El procurador general de la Nación, Esteban Righi, intenta derribar uno de los mayores obstáculos en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos de la última dictadura: las demoras que se producen en la Cámara de Casación Penal y en Cámaras de apelaciones provinciales, que dificultan que las causas lleguen a juicio oral. Por eso resolvió instruir a los fiscales que actúan ante esos tribunales para “agilizar los procesos”, y les indicó que si es necesario denuncien a los jueces que producen dilaciones injustificadas.

La Cámara de Casación, el tribunal anterior en jerarquía a la Corte Suprema, tiene pendiente resolver ochenta y ocho planteos –de las querellas y las defensas– en los expedientes más grandes sobre los crímenes del terrorismo de Estado: los que se refieren a la ESMA, al Primer Cuerpo de Ejército, al Plan Cóndor y al Batallón de Inteligencia 601. Según allegados a la Procuración, los fiscales que actúan ante Casación aún no se expidieron casi en ningún caso. Son cuatro funcionarios: Juan Martín Romero Victorica, Raúl Pleé, Ricardo Wechsler y Pedro Narváez.

“La tarea de impartir justicia impone el deber de reducir al mínimo cualquier demora en la tramitación de causas penales, pues todo retraso necesariamente genera ineficiencia, conspirando contra una adecuada procuración de justicia”, sostuvo Righi en la resolución dirigida a los fiscales de Cámara que firmó anteayer. Esa idea, señaló, debe prevalecer no sólo por haber personas privadas de su libertad sino porque son “causas complejas, que requieren una mayor dedicación, por involucrar intereses sociales de relevancia, gran cantidad de víctimas y de imputados”.

El disparador de la instrucción de Righi fue un reclamo del fiscal ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez, que denunció que la investigación sobre la desaparición del senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse –un caso emblemático en la provincia– está paralizada desde el 8 de noviembre de 2004. Los pedidos de excarcelación de varios represores, entre ellos Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Albornoz, están estancados en Casación. El Procurador advierte que “otros magistrados manifestaron la misma preocupación”.

Uno de los síntomas del paso del tiempo en estos expedientes es que en lo que va del año ya fueron excarcelados 18 represores. Algunas liberaciones fueron dispuestas por Casación, en otras tuvo una injerencia indirecta. En Tribunales prevén un posible efecto dominó y hay alerta porque demoran los juicios orales. Según un relevamiento de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de la Procuración, que conduce Félix Crous, hay 1004 investigaciones en trámite. Los imputados son más de 1400, los presos 215.

El año pasado Righi le había ordenado a todos los fiscales del país que profundizaran y apuraran las causas sobre derechos humanos. Esta vez dirigió la indicación puntualmente a las fiscalías de Casación –un tribunal nacido en el menemismo– y otras cámaras. Volvió a pedir que “extremen los recaudos procesales necesarios para agilizar los procesos” y lograr “la pronta resolución”. Y los invitó a denunciar a los jueces que vean en falta.