Por lo menos nueve oficiales dieron la espalda o salieron de la formación durante el discurso presidencial por el Día del Ejército en el Colegio Militar. La pretensión del Jefe de Estado Mayor Roberto Bendini de que el único fue el hijo del ex dictador Jorge Rafael Videla es una expresión de deseos retroactiva, que los datos de la realidad problematizan, como se observa en esta página. La ministra de Defensa Nilda Garré ordenó identificar a esos oficiales. Según la explicación de Bendini y sus colaboradores el que abandonó las filas fue llamado para que atendiera un desperfecto en la transmisión de imágenes de la ceremonia hacia el palco. La cámara se había montado en un avioncito a control remoto pero su imagen se cortó por un desperfecto técnico. Agregó que los seis que giraron en dirección opuesta al palco presidencial no lo hicieron por irrespetuosidad sino para observar qué ocurría en esa dirección, con las madres de liceístas que protestaban por la eventual transferencia de esos institutos a las provincias. Sin embargo, en la imagen se los ve mirando al piso de las gradas. La ministra también ordenó el relevo del jefe del Regimiento de Caballería 3 por haber enviado a un colegio de Esquel un video institucional en el que se narra una historia del Ejército que los estudiantes impugnaron, en la que se ensalza la campaña al desierto de Roca y la represión de la década del 70.

Muralla protectora

Que los retirados comprometidos con un pasado turbio trinen contra la decisión del gobierno nacional de practicar un deslinde entre el Ejército glorioso de la Independencia y el sórdido de la guerra sucia no tiene nada de asombroso. Tampoco es de extrañar la presencia en Plaza San Martín de algunos oficiales subalternos en actividad impulsados por lazos de afecto con familiares o compañeros y que son manipulados por quienes necesitan de esa muralla juvenil para protegerse de los cargos por sus actos en el pasado. Esa táctica fue iniciada por el ex Jefe de Estado Mayor Ricardo Brinzoni, imputado por la masacre de Margarita Belén. Estos son algunos de los participantes:

Jorge Walter Grosse, el retirado que agredió a los periodistas que cubrían el acto de Plaza San Martín. Los cronistas de Clarín y La Nación fueron corridos al grito de zurdos infiltrados”, en una inequívoca demostración de inteligencia (militar). Conocido con el alias El Vikingo, Grosse fue jefe de inteligencia del Area de Seguridad 124, participó en secuestros de personas que nunca recuperaron su libertad y fue denunciado por el ensañamiento en la tortura de los detenidos-desaparecidos de la guarnición Olavarría, que comprendía el campo de concentración Monte Peloni. Fue pasado a retiro obligatorio en 1981 como capitán, indicio de situaciones de especial gravedad, no vinculadas necesariamente con la represión. Su nombre aparece en los registros de la CONADEP, de la Comisión por la Memoria de Olavarría, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y en expedientes judiciales. El 15 de mayo fue mencionado en las audiencias del juicio por la verdad que el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata realizó en Olavarría, lo cual abrió la perspectiva para su procesamiento.

Juan Miguel Angel Giuliano, líder de la denominada Unión de Promociones, fue uno de los organizadores de la algarada del 24. En 1990, los remanentes del bando carapintada quisieron llevarlo a la jefatura de Estado Mayor, cuando la conducción del Ejército quedó a cargo de un general descerebrado (por un accidente cerebrovascular). Al fundamentar la postulación, el coronel Angel León escribió que Giuliano era representativo de la generación que “peleó en la guerra contra la subversión y en Malvinas”.

Guillermo César Viola. Su solicitud de ascenso a general fue uno de los últimos actos de gobierno de Menem, en diciembre de 1999. El Senado lo rechazó porque el periodista y escritor Alipio Paoletti lo menciona en su libro Como los nazis, como en Vietnam. Los campos de concentración en la Argentina, en el listado que cierra el capítulo XI: “La multinacional de la represión. La siniestra coordinación de las tiranías latinoamericanas”.

Rodolfo Jorge Solís, ex director de Contrainteligencia de la SIDE. Durante la dictadura la SIDE “cumplía eficientemente su función al servicio del Estado, pero con el advenimiento de la democracia perdió su rumbo debido a su progresiva politización”, escribió. Menem lo convocó para “colaborar en la repotenciación” de la SIDE, pero el Secretario Juan Bautista Yofre solicitó su relevo al Ejército alegando que había exhibido armas para amedrentarlo “y, lo que es más grave aún, haber exigido dinero”. En 1994 el diario La Prensa mencionó a este coronel retirado como parte del grupo antisemita Cabildo que desde la SIDE obstruía la investigación de los atentados contra la colectividad judía. Solís querelló por ello a los periodistas Sergio Moreno y Laura Términe y presentó como testigos a tres conocidos judíos, que ignoraban donde trabajaba. Los periodistas fueron absueltos. Durante el juicio el ex subsecretario de Inteligencia Ricardo Natale dijo que Solís había planteado “que la sinagoga radical no le quería pagar un premio de la lotería” de Río Negro y que con el propósito de intimidar a Facundo Suárez le había mostrado un arma.

