“Vamos a resolver lo más rápido posible”, prometió con su inglés afectado la presidenta del tribunal, Rosalyn Higgins. En la segunda y última audiencia en el pleito por las papeleras ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que deberá resolver si ordena o no parar las obras en Fray Bentos, hubo más cruces de ironías y roces que argumentos novedosos. Argentina planteó que “Uruguay no es serio en el cuidado del medio ambiente” y “actuó de mala fe” al no abrir un proceso de consulta sobre la construcción de las celulosas. Para los demandados, el Estatuto del Río Uruguay no los obliga a obtener el consentimiento del país con el que comparten sus aguas antes de emprender un proyecto en la zona y que las sustancias contaminantes que usarían no violan los límites legales. Los jueces, vaticinan las dos partes, podrían fallar el mes próximo.

La sesión de ayer estaba prevista para que ambos países se refutaran mutuamente los argumentos. El equipo argentino se pasó la noche anterior en vela preparando la estrategia. Cuando empezaron a hablar, sin embargo, parecían frescos como una lechuga. El primero, el inglés Philippe Sands, con toga negra y peluca, torció la mirada hacia la fila de la delegación uruguaya y dijo: “Se los vio nerviosos cuando tuvieron que hablar (el día anterior) de dioxinas y furanos, que superarán los límites establecidos. Tuvieron razones para no profundizar”. Las palabras del inglés sonaron a pase de magia ya que, en cuestión de segundos, a su abogado rival Luigi Condorelli se le volcó un vaso con agua que empapó a un vecino de escritorio.

Más tarde, cuando pudo contestar, el escocés Alan Boyle, contratado por los uruguayos, hizo gala de su humor mordaz mientras frotaba sus manos: “Una barbacoa (asado) en el jardín de mi casa también produce dioxinas”. Las dioxinas y furanos se utilizan para el blanqueo de la pasta de celulosa y, alegan los argentinos, son las más contaminantes del proceso de producción y encierran riesgos enormes para la salud. “No están prohibidas por la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) y el tratado permite el uso industrial del río”, peleó Boyle, que también usa peluca, acorde con las costumbres de su país.

Sands, figura estelar en el grupo argentino, volvió sobre un punto central en la demanda al calificar de “no confiables e inespecíficos” los estudios de impacto que presentó Uruguay. “No dicen qué tecnología usarán”, insistió. “Se quisieron mostrar como buenos alumnos”, dijo, “al mostrarse quintos” en un ranking de performance de cuidado ambiental de 2005, entre 133 países, que elaboran las universidades de Yale y Columbia. “Este año ni siquiera calificaron”, aseguró. “Uruguay no es serio en el cuidado del medio ambiente”, enfatizó.

La agenda del segundo día de alegatos estuvo dividida en mañana y tarde. Cada grupo tuvo dos horas ininterrumpidas para argumentar. En el sector para el público hubo muchos funcionarios de embajadas que tomaban nota con frenesí, incluidos los embajadores de México y Brasil en La Haya. También estaban los representantes diplomáticos de Suecia, de ese origen es la empresa Stora-Enzo que tiene previsto instalar otra pastera en Durazno, un departamento al centro de Uruguay. El tono del evento lo imprimieron los juristas extranjeros, que hablaron la mayor parte del tiempo con inspiración actoral.

“No hay razón para proteger de un riesgo inminente que no hay”, lanzó el norteamericano Paul Reichler, para responder a un planteo que Argentina hizo desde el principio. Y que reiteró ayer el francés Alain Pellet, con su toga blanca con apliques rojos: “Está previsto que las construcciones terminen para 2007, Botnia, y 2008, Ence. Esto implica que el riesgo es inminente. Terminarán antes que (el fondo de la cuestión de) este juicio”. En el modo de actuar de Uruguay, “con las violaciones al tratado del río compartido llevadas a cabo poco tienen que ver con la buena fe que alegan”, abundó Pellet. Luego dedicó un párrafo al tribunal, acentuando que tiene “la oportunidad” de proteger el medio ambiente.

Uno de los pocos argumentos lo llevó Reichler. “El Estatuto del Río Uruguay no obliga a obtener el consentimiento de Argentina ante un emprendimiento. Argentina hace una mala interpretación del tratado que, además, nunca antes había señalado desde que se firmó hace 31 años.” Condorelli insistió con que Uruguay “entregó información” suficiente. A sus pares extranjeros, los refutaba una introducción: “Mi amigo, mi colega, mi compañero... se equivoca. A Pellet le pidió disculpas por “robarle el latín”, el idioma que usó para explicar las razones para que la Corte conceda una medida cautelar.

Raúl Estrada Oyuela, representante especial para asuntos de medio ambiente en la Cancillería argentina, relató cómo fracasó el Grupo Técnico de Alto Nivel, que se había formado para avanzar en un informe entre los dos países, ante la falta de información de Uruguay. El jurista Marcelo Kohen, argentino radicado en Suiza, sostuvo que la reunión por las papeleras entre los ex cancilleres Rafael Bielsa y Didier Operte sólo pretendió “mostrar predisposición al diálogo”. Contra el argumento uruguayo, dijo, “no hay papel ni protocolo de un acuerdo bilateral, Argentina nunca accedió a la construcción”.

El cierre de los alegatos estuvo a cargo de los jefes de cada delegación. Susana Ruiz Cerutti dijo que “esta disputa no tiene nada que ver con el derecho de Uruguay al desarrollo económico”, sino con “la violación de un tratado”, que “no se reduce al monitoreo de las aguas” sino a los posibles impactos sobre la región. Cerutti levantó la cabeza hacia los jueces y dijo: “Es necesario que actúen rápido. Debemos prevenir un daño irreparable”. Cuando le llegó el turno al uruguayo Héctor Gros Espiell, dijo que “no hay riesgo de contaminación” y que Uruguay es “el primer interesado en cuidar el ambiente”. Se quejó por los cortes de los puentes (ver aparte) y volvió a ofrecer un monitoreo conjunto, con las obras en marcha.

Por la noche, los argentinos cenaban, algo más relajados, en la residencia del embajador, con la sensación de haber vivido una película. Tranquilos porque la CIJ mostró predisposición para no demorar un pronunciamiento sobre la continuidad de las obras.