Más de mil quinientos legajos completos correspondientes a presos políticos de la última dictadura fueron hallados en la Unidad 9 de La Plata. Se trata de documentación que contiene datos precisos de las víctimas y permite reconstruir el circuito que unía los centros de detención clandestinos con las cárceles. Además, aporta los nombres de quienes realizaban las “sanciones” a los detenidos. El material dará un impulso importante a la causa en la que el juez federal de La Plata Manuel Blanco investiga la participación de miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense en delitos de lesa humanidad. En los expedientes hay datos de, entre otros, el canciller Jorge Taiana y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.

Los documentos fueron hallados en un cuarto de la Unidad 9 por miembros de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el responsable de población carcelaria de la provincia de Buenos Aires, Juan Scatolini, que estuvo cuatro años detenido en ese penal. No encontraron el legajo personal del funcionario, pero sí otros miles correspondientes a los años del terrorismo de Estado. Entre ellos, más de mil quinientos son de presos políticos.

El descubrimiento se realizó mientras se buscaba material para la investigación que la semana pasada llevó a la cárcel a más de diez miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense. Y demuestra que al menos en relación con los presos que estaban a disposición del Poder Ejecutivo nacional, la dictadura dejó minuciosos archivos.

Entre la información que figura en los documentos encontrados –que el gobierno provincial dará a conocer hoy– hay cartas de los presos que nunca fueron entregadas a sus familiares y a la vez, correspondencia para los presos que éstos nunca recibieron. Hasta hoy.

Además, en muchos de los legajos se menciona la “procedencia” de los detenidos, es decir, los centros clandestinos en los que habían estado desaparecidos antes de ser “blanqueados” en las cárceles. También figura la historia clínica de los presos, las “sanciones” y quiénes las infligieron.

El expediente de Alberto Pinto es uno de los que serán más útiles para la investigación. Pinto murió en un hospital de La Plata a causa de los golpes que había recibido en el calabozo. El documento revela quiénes lo sacaron del penal. En otros legajos se pueden leer las causas alegadas para repartir las “sanciones”, a veces insólitas, otras veces caprichosas, pero a la vez sistemáticas. Por ejemplo, un preso fue castigado por “hacer un minuto de silencio” y otro por “tener bombones”.

En la Unidad 9 funcionaron dos pabellones de la muerte, uno para miembros de Montoneros y otros para los del ERP. De allí sacaban a detenidos para asesinarlos como advertencia o represalia ante una acción de esas organizaciones.

El juez Blanco ya cuenta con 226 fichas (dos de ellas ilustran esta nota) que habían sido entregadas a la Cámara Federal platense por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Edgardo Binstock, cuando declaró como testigo ante ese tribunal el 28 de marzo. Pero el nuevo material contiene una información mucho más completa y precisa.

Entre las víctimas cuyos legajos aparecen entre la documentación hallada hay varios funcionarios que estuvieron presos durante la última dictadura: además de Taiana y Zannini, figura el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Félix Schuster.

La semana pasada, Blanco ordenó en esta causa la detención de 14 miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense que trabajaban en la Unidad 9 entre 1976 y 1980: Abel Dupuy, jefe de la Unidad 9 desde diciembre de 1976 hasta junio de 1980, Isabelino Vega, segundo jefe desde diciembre de 1976 hasta abril de 1979, Víctor Ríos, Raúl Rebaneyra, Ramón Fernández, Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi, Luis Domingo Favole, Carlos Alarcón, Roberto José Antonio Alvarez, Jorge Luis García, Elbio Omar Cosso y Germán Vázquez.

El juez, además de las fichas de los detenidos y testimonios de las víctimas, también recibió una investigación de la Secretaría de Derechos Humanos provincial en la que se analizaron cientos de legajos de miembros del Servicio Penitenciario. A partir de ese trabajo –que se realizó también en base a información aportada en forma anónima por algunos ex penitenciarios– se detectaron relaciones funcionales con las Fuerzas Armadas así como la participación en cursos de formación e inteligencia dictados por otras fuerzas de seguridad. Además, se encontraron registros de felicitaciones del Ejército y de la Marina dirigidas a integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por su desempeño en la represión ilegal.

La Secretaría de Derechos Humanos comenzó ese trabajo luego de que Página/12 revelara, en marzo de 2004, que el jefe de inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense era Ramón Fernández, alias “El Manchado”, un torturador de la U9. Para ese entonces, el fiscal Félix Crous ya había presentado una denuncia penal por los crímenes cometidos en la Unidad 9 durante la última dictadura. Luego, la Secretaría de Derechos Humanos provincial detectó que Fernández no era el único alto funcionario del Servicio Penitenciario Bonaerense que había sido miembro de la patota de la Unidad. Como consecuencia de esos hallazgos se intervino el organismo y pasaron a disponibilidad 25 penitenciarios de jerarquía.