Para el juez Daniel Rafecas no hay dudas: todas las pruebas apuntan –sostiene– a que el ex presidente Fernando de la Rúa ordenó pagar las coimas con fondos de la SIDE para que se aprobara la Ley de Reforma Laboral, en abril de 2000. Por eso lo llamó a indagatoria como sospechoso del delito de cohecho activo y tendrá que presentarse el 5 de junio. El magistrado evaluó que era ineludible avanzar en la cadena de responsabilidades en la maniobra.

Según el razonamiento de Rafecas, es imposible que De la Rúa esté exento de responsabilidad si ya están involucrados el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amigo personal Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y el ex presidente provisional del Senado y hombre de su confianza José Genoud. Cuando procesó a estos ex funcionarios en agosto del año pasado, el juez anticipó que “en el vértice de esa pirámide del poder político” estaba el ex presidente y señaló que, por lo tanto, sería un “grosero incumplimiento” no citarlo a indagatoria.

A comienzos de marzo, Rafecas hizo una inspección ocular en la Casa Rosada, donde fue acompañado por el ex secretario parlamentario y valijero confeso de los sobornos Mario Pontaquarto, quien reconstruyó la reunión y describió que allí el ex presidente dio el puntapié para el pago. En el encuentro, dijo, participaron los ex senadores Genoud, Alberto Tell y Augusto Alasino. El ex mandatario los recibió con música clásica y les habría dicho que “las otras cosas” para conseguir la reforma laboral tenían que arreglarlas con De Santibañes.

En el juzgado estaban esperando terminar el análisis de ese recorrido para ponerle fecha a la citación de De la Rúa, una medida que el fiscal Federico Delgado planteó desde un principio. El delito que se le imputa, el cohecho, prevé hasta seis años de cárcel. Si lo procesan seguramente no quedará detenido, pero podría tener una pena de cumplimiento efectivo en la instancia de juicio oral. El expediente tiene chances de ser elevado a esa instancia este mismo año, aunque llegaría dividido. En una primera etapa tendrían que sentarse en el banquillo los nueve ex funcionarios y senadores que ya están procesados: De Santibañes, Flamarique, el radical José Genoud y los justicialistas Emilio Cantarero, Remo Costanzo, Ricardo Branca, Tell y Alasino. El proceso oral para el ex presidente podría quedar para una segunda tanda.

En febrero último, los investigadores judiciales hicieron otra reconstrucción más compleja aún: los recorridos de Pontaquarto para concretar el pago de las coimas. Por un lado, recrearon el trayecto desde el estacionamiento del Senado hasta la SIDE para cotejar la verosimilitud del relato del ex secretario parlamentario, quien aseguró que el 18 de abril de 2000 se dirigió al edificio de ese organismo para retirar cinco millones de pesos para pagar las coimas a cambio de que el PJ votara la reforma laboral. En una segunda jornada, cotejaron la ruta del arrepentido desde la localidad de General Rodríguez (donde vive) hasta el hotel, en el barrio de Once, donde dijo haberse hospedado hasta que fue a la casa de Cantarero a entregarle la mayor parte del dinero.

En las diligencias participaron Rafecas, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y los abogados defensores. Cronometraron, en una caravana de autos, los viajes, y también cotejaron los llamados telefónicos que Pontaquarto señaló. Para el juzgado, fueron medidas importantes para convalidar la confesión del ex secretario parlamentario, que en un momento la Cámara Federal puso en duda. De la Rúa suplicó su sobreseimiento en una presentación de 1200 páginas, pero todo indica, a esta altura, que no tendrá su Chapulín Colorado.