¿Qué sentirá por estas horas la fiscal Leila Aguilar? La mamá de L. M. R. debe tener todavía el pecho hinchado de angustia. Ayer, lloró abrazada a sus hijas, cuando los médicos le comunicaron que finalmente no se practicaría el aborto que había avalado la Justicia. La intervención estaba planificada para el 5 de julio en el mismo hospital, que –cuando el foco del país estaba centrado en su quirófano– prefirió mirar para otro lado. Hace un mes, la mamá de L. M. R. hasta había dado el consentimiento informado para la operación y ya le habían realizado todos los estudios prequirúrgicos. Fue la intervención de la fiscal Aguilar, más allá de sus facultades como funcionaria del Ministerio Público –tal como entendió la procuradora María del Carmen Falbo y la misma Corte bonaerense–, la que puso la primera piedra que derivó en un absurdo camino judicial, que terminó impidiendo el aborto a la adolescente, de 19 años, con una edad mental de 8, cuyo embarazo fue producto de un abuso sexual.

El 4 de julio, cuando la fiscal Aguilar dio aviso a la jueza de Menores Nº 5 Inés Siro de que la joven estaba por ser sometida a un aborto bajo los supuestos del artículo 86 inciso 2º, L. M. R. llevaba 14 semanas de gestación. El procedimiento, conocido como “raspaje”, no implicaba complejidad, más bien se trataba de una intervención rutinaria en cualquier servicio de ginecología. La Justicia no tenía por qué intervenir, tal como quedó plasmado en la sentencia de la Suprema Corte bonaerense. Era una práctica acotada al ámbito médico que no requería de la opinión de ningún magistrado. La iba a realizar la jefa del Servicio de Ginecología del San Martín. La misma médica, Blanca Campostrini, se lo comunicó al defensor general departamental Omar Ozafrain, como quedó documentado en los expedientes judiciales del caso.

Mientras la intervención de la fiscal Aguilar derivaba en una prohibición para abortar dictada primero por la jueza Siro el 11 de julio y ratificada luego el 24 de julio por la Sala II de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil de La Plata, el embarazo seguía su curso y L. M. R. continuaba siendo manoseada, ya no por su violador, sino por jueces que deberían haberla protegido y garantizado el cumplimiento de sus derechos.

Por su discapacidad mental, L. M. R. no tiene demasiada conciencia de por qué le está creciendo el vientre, según pudo saber esta cronista. Aunque usa celular y puede enviar mensajes de texto (como se jactó el presidente de Casación Penal, Federico Domínguez, que actuó como juez subrogante en la Corte), las pericias psicológicas determinaron que la adolescente “no comprende el significado de la mayoría de las palabras” y tiene su capacidad comprensiva “disminuida”.

Ante los sucesivos obstáculos que la Justicia le puso en el último mes, su mamá, V. A., podría haber recurrido al circuito clandestino para interrumpir ese embarazo. En ningún momento pidió autorización para hacerle la intervención, porque no era necesario, tal como reafirmó la defensora de Incapaces Laura Ozafrain, con sus apelaciones, que llevaron el caso hasta la Corte. Las indebidas actuaciones judiciales le sumaron cinco semanas al embarazo. La Corte bonaerense actuó con celeridad: habilitó la feria y se expidió en pocos días. Pero antes, una fiscal (que denunció lo que no le correspondía denunciar), una jueza y dos camaristas (que negaron un permiso que nadie les había pedido), se olvidaron que tenían en sus manos la salud física y psíquica de una muchacha de un barrio humilde que había sido violada.