Los números son escandalosos. La Aduana logró precisarlos una semana atrás. Su titular, Ricardo Echegaray, pasó el informe sin escalas al presidente Kirchner. En sólo 12 días de marzo, justo antes de que se publique la resolución que suspende las exportaciones de carne, los frigoríficos documentaron exportaciones por 401 millones de dólares. Para tener una idea de magnitud, esa cifra equivale al 30 por ciento de las exportaciones de carne registradas durante todo el año 2005; es decir, equivale a las exportaciones de cuatro meses. Para colmo, la mayoría de esas operaciones fueron declaradas entre el viernes y el domingo previo a la entrada en vigencia de la medida. La “avivada” de los frigoríficos significó que la presión de la demanda externa continuara durante todo marzo (mes en el que los precios de la carne aumentaron entre 5 y 7 por ciento) y que en consecuencia los precios recién empezaran a debilitarse en los últimos días. De aquel volumen de exportaciones declarado a las apuradas, hasta ahora la Aduana frenó, por diversas irregularidades, ventas por 50 millones de dólares, presentadas por grandes frigoríficos, con destino principal a Rusia, pero también a países con convenios bilaterales, como Marruecos y Venezuela.

El miércoles 8 de marzo pasado la ministra de Economía, Felisa Miceli, firmó la resolución 114/2006 que estableció la suspensión “transitoria” de las exportaciones de carne por 180 días, con la intención de aumentar la oferta del producto en el mercado local y así bajar los precios para los consumidores argentinos. El anuncio fue realizado ese mismo día. Pero la resolución recién fue publicada en el Boletín Oficial el lunes 13 de marzo y entró en vigencia legalmente al día siguiente, martes 14 de marzo.

Entre el 1º y el 12 de marzo, los principales frigoríficos (varios de ellos multinacionales) documentaron 3540 operaciones de exportación, por un monto de 401 millones de dólares, cinco veces más que lo exportado durante todo el mes de marzo de 2005. El 70 por ciento de esas declaraciones de exportación fueron registradas entre el viernes 10 y el domingo 12, cuando ya era conocida la decisión oficial de suspender las ventas al exterior, pero todavía no estaba vigente porque no había sido publicada en el Boletín Oficial. Vale recordar que el sistema informático de la Aduana (el famoso sistema María) funciona 24 horas los 365 días del año, como ocurre con todas las aduanas del mundo. Así, desde una simple computadora on-line de un despachante de aduana, o desde las propias empresas exportadores, se cargaron las operaciones mencionadas.

La “avivada” de los frigoríficos abre dos líneas de análisis muy comentadas en el seno del propio gobierno. Una se refiere a una filtración de la resolución oficial desde los despachos de Economía, días antes al anuncio del miércoles 8. La otra apunta al inexplicable error del Ministerio de Economía de anunciar una resolución que todavía no estaba publicada en el Boletín Oficial. Si la Secretaría de Agricultura, conducida por Miguel Campos, fue el órgano encargado de asesorar a Miceli sobre la práctica habitual del negocio exportador de la carne, evidentemente la asesoró muy mal.

Otra cuota de responsabilidad en no haber cerrado oportunamente el grifo de las exportaciones de carne recae sobre la Oncca (la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), dependiente también de Agricultura.

La resolución 114/06 decía que no estaban alcanzadas por la veda aquellas exportaciones que, a la entrada en vigencia de la resolución, “se encontraren amparadas por cartas de crédito irrevocables o pagadas total o parcialmente”. La Oncca empezó a autorizar desde entonces exportaciones de carne girando a la Aduana los correspondientes certificados de exportación con la leyenda: “Cumple con la resolución 114/2006”. Así lo hizo hasta el 27 de marzo. Después, siguió autorizando operaciones, pero en los certificados oficiales ya no había ninguna mención a la resolución de marras.

Fue recién entonces que en la Aduana repararon en el grosero “error” de la Oncca: nadie había verificado las supuestas “cartas de crédito irrevocables” presentadas por los exportadores. La carta de crédito es un certificado en el que el importador le garantiza al banco del exportador que dispone del dinero para pagar la operación una vez arribada la mercadería al puerto de destino. Se realiza entre bancos con convenios internacionales y, por ser una documentación suscripta entre privados, la sospecha es que, en su mayoría, fueron antedatadas por los exportadores, con la ayuda de las entidades bancarias.

Por eso, la Aduana pudo frenar, hasta ahora, 231 operaciones por un valor total de 47 millones de dólares. El 52 por ciento de dichas ventas se dirigía a Rusia, el 29 por ciento a países con convenios bilaterales (Marruecos y Venezuela) y el resto a países como Israel, Argelia y Perú. También se detuvieron seis operaciones encuadradas en la Cuota Hilton (cortes más caros con destino a Europa), cuyos registros mostraban distintas anomalías.

Entre las compañías cuyas exportaciones fueron impugnadas por Aduana se hallan algunos de los frigoríficos más poderosos del país: Swift, Quickfood, Finexcor, Argentine Breeders & Packers, Arre Beef y Friar.