Francia le remitió a la Cancillería argentina las casi mil fojas de la prueba testimonial y documental por la cual hace casi dieciséis años condenó a reclusión perpetua al ex marino Alfredo Astiz por el secuestro y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. El pedido lo había realizado el juez federal Sergio Torres en octubre del 2003, apenas reabrió la causa ESMA tras la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida ratificada por la Corte Suprema. Torres recibirá hoy el material de manos del equipo del canciller Jorge Taiana. “Más allá de las relaciones bilaterales, esta decisión, al igual que la que en su momento tomó el juez (Baltasar) Garzón, la entiendo como un reconocimiento institucional a la investigación”, dijo el magistrado a Página/12. En el Palacio San Martín valoraron del mismo modo “el gesto” del gobierno francés en un momento en que el vínculo con ese país aparecía resentido tras la rescisión del contrato con Aguas Argentinas.

A fines de la semana pasada, el jefe de Gabinete de la Cancillería, Agustín Colombo Sierra, quien se encontraba en París a raíz de los homenajes realizados a las víctimas por los treinta años del último golpe militar, recibió el llamado de las autoridades francesas para informarle que le harían entrega de la prueba reclamada por Torres. “Es impresionante leer los testimonios de los sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada, las descripciones de la fragilidad de esas monjas que fueron secuestradas... Para nosotros el hecho político es que Francia decide entregarnos esto a treinta años del golpe, a quince de la condena a Astiz en ausencia, y es un reconocimiento al funcionamiento institucional previsible que existe en el país”, dijo a este diario Colombo Sierra, quien fue uno de los cientos de exiliados que recaló en París.

Francia envió cuatro pedidos de extradición a la Argentina para hacer efectiva la condena contra el Angel Rubio. Los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa rechazaron en su momento los planteos por la vigencia de las leyes de impunidad y priorizando el principio de territorialidad. El gobierno de Jacques Chirac remitió otro pedido durante el actual gobierno, que está siendo analizado en la Corte Suprema, aunque el contexto cambió al anularse las leyes de impunidad y reabrirse los procesos por las violaciones a los derechos humanos. Si bien Francia no resignó su reclamo, el envío de la documentación probatoria era evaluado ayer en la Justicia como una forma de reconocer la jurisdicción argentina para continuar la causa contra Astiz.

Larga data

Alfredo Astiz, el emblema de los esbirros de la ESMA, que llegó a infiltrarse en el grupo originario de Madres de Plaza de Mayo con el alias de Gustavo Niño, camuflándose como hermano de un desaparecido, pasó de la represión ilegal a la Guerra de Malvinas. Apenas tomó las islas Georgias se rindió ante los británicos y fue llevado detenido a Londres. Era 1982 y en Francia ya acumulaban los primeros testimonios por el secuestro y desaparición de las misioneras Domon y Duquet. La Justicia francesa le pidió al entonces gobierno de Margaret Thatcher autorización para interrogar a Astiz. Gran Bretaña respondió que debían tener una causa abierta, y así el 14 de mayo de 1982 se inició el proceso a cargo del juez Philippe Texier. Astiz fue interrogado y ante cada pregunta se limitó a repetir: “Me niego a responder”.

Ya en ese momento, Francia les solicitó a los británicos la extradición de Astiz, pero le fue denegada porque estaba bajo la Convención Internacional de Ginebra como prisionero de guerra. En buen romance, en ese caso estaba preso por su cobardía y no por sus asesinatos. La Justicia internacional por violaciones a los derechos humanos no había evolucionado lo suficiente y Astiz fue dejado en libertad por los ingleses. Sin embargo, en 1990 fue condenado en ausencia a reclusión perpetua en Francia.Con el retorno a la democracia en la Argentina y tras la sentencia del Juicio a las Juntas que habilitó la apertura de las causas a quienes habían participado en la represión ilegal, en febrero del ’87, “por un fallo ejemplificador de la Cámara Federal que ordenó la detención de diecinueve marinos por tormentos, Astiz cumplió prisión efectiva hasta junio, en que obtuvo la libertad por la aplicación de la Ley de Obediencia Debida”, recordó Horacio Méndez Carrera, representante especial de Derechos Humanos de la Cancillería y abogado de la familia de las monjas francesas desde 1984.

La protección corporativa de la que gozaba Astiz en la Armada llevó a la fuerza a intentar, inclusive, “canjear” la prisión de tres almirantes por la no inclusión del todavía joven oficial entre los diecinueve con orden de captura. En ese momento, los marinos fracasaron en el intento, pero apenas quedó en libertad apuraron su ascenso a pesar de la oposición de Alfonsín como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Desde el 16 de septiembre del 2003, Astiz –quien había sido destituido durante el menemismo por sus “dichos” a la prensa, no por sus “hechos”– y sobre quien pesan pedidos de extradición de Francia, Alemania, Italia y España, está preso por orden del juez Torres en el marco de la megacausa ESMA. La prueba sobre su participación en el secuestro de las monjas francesas, de las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villafor, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco y de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin es abrumadora, pero hasta ahora el Cuervo no fue condenado en la Argentina.

Astiz cumple prisión en una base de la Prefectura en Zárate y es custodiado por oficiales del Servicio Penitenciario. Le extirparon un riñón porque padece cáncer y mensualmente es trasladado al Hospital Naval para su tratamiento.

En agosto del año pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los cuerpos de las tres Madres de Plaza de Mayo enterradas como NN en el cementerio del partido de General Lavalle, al igual que la monja Léonie Duquet. Los cadáveres habían aparecido en la costa entre Santa Teresita y San Bernardo a fines de diciembre del ’77. El trabajo de los antropólogos permitió comprobar que los cuerpos habían sido arrojados desde el aire, evidentemente en los llamados vuelos de la muerte, y que habían sufrido torturas.

“La aparición del cuerpo de Léonie Duquet y ahora la prueba enviada por Francia es un aporte más para el avance de la causa en la Argentina, es una demostración de la confianza en la Justicia argentina”, señaló a este diario Méndez Carrera, conmovido por el avance de un proceso que durante años acumuló testimonios sobre el “trabajo” de uno de los siniestros oficiales de la Armada, pero con pocas esperanzas sobre la concreción de una pena. Los más optimistas especulan con que antes de fin de año comience el juicio oral y esta vez no haya atajos que impidan llegar a la condena.