En familia

Además de Patricio Rafael Videla, dos oficiales en actividad que acudieron al acto en Plaza San Martín son hijos o nietos de militares que fueron procesados por lo que la justicia considera crímenes de lesa humanidad en la década de 1970 o en los alzamientos militares contra el sistema representativo de gobierno en la siguiente. El teniente primero Juan Andrés Ferrero es nieto del general Andrés Aníbal Ferrero, subjefe de la Subzona Capital durante la dictadura militar. Detenido en 1987 e indultado por el ex presidente Carlos Menem, el abuelo Ferrero fue llamado una vez más a indagatoria este año, pero había muerto en 1994. El padre de Juan Andrés, el coronel Andrés Antonio Ferrero, participó en los alzamientos carapintada de 1987 en defensa del abuelo de Juan Andrés. Junto a él se rebeló entonces el teniente coronel Victorio Rafael Listorti, compañero de promoción de Grosse y de otro manifestante: Emilio José Nanni, quien perdió un ojo durante la recuperación del cuartel de La Tablada tomado por una patrulla perdida del grupo “MTP”. Listorti padre siguió vinculado con Aldo Rico, a quién acompañó en la intendencia de San Miguel y en el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Su hijo, el capitán Santiago Marcelo Listorti fue otro de los manifestantes en la Plaza San Martín. El padre le recomendó que no asistiera, pero por lo visto el ejemplo pudo más que la palabra.

La constatación acerca de lo circunscripto del problema no implica minimizar su gravedad, que sólo puede entenderse como un fracaso de los sucesivos gobiernos postdictatoriales en la formación y tratamiento de las nuevas generaciones de militares, que ingresaron al Ejército después de concluida la dictadura. Cuando el coronel Juan Eduardo Elmiger, jefe de los comandos del Ejército, les comunicó la sanción de arresto que les correspondía, varios de los jóvenes oficiales lloraron. Recién entonces advirtieron que había sido usados y que ello les costaría la carrera, como a cualquiera que elija en el futuro el mismo camino.

Por eso es irrisorio que algunos de los responsables por ese déficit, como los ex ministros de Defensa Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy, en vez de respaldar a las autoridades constitucionales hayan atribuido los hechos a encono o visión sesgada del presidente Néstor Kirchner quien, según el ex candidato presidencial Procesista, lucha con fantasmas. El 30 de mayo de 2002, durante un seminario organizado por Eduardo Menem y Roberto Dromi, Jaunarena, quien ha sido ministro de Defensa bajo tres distintos presidentes, confesó que siempre se había opuesto a reglamentar la ley de Defensa, promulgada en 1988, lo cual equivale a una admisión de incumplimiento de sus deberes, y lo respaldó con una dudosa metáfora médica: “Pedirles a las Fuerzas Armadas que se hagan cargo de la seguridad interior si las fuerzas policiales y de seguridad son desbordadas, pero no permitirles que se entrenen y capaciten para ello es como decirle a un cirujano que debe operar pero sin dejarle que se ejercite”. Es decir, quiso mantener latente la posibilidad de actuación policial de los militares, que la ley veda. Las Fuerzas Armadas sólo pueden actuar en ese campo dentro de su propia jurisdicción en caso de una agresión armada; en apoyo logístico, a pedido del Comité de Crisis y por disposición del Ministerio de Defensa y con unidades de combate, y previa declaración por el Congreso del estado de sitio, ante algún hecho excepcional que desborde al sistema de seguridad interior policial. Aun así, este empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas se considerará “excepcional” y no incidirá en la “doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas”, dice la ley de seguridad. Es decir, no se trata del médico que debe operar, sino de los bomberos que vienen a rescatar a médico y paciente si se incendia el hospital. Jaunarena alentó con su actitud la ilusión de que otro tipo de acción era posible, lo cual constituye una legitimación retrospectiva de los hechos del pasado, que el ex ministro también avaló con las leyes de punto final y de obediencia debida.

