La causa en la que se investiga el Plan Cóndor sería la próxima en librarse de la barrera de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Los investigadores del caso están analizando la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de estas normas a partir de una presentación que hicieron el miércoles pasado los abogados que impulsan la pesquisa. El pedido se basó en la resolución que firmó la Sala I de la Cámara Federal a fines de mayo pasado, cuando confirmó el procesamiento del dictador Jorge Rafael Videla. Allí, el tribunal ordenó que se “profundice la pesquisa” para determinar quiénes fueron los autores, partícipes y encubridores en cada una de las 72 desapariciones denunciadas en el expediente y para investigar otros delitos como homicidios, torturas o robos. Para concretar lo que dispusieron los camaristas, el camino sería la anulación de las leyes de impunidad.
“El carácter de crímenes de lesa humanidad que invisten los hechos que ya están en investigación y los que el Tribunal Superior manda a investigar, prevalece sobre toda supuesta normativa exculpatoria, la que además –en el caso de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final– aparece a la luz de tal abordaje como contraria al derecho de gentes y por lo tanto nula e inconstitucional. Pedimos a usted que así lo declare”, afirmaron Alberto Pedroncini, David Baigún y Carlos Zamorano en el escrito que presentaron ante el juez Jorge Urso. Si accede al pedido, sería el tercer juez federal porteño –y cuarto en todo el país, además de la Sala II de la Cámara– en pronunciarse a favor de la persecución penal contra los represores que violaron los derechos humanos durante la última dictadura militar. Es decir, que para cuando la Corte Suprema dé su opinión en este tema, estará claro cuál es el consenso en la comunidad jurídica.
El expediente en que se investiga la coordinación entre las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil durante la década del `70 se inició a fines de 1999 ante el juzgado del entonces juez Adolfo Bagnasco, secretaría de Oscar Aguirre. Luego de que este magistrado se retirara a la actividad privada, el expediente quedó en manos de Rodolfo Canicoba Corral, quien procesó a Videla por 72 desapariciones y por formar parte de una asociación ilícita, el Plan Cóndor. Ahora, la causa está a cargo de Urso.
Al confirmar el procesamiento de Videla, los camaristas Gabriel Cavallo, Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani afirmaron –apoyados en el derecho internacional– que el Operativo Cóndor fue una asociación ilícita que debe ser considerada crimen contra la humanidad. Los abogados querellantes y los funcionarios judiciales relacionados con el caso consideran que la orden de profundizar la investigación y los fundamentos del escrito –en el que se citó jurisprudencia de los tribunales internacionales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda y el juicio de Nuremberg– son indirectamente una instrucción al juez para que anule las normas que le impiden avanzar en el castigo del todos los que participaron en los crímenes.
También en Chile y Uruguay
Además de reclamar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los abogados pidieron la extradición del ex jefe de la Dirección Nacional de inteligencia de Chile, Manuel Contreras, y de los militares uruguayos Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero; el ex policía Hugo Campos Hermida y el ex comandante en jefe del Ejército oriental, Julio Vadora. En su momento, Canicoba Corral había reclamado la captura internacional de todos estos imputados y de los dictadores Alfredo Stroessner (Paraguay), Hugo Banzer Suárez (Bolivia) –que falleció recientemente– y Augusto Pinochet (Chile).
La Corte Suprema de Chile amparó a Pinochet en sus fueros pero, respecto a Contreras, advirtió que la ley de ese país requiere el procesamiento delacusado antes de proceder a su detención. Por eso los abogados pidieron a Urso que interrogara en Chile al ex mano derecha de Pinochet y luego lo procesara para que pueda ser extraditado.
En Uruguay la respuesta provino del gobierno. El presidente Jorge Batlle consideró que no eran procedentes las detenciones de los represores de su país pero les prohibió salir de sus fronteras. Dijo, además, que se reservaba el pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión en un eventual pedido de extradición. Si Urso envía ahora esa orden, forzará a Uruguay a definir su posición.