Aunque en marzo pasado había negado cualquier vinculación con la dictadura argentina, el teniente coronel uruguayo José Gavazzo “recuperó” la memoria y reconoció el lunes último ante la Justicia de su país que participó como “oficial de enlace” en el centro de detención clandestino argentino Automotores Orle-tti, convirtiéndose en el primer militar uruguayo en confirmar la existencia del Plan Cóndor, que coordinó la represión de las dictaduras sudamericanas en los años ’70. Gavazzo está detenido preventivamente junto a otros represores en Montevideo a pedido del juez argentino Rafael Rafecas.

“Es evidente que busca evitar la extradición. En las pocas instancias en las que declaró, siempre negó todo. De hecho, hasta llegó a decir que nunca había estado en Argentina”, le dijo a Página/12 Alicia Cadenas, una sobreviviente de Orletti que, al igual que Gavazzo, declaró como testigo ante el juez Luis Charles en el marco de las investigación abierta en Uruguay por las desapariciones, en Argentina, de los uruguayos Adalberto Soba, Alberto Mechoso –del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP)– y Washington Barrios, un militante tupamaro. Estos casos quedaron fuera de la Ley de Caducidad luego de que el presidente Tabaré Vázquez firmara, en mayo de este año, una resolución de excepción entendiendo que, por tratarse de desapariciones forzosas ocurridas fuera de Uruguay, tiene vigencia la Ley Penal Extranjera.

Además de admitir su participación en Orletti, donde su función era “intercambiar información y listas de personas”, Gavazzo confesó haber sido tripulante del primer vuelo clandestino que, en julio de 1976, trasladó 23 presos políticos uruguayos desde Argentina. El represor uruguayo, que declaró durante nueve horas, dijo que el vuelo fue “para salvar la vida” de los uruguayos recluidos en Orletti y desconoció la existencia de un segundo vuelo en octubre de 1976, del cual no hubo sobrevivientes, y cuya existencia fue confirmada meses atrás por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli. Cadenas estuvo a bordo de ese primer vuelo y precisó que la estrategia fue otra: trasladarlos para torturarlos en Uruguay. “Después del vuelo nos llevaron a la casa de Punta Gorda (un centro clandestino de detención uruguayo), nos tuvieron diez días hasta que nos llevaron a un sótano en un predio cercano al Hospital Español, en el centro de Montevideo.”

Gavazzo también tenía 6 millones de razones para cruzar el charco, de los que sólo se trajo 1,2 y, según su testimonio, los entregó al entonces jefe del Servicio de Inteligencia de Defensa, Amaury Pratl, hoy fallecido. El resto tuvo que repartirlo con los represores argentinos. La suma estaba en poder del desaparecido Mechoso, quien lo había cobrado tras el secuestro extorsivo del empresario Federico Hart. El represor reconoció que llevó a Uruguay en un vuelo comercial a los familiares de Mechoso porque si se quedaban en Argentina “los podían asesinar”. La versión de Sandro Soba, hijo del desaparecido Adalberto Soba, también plantea que la intención fue otra: “Yo entonces tenía ocho años y antes de que Gavazzo y (Ricardo) Arab nos trajeran a Montevideo pudimos estar un par de horas con mi padre, totalmente torturado y que apenas podía hablar. Luego nos trasladaron, haciéndose pasar por los padres de la familia, y nos trajeron a la casa de Punta Gorda, en Montevideo”. Luego fueron liberados.

El secretario general del PVP, Hugo Cores, dijo que Gavazzo “se está preparando para hacerse cargo de los delitos que prescribieron, como los secuestros (...) pero no se hace cargo de desapariciones”, que no prescriben. Mientras tanto Gavazzo y sus colegas de armas Arab, Ernesto Rama, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez y Ricardo Medina aguardan que el juez Juan Carlos Fernández Lecchini falle en el pedido de extradición.

Informe: Emilio Ruchansky.