De espaldas

Otra cosa es el recuerdo de los muertos castrenses en aquella época. El Ejército rinde en su página de Internet un “sentido y profundo homenaje a los caídos en las luchas internas de las décadas del 70 y 80”, quienes “ofrendaron lo más valioso que un ser humano puede dar: su propia vida. Su memoria permite valorar las irreparables pérdidas sufridas durante esos años de enfrentamientos fratricidas”. El listado incluye 133 nombres, desde el ex dictador Aramburu, en 1970, hasta los defensores de La Tablada, en 1989. La exigüidad del número no disminuye el dolor de cada caso pero redimensiona su significado social e histórico. El abordaje que el Ejército da al tema indica que es posible un manejo respetuoso y ponderado: recordar a un compañero muerto, más aún a un familiar, es una actividad legítima y respetable, con prescindencia de cualquier consideración política. En cambio, reivindicar el terrorismo de Estado es inadmisible para oficiales en actividad y contradictorio con los valores que dan razón de ser al Estado democrático de derecho. Esa distinción fue muy clara en las palabras presidenciales, pese a los intencionados análisis políticos y periodísticos. Cuando Kirchner dijo que no les tenía miedo se refirió en forma explícita a quienes en la Plaza San Martín el 24 de mayo hicieron la apología de los delitos cometidos por la dictadura militar, insultaron al Jefe de Estado Mayor y amenazaron al comandante en jefe. La conducción del Ejército decidió no sancionar al teniente coronel Videla, cuyo padre había sido mencionado por Kirchner como arquetipo del Ejército que asaltó el poder y violó los derechos humanos. Pero Bendini también negó que otros oficiales hubieran faltado el respeto a su Comandante en Jefe. En la grabación del acto tal como fue transmitido por el Canal 7 de televisión a todo el país, se observa que por lo menos seis oficiales volvieron la espalda al presidente mientras formulaba ese deslinde entre dos épocas del Ejército; uno se retiró hacia la izquierda y otro escaló las gradas. Por ese movimiento inusual, el director de la transmisión intercaló tales imágenes con las del discurso. Todo eso ocurrió en uno de los palcos laterales, sobre la izquierda del principal; Videla, en cambio, estaba en uno paralelo al que ocupaban las autoridades.

Necesario pero
insuficiente

El pase a retiro de quienes eligen una confrontación política con sus superiores jerárquicos es una medida necesaria, pero no suficiente. También es preciso construir esas nuevas Fuerzas Armadas a las que se refirió Kirchner en su discurso, cuyos conceptos fueron devorados por la repercusión del párrafo

que improvisó. Antes de ese final, Kirchner había anunciado la reglamentación de la ley de Defensa, postergada desde hace 18 años por todos los gobiernos. Filtrada al diario La Nación luego de que el gobierno entregara copias del borrador para que los Jefes de Estado Mayor opinaran, fue presentada como un recorte de poder de las Fuerzas Armadas. No es eso lo que se desprende de una atenta lectura: por el contrario, tiende a liberarlas de funciones impropias para que puedan concentrarse en su misión específica como instrumento militar de la defensa nacional, dedicadas a alistar, adiestrar y sostener los medios que el Estado pone a su disposición, y realza el papel y el poder del Estado Mayor Conjunto. Ese organismo será responsable de formular la doctrina y el planeamiento conjuntos y procurar la integración y normalización de reglas, procedimientos, funciones, servicios y actividades, como ocurre en las Fuerzas Armadas modernas. A su cargo quedará la responsabilidad del empleo de los medios militares y su control funcional, bajo principios, normas y pautas fundamentales impartidas por el ministerio de Defensa. Esto implicará cambios en la orgánica, el personal, el presupuesto y la logística de las Fuerzas Armadas, pero no una disminución de su importancia. El discurso de Kirchner trajo un eco de estas novedades: aunque se conmemoraba el día del Ejército también habló de tareas de la Fuerza Aérea, como la radarización, y de la Armada, como la reparación de su buque escuela, en ambos casos, por empresas locales. Pasar por encima de la feudalización que condujo a la catástrofe de Malvinas, donde por muy poco no estallaron combates entre las distintas fuerzas, es pensar un futuro para las Fuerzas Armadas, cosa que no hicieron Alfonsín, Menem, De la Rúa ni Duhalde, que sólo estrangularon su presupuesto. Una vez firmado el decreto reglamentario de la ley de Defensa, el Jefe de Estado Mayor Conjunto preseleccionará los oficiales y suboficiales de cada fuerza que se incorporarán al organismo por designación ministerial. A su vez el ministerio de Defensa establecerá qué condiciones profesionales se requieren para ser Jefe de Estado Mayor del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Va de suyo que la primera será comprender el momento histórico y las definiciones centrales de la conducción del Estado. No es seguro que todos los actuales Jefes de Estado Mayor sean los indicados para la próxima etapa.