–¿Argentina tiene que probar sí o sí que el daño que producirán las papeleras es irreversible o bastaría con mostrar el alto riesgo?

–En realidad, en materia ambiental el daño es presunto, porque una vez que acaece es irreversible. Si no se llevan a cabo todas las medidas para evitarlo, a partir del principio preventivo y precautorio aprobado por ambos países, es presumible que exista. Si no hay un estudio detallado de impacto, hay que frenar las obras. La primera demostración a dar es que no se hizo lo necesario para dejar en claro que no habrá daño.

–¿Cómo se pronunció la Corte de La Haya en otros conflictos similares?

–Casi no hay antecedentes. Intervino en un caso sobre las represas del Danubio. Allí la Corte obligó a Hungría, en 1993, a retrasar las represas. Pero es un Tribunal renuente a dictar medidas cautelares.

–¿Qué rol van a cumplir los abogados internacionales que hablarán en representación de la Argentina?

–Son figuras que litigan habitualmente ante la Corte Internacional. Hay un tema fundamental que es la lengua, ya que el Tribunal se maneja en inglés y francés. El hecho de que sean personas no nacionales de un respeto indiscutible da una situación de más equidistancia. Entre ellos Philippe Sands es un referente del derecho ambiental mundial.

–¿Qué chances tiene de prosperar la medida cautelar?

–Es difícil predecirlo por la falta de precedentes. Hay que ver cómo lo ve la composición actual del Tribunal.

–Si el Tribunal rechaza el planteo argentino, ¿se cierran las puertas?

–No, porque durante el procedimiento se puede volver a plantear el dictado de medidas cautelares.

–¿Se puede lograr otra salida durante el proceso?

–Se puede conciliar, por ejemplo. Pero ése es un tema político.

–¿Cuál es el papel del juez ad hoc que actúa por Argentina?

–Sería una manera de agregar una mejor visión de nuestro país como elemento de juicio.