Por Fernando Cibeira

El Gobierno tiene planeado acelerar la puesta en marcha de una reforma política integral que sirva para dar una respuesta rápida al tan difundido reclamo de “bajar los costos” de la política, algo que prometió mucho la gestión de la Alianza, pero no alcanzó a concretar. Con ese objetivo ayer al mediodía se reunió un grupo de funcionarios comandados por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli: el objetivo es forzar algunas reformas urgentes como la unificación de las legislaturas provinciales, reducción del número de concejos deliberantes y reforma de los municipios del interior. Paralelamente, un grupo de senadores del PJ se reunió con el presidente Eduardo Duhalde para llevarle su propio proyecto de reforma, mucho más ambiciosa pero también más complicada de llevar adelante: necesitaría de una convocatoria a una Asamblea Constituyente e incluiría una drástica reducción del número de legisladores nacionales y de los miembros de la Corte Suprema.
De lo que no hay dudas es que la Rosada tiene como iniciativa prioritaria sacar la reforma porque consideran que uno de los reclamos de la gente que participó de los cacerolazos fue que los políticos bajaran sus gastos. Aunque dentro de la clase política es convicción que la reforma es más un gesto cosmético que un ahorro concreto, dado que lo que se conoce como gasto político no supera el 2 por ciento del presupuesto. El tema será planteado hoy por Duhalde a los gobernadores que participen del encuentro convocado para hoy al mediodía en Olivos. El Presidente les dirá que es excesivo que en el país existan 1163 legisladores provinciales junto con 2155 municipios y comunas, cada una con su respectivo concejo deliberante.
El tema fue analizado en el encuentro convocado ayer por Capitanich y Gabrielli del que también participaron el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, el vicejefe de Gabinete, Juan Pablo Cafiero; el secretario de Asuntos Políticos, Carlos De la Rosa; el jefe de la SIDE, Carlos Soria, el diputado Miguel Angel Toma y el constitucionalista Alberto García Lema. El objetivo final es reducir los costos políticos a la mitad de lo que se gasta actualmente. Para llegar a ese punto hay cuestiones que se pueden eliminar más o menos rápidamente mientras que otras quedarán forzosamente para el año próximo.
Entre las que pueden resolverse en el corto plazo están las que conversará Duhalde con los gobernadores, que no necesitan que se modifique ninguna constitución. Por ejemplo, poniendo pisos y techos en los salarios de legisladores y concejales, también acuerdos intermunicipales para eficientizar las cuestiones burocráticas, con unificaciones de intendencias, incluida la recaudación impositiva y la prestación de servicios públicos. Para el mediano plazo quedaría la unificación de las legislaturas provinciales. El Presidente quiere evitar entrar en el engorroso mecanismo de la reforma constitucional y que los gobernadores aceleren la puesta en marcha de la reducción mediante un tratado interprovincial. “No queremos perder tiempo. Necesitamos que la gente vea algún resultado ya”, explicaban ayer en el Ministerio del Interior.
En cambio, para las que tienen incidencia electoral no habrá más remedio que esperar hasta el 2003. Lo central de esa parte de la reforma será la eliminación de las listas sábana en las candidaturas para cargos legislativos.
En cambio, lo que le propusieron ayer los senadores a Duhalde resultó mucho más terminante. Participaron el presidente de la Cámara, Juan Carlos Maqueda, el jefe del bloque, José Luis Gioja, y los senadores Jorge Yoma y Carlos Verna. La reforma política de los senadores declara en su artículo primero la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional para ajustar los costos de la burocracia política incluyendo:
u Los diputados nacionales pasarían de 257 a 152, mientras que los senadores volverían a ser 48 (dos por provincia).
u Los miembros de la Corte volverían a ser cinco en vez de nueve mientras que los del Consejo de la Magistratura pasarían de 19 a 5 y los del Jury de Enjuiciamiento de 9 a 3.
u Propone un Pacto Federal Constituyente que imponga a las legislaturas provinciales un máximo de 15 miembros, con la excepción de los distritos de más de 1 millón de habitantes que podrán tener 30 legisladores. Este punto sólo abarcaría a las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires.
u Los concejos deliberantes se integrarán con un máximo de 8 cargos mientras que los municipios pequeños sólo podrán constituir comisiones comunales.
Pese a lo ambicioso del proyecto, aún no había sido consensuado con la oposición que no estaba ni enterada de la propuesta que cambiaría de cuajo el sistema de representación política del país. Sin embargo, algunas versiones anoche aseguraban que hoy Duhalde haría suya la iniciativa y se la presentaría a los 24 gobernadores en Olivos.