Los seis represores uruguayos acusados por el asesinato de María Claudia García Irureta Goyena finalmente ayer quedaron detenidos, mientras la diplomacia argentina avanza con los trámites para poder concretar hoy el pedido de extradición. La presentación, a cargo del embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, formalizará la solicitud realizada por el juez Guillermo Montenegro para que el grupo integrado por miembros de las fuerzas militares y policiales uruguayas sea juzgado en Argentina por el secuestro y la muerte de la nuera del poeta Juan Gelman.

La medida fue presentada por Montenegro a fines de abril y el sábado la jueza uruguaya, Aída Vera Barreto, ordenó las detenciones en forma provisoria. En total, el pedido comprendió a seis represores –el general retirado Julio Vadora, que murió el año pasado, era el séptimo– de los cuales dos recién pudieron ser localizados ayer. Se trata del coronel Gilberto Vázquez y el ex policía Ricardo Medina, quien se entregó luego de permanecer durante varias horas prófugo. La lista la completan los militares retirados José Gavazzo, Ernesto Rama, Jorge Silveira y José Ricardo Arab, uno de los hombres que estuvieron a cargo en Argentina del centro clandestino Automotores Orletti, donde la nuera del escritor permaneció secuestrada antes de ser trasladada a Uruguay.

María Claudia García Irureta Goyena fue detenida en Buenos Aires en agosto de 1976 junto a su marido, Marcelo Ariel Gelman. Marcelo fue asesinado y su cuerpo fue encontrado en las costas de Buenos Aires, mientras que María Claudia fue trasladada a Montevideo en el marco del Plan Cóndor. Allí fue asesinada luego de dar a luz. Su hija fue entregada a la familia de un policía y recién pudo recuperar su identidad hace unos años gracias a la ferviente búsqueda emprendida por Gelman. Desde entonces, la causa por el asesinato de la joven atravesó varios años de idas y venidas hasta que finalmente el año pasado la Justicia uruguaya decidió cerrarla por entender que estaba comprendida dentro de la Ley de Caducidad. Fue entonces que la estrategia de la querella viró hacia los tribunales argentinos con el fin de que avancen las investigaciones y los responsables sean juzgados en este país. La idea contó con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos, que fue la que encabezó los pedidos de detención contra los represores uruguayos.

Ahora, la causa quedó a cargo del juzgado en primera instancia de Uruguay, a cargo de Gustavo Mirábal. El magistrado recientemente apoyó la extradición de tres oficiales uruguayos a Chile por su supuesta participación en la muerte de un ex agente de la policía secreta pinochetista. El antecedente resulta de importancia y sienta un escenario optimista, en el cual el historial del magistrado tampoco aparece desapercibido: Mirábal rechazó en varias oportunidades los pedidos para que la causa de María Claudia fuera cerrada bajo el amparo de la Ley de Caducidad. Mientras tanto, ayer trascendió que los seis represores permanecerán detenidos por el momento en dependencias policiales. La cuestión había abierto una discusión, en la que se planteó la posibilidad de que los abogados defensores elevaran una solicitud para que los militares aguardasen la resolución en libertad. Por su parte, Patiño Mayer adelantó que la embajada concretará hoy el pedido de extradición. Si bien el país tiene un mes para presentarlo formalmente, la idea es con este trámite se logren acelerar los tiempos de la causa.