Uruguay y Argentina no se ponen de acuerdo en los alcances que debe tener el estudio de impacto ambiental sobre las papeleras. Mientras los funcionarios locales quieren que el estudio abarque puntos muy específicos (por ejemplo, el de las pérdidas económicas que pueden sufrir la población urbana y la producción agrícola), los uruguayos proponen un temario más laxo, limitado a las tecnologías que usarán Ence y Botnia. Este fue el principal motivo de desacuerdo –un motivo de fondo– por el cual se suspendió la cumbre que Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez iban a mantener ayer en Colonia. Ahora los negociadores del conflicto, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el secretario de la Presidencia uruguayo, Gonzalo Fernández, buscan acercar posiciones con la idea de que los mandatarios se reúnan la semana que viene. Los funcionarios se mantienen en contacto telefónico, negociando contra reloj. Consideran que tienen “tres o cuatro días” antes de entrar en una zona de peligro en la cual los vecinos podrían volver a los cortes de ruta o las empresas, retomar los trabajos de construcción.

Una síntesis de estas diferencias fue dada por el jefe de Gabinete a un grupo de asambleístas de Gualeguaychú, luego de que los ambientalistas pidieran ser informados por Kirchner sobre las razones de la suspensión. Los vecinos hicieron por la noche una nueva asamblea para evaluar el panorama, ya que se mantienen en estado de alerta, con la intención de reinstalar el bloqueo de los puentes internacionales si no hay avances.

Por la fragilidad de las relaciones entre los dos países, la negociación está siendo muy resguardada. Por eso ayer no hubo declaraciones oficiales que ayudaran a entender cuán cerca se está del fracaso o de un entendimiento. Los voceros del Gobierno que hablaron en privado admitieron que aún no está confirmado que la cumbre de los presidentes se realice la semana próxima, ya que todavía faltan “varias cosas” que consensuar. Pero se mostraron con expectativas en que hoy pueda fijarse una nueva fecha para el encuentro.

Las discrepancias sobre el estudio de impacto ambiental aparecieron al bocetar su funcionamiento, cuando los funcionarios se sentaron a definir sus “términos de referencia”, es decir el índice del trabajo que deberán hacer los expertos. Los argentinos propusieron incluir allí un estudio económico-social sobre los efectos de las fábricas en el otro lado de la frontera, con un análisis de los potenciales daños sobre las ciudades, la producción ictícola y la agraria. También quieren que se haga un estudio del impacto acumulativo (las plantas estarán separadas por sólo 6 kilómetros entre sí, por lo que existe el riesgo de que la contaminación se potencie). Estos puntos no fueron aceptados por Uruguay, que contrapone un temario menos preciso: acepta, por ejemplo, medir el daño ambiental sobre el río, el aire y la biota, pero no sobre la población urbana o la producción rural.

En la reunión de Colonia, los presidentes iban a leer una declaración que está bastante avanzada y sobre la que ya no quedan mayores diferencias. Mientras tanto, las cancillerías se encargan de definir los nombres de los técnicos que integrarán, si se crea, la nueva comisión binacional.

En Montevideo, la novedad fue que la empresa Botnia comunicó formalmente a sus trabajadores que a partir del 6 de abril paralizará las obras de la planta de celulosa. Será por 90 días. Aunque la compañía comunicó a los operarios que cobrarán los sueldos, no aclaró quién se hará cargo del pago.

En el predio trabajan 1900 trabajadores, la mayoría obreros de la construcción. Para definir de dónde saldrán los fondos destinados a pagar los salarios se formará una comisión tripartita integrada por el gobierno uruguayo, los sindicatos y las empresas. En una muestra de la gravedad que otorga a la situación, Botnia envió a Montevideo al titular de su casa matriz, Erkki Varis, quien permanecerá en la ciudad durante diez días.