Por Irina Hauser y
Laura Vales

El jueves y viernes de esta semana Argentina jugará todas sus fichas en la demanda contra Uruguay por las papeleras ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Aquí, las claves de lo que puede pasar.

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¿Qué va a plantear Argentina en La Haya?

Que las plantas que se construyen en Fray Bentos, por su tecnología de blanqueo (que utiliza cloro), su tamaño (juntas, serán el mayor emprendimiento en el mundo en el rubro), su localización (a pocos kilómetros de Gualeguaychú) y porque verterán sus desechos a un río de poco caudal, causarán un daño irreparable. Argentina busca que la Corte ordene, con una medida cautelar, la paralización de las obras de Botnia y Ence hasta que defina la cuestión de fondo de la denuncia, es decir, si el gobierno de Tabaré Vázquez violó el tratado del río Uruguay. Ese fallo puede demorar entre tres y cinco años.

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¿Qué importancia tienen las audiencias?

Son centrales, porque si el Tribunal dicta la cautelar, las empresas van a tener que buscar otro lugar para instalarse; a ninguna compañía le conviene mantener frenado un proyecto por tres o cinco años. Si los jueces, en cambio, rechazan el pedido argentino, las plantas comenzarán a funcionar mientras el juicio sigue su curso. Los daños ambientales se verán a largo plazo, pero los económicos y sociales (por la segura disminución del turismo en Gualeguaychú y los efectos en la producción agrícola) van a sentirse en breve. Se descuenta por esto que el conflicto social recrudezca. De todas maneras, en cualquier momento del proceso ante el Tribunal, Argentina y Uruguay pueden buscar un acuerdo extrajudicial.

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Los equipos.

La delegación argentina tiene diecisiete integrantes. La encabeza Susana Ruiz Cerutti, titular de la Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y ex canciller en el gobierno de Raúl Alfonsín. Ella, Horacio Basabe, director del Servicio Exterior, y Santos Goñi, embajador ante los Países Bajos, son los habilitados para hablar ante los jueces. En el equipo hay además cuatro abogados extranjeros, siete asesores jurídicos nacionales, un especialista en tecnología celulósica, un experto en química y un licenciado en desarrollo pesquero. Uruguay designó a un funcionario de alto perfil político, el secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, como representante del gobierno para las audiencias. En su grupo, de 19 personas, estará Héctor Gros Espiell, embajador en Francia, Daniel Gianelli, embajador en Estados Unidos, especialistas y abogados del estudio norteamericano Foley, Hoag & Elio.

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¿Cómo serán las audiencias?

Los representantes hablarán ante los quince jueces del Tribunal, reunidos en plenario. La Argentina, por ser denunciante, lo hará primero. El jueves 8 tendrá tres horas por la mañana; tras un receso, los uruguayos presentarán su defensa. El viernes, también en tandas, cada país rebatirá los argumentos del otro. La Argentina abrirá con una introducción de Ruiz Cerutti; luego intervendrán los expertos internacionales, entre quienes hay un abogado especialista en derecho ambiental, Philippe Sands.

Es posible que además se muestre un fragmento del documental Historia de dos orillas, que contiene los reclamos de los vecinos de Gualeguaychú y los efectos de las papeleras en Valdivia (Chile) y Pontevedra (España), esta última de propiedad de Ence. La Corte, presidida por la inglesa Rosalyn Higgins, podrá hacer preguntas en cualquier momento. Se estima que se pronunciará sobre la medida cautelar antes de que finalice julio.

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¿Qué chances tiene Argentina de ganar?

En el Gobierno definen al caso como “difícil”. Los antecedentes de la Corte no son alentadores: sólo hizo lugar a un pedido de amparo ante una cuestión de vida o muerte, donde se discutía la aplicación de la pena capital en Estados Unidos. Otro precedente es un juicio de Eslovaquia contra Hungría para frenar por razones ambientales la construcción de una represa en el Danubio. Eslovaquia perdió la demanda y la obra se hizo. El fallo, dicen los especialistas, recibió duras críticas y eso puede hacer que ahora haya una resolución más meditada. La Corte es el órgano judicial de las Naciones Unidas. Lo que resuelva será de cumplimiento obligatorio e inapelable. Si un país incumple, la otra parte puede recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.