Los cambios no son sencillos en Santiago del Estero. Lo supo como nadie el fiscal Pablo Lanusse cuando encabezó la intervención kirchnerista que buscó poner fin al perenne poderío del ex gobernador Carlos Juárez. Y ahora se está dando cuenta de ello Graciela Ocaña, quien viene siendo blanco de fuertes presiones desde que, al inicio de este mes, reformuló el sistema prestacional del PAMI provincial.

La interventora puso fin al sistema de gerenciamiento, dejando algunos heridos. Entre ellos, Denfensalud, una unión transitoria de empresas –que manejaba 25 mil cápitas– cuyo apoderado es César José. El derrotero de este hombre, vinculado al peronismo, incluyó una jefatura de prestaciones del PAMI, el manejo de una gerenciadora, además de la propiedad de algunas clínicas. Ya tuvo una denuncia por enriquecimiento ilícito.

Otro de los afectados directos por las reformas impulsadas por Ocaña fue el ex funcionario juarista Mikelsen Loth, quien fue separado del cargo de jefe administrativo del PAMI sospechado por maniobras irregulares. Curiosidades del caso: Aída Hoof, socia de Loth y también afectada por los despidos, logró que un juez federal ad hoc, Miguel Zavaleta, hiciera lugar a una medida cautelar por la cual se le exigió a Ocaña reintegrarla en su cargo “en el plazo de dos horas y a contar a partir del minuto y hora en el que se notifique la resolución”.

La interventora del PAMI no sólo encuentra resistencia por fuera de la obra social de los jubilados, sino también por dentro. El diputado radical en uso de licencia Fabián Cisterna es un ferviente defensor del sistema de gerenciamiento y lo confirmó con algunas presentaciones que en ese sentido realizó en la Legislatura provincial.

José, Loth y Cisterna habrían mantenido encuentros para ejercer lobby con el propósito de frenar los cambios que buscan, según textuales de un medio provincial, “transparentar” los servicios médico-asistenciales del PAMI. Claro que no fueron los únicos. Las presiones también provinieron de legisladores, santiagueños y curiosamente de otras provincias, quienes no dudaron en marcar el teléfono de Ocaña.

La metodología y el entramado entre la política, el PAMI y las gerenciadoras parece replicar a nivel provincial lo que tantas veces se ha denunciado a nivel nacional y en donde suelen aparecen directa o indirectamente dos clásicos de la transversalidad de estos entuertos: el peronista Luis Barrionuevo y el radical Enrique “Coti” Nosiglia.

Para modificar el sistema y acordar con clínicas sin la intermediación de las gerenciadoras, Ocaña realizó concursos. De allí surgieron las cabezas de delegación del PAMI que desde el 1º de marzo se ocupan de la salud de los jubilados y que tanto debate han generado.

Así, mientras los cambios encuentran resistencia –hay medios locales que para ello se valen de declaraciones de algunos beneficiarios–, desde la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) del PAMI, a cargo del fiscal Carlos Stornelli, siguen dando cuenta una tras otras de las irregularidades descubiertas en la provincia.

Un caso paradigmático es del ahora ex auditor de la Unidad de Gestión Local de Santiago del Estero, Jorge Enrique Jiménez, quien fue separado del cargo por “conductas defraudatorias”.

Según detalló la UFI, Jiménez habría participado en la “autorización de prestaciones nunca realizadas para la obtención de pagos que se efectuaron en forma periódica, al menos durante dos años, con fondos que a tal fin eran liquidados desde el nivel central del Instituto (o sea el PAMI), a favor del Colegio Bioquímico de Santiago del Estero, entre las cuales aparecía como efectora –en la mayor parte de dichas prestaciones, las que justamente correspondían a no realizadas– la Dra. María Silvetti de Jiménez, esposa de Jiménez”.

Los últimos despidos en el PAMI también incluyeron a empleados que desde 2001 falsificaban órdenes de pasajes, supuestamente para beneficiarios que necesitaban atenderse en distantes clínicas que disponían de servicios de alta complejidad.