Para elaborar su defensa ante el tribunal del Mercosur en el pleito por cortes de ruta contra las papeleras, la Cancillería consultó a dos de los más prestigiosos investigadores de la protesta social, quienes han sido críticos con las respuestas del Gobierno frente a distintos conflictos. Se trata del profesor de derecho constitucional Roberto Gargarella y la socióloga Maristella Svampa. Muchos de sus conceptos fueron utilizados en la presentación que Argentina hizo frente a la demanda uruguaya, como el del derecho a la protesta propiamente dicho. Para Gargarella, sin embargo, “se trivializó el argumento” de los bloqueos como “libertad de expresión”, según le explicó a Página/12. Ambos especialistas sugerían destacar otra idea, que finalmente cobró fuerza: que el Estado no tuvo una actitud pasiva frente a las manifestaciones sino proactiva, tendiente al diálogo. Svampa rescata como positivo “que se reconozca la legitimidad de las acciones políticas no institucionales”.

Gargarella, sociólogo además de abogado, es autor del libro El derecho a la protesta, el primer derecho. Lo contactó Juan Vicente Sola, el funcionario de la Cancillería encargado de la defensa argentina ante el tribunal del Mercosur. Se conocen de la Facultad de Derecho de la UBA, donde ambos son profesores. Tuvieron un único encuentro donde conversaron largamente sobre la estrategia. Sola le ofreció a Gargarella tener un papel más activo en las negociaciones, pero él no aceptó.

A Svampa la convocó el jurista Héctor Masnatta, quien estaba designado como árbitro argentino en el pleito con Uruguay. Le dijo que había leído su libro Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras. “Me sorprendió la invitación y que quisieran desarrollar como fundamento central para el caso de Gualeguaychú el derecho a la protesta”, dice la socióloga. En junio tuvieron dos reuniones, a una de las cuales fueron Gargarella y el sociólogo Pablo Bergel. Pero no avanzaron más porque Masnatta renunció a ser árbitro cuando lo nombraron en Repsol-YPF.

En los distintos contactos hasta entonces se había avanzado bastante. “Les dije que lo primordial no era la cuestión de la libertad de expresión. El reclamo uruguayo presumía que la única manera válida de enfrentar un corte de rutas es con represión y esto debía rechazarse. Fue muy claro en el caso de Gualeguaychú que existen otras posibilidades de lidiar con el conflicto social que no implican el uso del Código Penal o del aparato coercitivo”, señala Gargarella. “Lejos de la permisividad –agrega Svampa–, los cortes habían sido acompañados por el diálogo y la negociación entre el gobierno argentino y los asambleístas de Gualeguaychú.” “Había que hacer el relato de esas largas conversaciones que llevaron el conflicto a La Haya y finalmente al levantamiento pacífico de los cortes”, destaca.

La supuesta “omisión” del gobierno argentino de actuar frente a los cortes a los puentes fue eje de la demanda de Uruguay, que sostuvo que se había afectado la circulación de bienes y servicios. En una primera presentación, Argentina destacó que las protestas ambientalistas eran una forma de ejercicio de la libertad de expresión que, como derecho humano, debe prevalecer. En el alegato de la semana pasada el Gobierno le bajó el tono a esa afirmación –sin desecharla– y priorizó fundamentos en línea con los que había alentado Gargarella. Negó una actitud pasiva ante la protesta y dijo que buscó “persuadir” a los vecinos de manera “razonable” y “eficaz”. Sumó, además, estadísticas para mostrar que el comercio bilateral aumentó durante la época de los cortes. E insistió en que el paso de país a país nunca estuvo totalmente bloqueado.

Según Gargarella “el argumento de la libertad de expresión se trivializa cuando se lo quiere usar para justificar todo tipo de cortes de ruta”. Considera que gana peso “cuando los cortes son protagonizados por grupos desventajados, que vienen sufriendo violaciones a sus derechos fundamentales de modo sistemático y sostenido”. En cambio, dice, “pierde importancia ante quienes cuentan con mayores chances de acceder al foro público por otros medios”. “No creo que un corte de ruta llevado adelante, hipotéticamente, por los principales exportadores de soja merezca un mismo nivel de protección que uno de los desempleados de Mosconi. Los exportadores tienen más medios para hacer conocer su punto de vista e influir sobre el Gobierno”, ejemplifica.

“No es que la protesta de Gualeguaychú no merezca protección”, aclara el constitucionalista, “sino que se deben privilegiar otras razones como el nivel de compromiso y deliberación colectiva que caracterizó a las decisiones tomadas, así como los derechos afectados”. En ese sentido, Svampa desataca que “la asamblea de Gualeguaychú ha sido uno de los exponentes más altos de la breve historia de la democracia asamblearia en Argentina de las nuevas formas de participación, que comienza con el levantamiento en Cutral-Có en 1996 y recorre la construcción de las organizaciones piqueteras, las asambleas barriales y la de Esquel”.

La presentación argentina ante el tribunal arbitral cita la definición de Gargarella de “derecho a la protesta como primer derecho”, como reclamo de derechos incumplidos. “Hablamos de libertad de expresión para darle un marco a la actuación del Estado, que eligió disuadir y no reprimir ante un derecho humano, pero a esto se le dio una dimensión exagerada”, señalaron en la Cancillería a Página/12.

Gargarella entiende que “por el modo en que el argumento de la expresión fue utilizado por el Gobierno puede hablarse de una trivialización”, aunque aclaró que no duda “de la buena fe del equipo técnico de la Cancillería”. “Veo oportunismo y cualunquismo en los agentes centrales”, cuestiona. Si el alegato argentino ante los árbitros llevó el punto de los derechos humanos a un plano secundario fue por “las reacciones” que había despertado su difusión, que “tuvieron la desmesura e inmoderación propias de la derecha vernácula”. Para Gargarella “el Gobierno mide todo en término de costos políticos y no de justicia” y por esa razón no criminalizó la protesta contra las pasteras. “El costo frente a gente culta, informada, organizada, con influencias, era muy alto”, analiza.

Svampa lo ve así: “El Gobierno vio una oportunidad política de capitalizar una importante movilización social” que “confrontaba con las multinacionales y la política de un país vecino”. Y a la vez destaca como “muy positivo” que el Ejecutivo haya “asumido una línea que defiende el derecho a la protesta y reconoce el carácter legítimo de acciones políticas no institucionales, caracterizadas por la acción directa y la democracia asamblearia”. Según Svampa, es relativo que esto comprometa a la Casa Rosada con una postura ante situaciones futuras. “Lo muestran –ejemplifica– las intervenciones de la senadora Cristina Kirchner, capaz de defender hoy con virulencia lo que ayer atacaba con denodada pasión, como en la cuestión de los superpoderes.”