Nada pudo cambiar el triste final de la novela de L. M. R., la joven discapacitada mental embarazada como producto de un abuso sexual. Ni siquiera pudo salvarla el fallo de la Suprema Corte bonaerense que autorizó la realización del aborto que le habían negado otros jueces. Ayer, el Comité de Bioética del Hospital San Martín de La Plata, con el aval del ministro de Salud bonaerense, Claudio Mate, anunció que “es absolutamente imposible practicar el aborto”, dado que esa intervención “debe hacerse antes de la semana veinte (de gestación) y la chica tiene un embarazo muy avanzado”, aunque no hay precisión de si está en la 20 o en la 22. Liliana Soria, médica del Servicio de Ginecología del hospital, explicó que una ecografía realizada ayer constató que “en el feto se verifican latidos, movimientos y eso, técnicamente, significa que no sería un aborto sino un parto inducido”. El ministro Mate sostuvo que los mismos médicos que “hace un mes, el 5 de julio pasado, estaban dispuestos a realizar el aborto, hoy nos dicen que no hay margen biológico para hacer el procedimiento porque eso sería matar al feto”. Sin embargo, otros especialistas consultados por este diario discrepan con esa posición (ver nota aparte). La decisión médica llegó en medio de fuertes presiones de organizaciones vinculadas con la Iglesia Católica. Amenazaron con supuestas “acciones legales” contra los médicos, con lo que se pretendería ignorar lo dicho por el máximo tribunal de Justicia de la provincia.

“Los jueces de la Suprema Corte no dijeron ‘vayan y aborten’. Había que tomar recaudos sobre la maduración del feto, sobre la viabilidad del aborto y los médicos consideraron que ya es tarde. Algunos de los médicos que debían realizar el aborto y que están de acuerdo, en lo ideológico, sobre esa decisión, igual tenían reparos éticos y emocionales porque el feto estaba maduro”, explicó el ministro Mate a Página/12. Fuentes del gobierno provincial reconocieron, además, que los médicos del hospital San Martín recibieron “intimidaciones muy violentas”, tanto de sectores de la Iglesia como del mismo Poder Judicial.

El rector de la Universidad Católica de La Plata, Raúl de la Torre, desconociendo el valor jurídico del fallo de la Suprema Corte que autorizó la realización del aborto, aseguró en una carta dirigida al director del hospital, Ricardo Maffei, que “cualquier maniobra para interrumpir el embarazo sería ilegal (artículo 86 del Código Penal), por lo que usted y los demás médicos que intervengan resultarían objetivamente responsables de los delitos que pudieran cometerse. Por nuestra parte, accionaremos en consecuencia”. Una fuente oficial le dijo a este diario que la advertencia le llegó a Maffei por medio de una carta documento.

El titular de la UCA platense desconoce dos incisos del artículo 86 que habilitan la realización de abortos terapéuticos o en casos de violación contra personas discapacitadas, amén de ignorar el fallo de la Suprema Corte. En los médicos, según se supo, produjeron malestar las manifestaciones públicas del presidente de Casación Penal bonaerense, Federico Domínguez, quien se incorporó a la Suprema Corte para dirimir el planteo sobre el aborto. En el texto de su voto, y en declaraciones luego de conocido el fallo, Domínguez fue terminante acerca de la “ilegalidad” de la decisión de practicar un aborto a la joven L. M. R.

La abogada Marcela Rodríguez, del Grupo Género y Justicia del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, sin analizar “por falta de información precisa” las razones invocadas por los médicos, consideró que “lo cierto es que tenemos una nueva víctima del sistema judicial”. Rodríguez sostuvo que la joven discapacitada “quedó atrapada en el sistema porque actuaron mal la jueza de primera instancia (Inés Siro) y la fiscal (Sonia Aguilar) y eso no pudo ser reparado a tiempo por el fallo de la Corte. Esto demuestra que las que quedan postergadas son las mujeres más pobres o con menos recursos, porque no tienen facilidades para enfrentar a la maquinaria de la Justicia”. La experta opinó que “lo único positivo es el fallo de la Corte y esto debería servir para agilizar el trámite cuando se produzcan nuevos casos de este tipo”.

Martha Rosenberg, de la ONG Foro por los Derechos Reproductivos, hizo un cuestionamiento a la actitud de los médicos del Hospital San Martín. “El hospital es un servicio público de salud y los médicos no tienen derecho a presentar objeciones de conciencia colectivas, porque las objeciones son siempre individuales”. Rosenberg aseguró que, “según la ley, el hospital debe proveer el servicio al que lo obliga la ley y, si no lo hace, debe encontrar quien lo realice o derivarlo a otro centro de salud”. Según ella, “es totalmente ilegal pronunciarse como objetores de conciencia, cuando se lo hace colectiva e institucionalmente”.

Como consecuencia de la negativa de los médicos, la joven L. M. R. dejó ayer el Hospital San Martín y regresó a su casa. “La chica estaba acompañada por su madre y su hermana. La mamá reaccionó con cierta resignación, pero la hermana, en cambio, se fue muy disconforme con la decisión”, explicó a este diario un funcionario que estuvo presente en el momento en que la familia recibió la notificación. Mate comentó que habló personalmente con el gobernador Felipe Solá para “tomar algunas medidas en apoyo a la familia, tanto en lo referido a la cobertura médica para seguir controlando el embarazo como en la posibilidad de ayudar en una reforma de la vivienda o en una ayuda económica a la mamá”.

“En quince días vamos a estar atentos para que venga a realizarse un control, porque en un caso como este, con una joven que tiene un retraso mental, los cuidados tienen que ser mayores”, estimó el ministro. “Lo que sabemos es que el embarazo va bien, que no hay riesgos genéticos respecto de la criatura por nacer porque la madre no tiene un retraso mental genético”. En cuanto al tiempo de embarazo, Mate explicó que “lo único que se sabe es que estaría en la semana número 20, pero esa estimación podría ser errónea en unos 15 días, lo que equivale a decir que podría estar en la semana número 22”.

En un mar encrespado por las presiones de la Iglesia, el ministro insistió en que “nadie quiere el aborto”, pero la realidad marca que es “un drama de muchísima gente que debe ser debatido seriamente por la sociedad, sin presiones excesivas, porque hay 20 muertes anuales como resultado de abortos clandestinos”. En ese sentido, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, opinó que “el del aborto es el tema más hipócrita que hay, lo que obliga a un debate: o lo prohibimos en serio o lo ponemos al alcance de todos en el hospital público. Los pobres se lo hacen con una ‘aguja de tejer’ por 300 pesos, mientras que se pueden hacer con 3000 pesos en un consultorio o con diez mil o más en una clínica. Si esta chica hubiera tenido el dinero necesario, no habría tenido ningún problema”. Lo dicho por Rizzo coincide, en el fondo de la cuestión, con lo que había afirmado antes el gobernador Solá y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.