra.
El presidente José María Aznar marcó diferencias de una manera sutil. “Nosotros deseamos la más pronta y rápida recuperación del país y consideramos que es imprescindible para ello un plan creíble y asumible tanto por la sociedad argentina como por las instituciones internacioanles. Deseamos que ese plan sea dialogado, acordado, convenido con los principales agentes internacionales”, dijo ayer (ver página 5).
Aznar se comunicó en más de una oportunidad con Duhalde en los últimos días. Ayer los llamados continuaron. Pero esta vez no provinieron de Madrid sino de la embajada española en la Argentina.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había negado públicamente la existencia de presiones. No obstante, no hay prácticamente funcionario que fuera de los micrófonos no hable del tema.
Para lograr el apoyo de los gobernadores, Duhalde ya dio algunas señales que no son menores. Una de ellas es el pago de la deuda por coparticipación del año pasado en Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), por un monto de unos 2.300 millones de pesos.
El otro anzuelo es mostrar que la Nación avanzará en una reforma política para reducir gastos, tal como venían exigiendo algunos mandatarios provinciales. Anoche Duhalde se reunió con funcionarios de su gabinete y se acordó “hibernar” áreas del Estado nacional, según la ocurrente e imprecisa definición del secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández.
Alguna pista se conoció el lunes, en la reunión que Hilda “Chiche” Duhalde mantuvo con los representantes de las áreas sociales del interior. Con ellos acordó integrar un “gabinete nacional social” para monitorear juntos la implementación de los subsidios a jefes de hogares. Esto podría derivar en la eliminación de las delegaciones nacionales de desarrollo social para que no superpongan sus tareas con las que realizan las provincias.
El acuerdo con las gobernadores para poner en marcha la ayuda social aparece como un tema prioritario. Ayer el ministro de Trabajo, Alfredo Atanasof, tenía en su escritorio la lista de los conflictos sociales que estallaron en tan solo 24 horas. Eran siete: Santa Cruz, Carmen de Patagones, Jacinto Aráoz, Río Colorado, Lomas de Zamora, La Rioja y Mendoza.
En el reparto de tareas, Atanasof se ocupará de los conflictos estrictamente motorizados por organizaciones sindicales, mientras que el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, se hará cargo de las relaciones con las provincias y también de los vínculos con las organizaciones de desocupados, como la de los piqueteros.
Justamente, Gabrielli recibió el reclamo de Luis D’Elía y Carlos Alderete de unos 100 mil planes de empleo que Rodríguez Saá se había comprometido a repartir entre los desocupados de todo el país. Pero en este caso particular, la respuesta solo la podrá dar “Chiche” Duhalde, quien parece dispuesta a coordinar la tarea social del Gobierno.
Aún con este complejo panorama, el Gobierno planea –además de obtener el apoyo político– alinear a los mandatarios para conseguir un rápido tratamiento y aprobación del Presupuesto 2002, otra pata que le da sustento a su programa económico. Es poco probable que haya oposición a este punto, lo que hace pensar que la foto tan necesitada finalmente se producirá.
En principio, la asistencia promete ser perfecta, salvo alguno que otro que todavía duda de la veracidad de las presiones a las que está siendo blanco el gobierno.
“No estamos frente a un gobierno nacional. En realidad lo que armó Duhalde es lo más parecido a un gobierno de salvación dirigencial. Armaron todo un circo para bancar a todos los bancos que afanaron la guita de la gente”, se quejó un gobernador de marcado protagonismo en el último mes.