“Vamos a proteger todo el camino de la lucha por la verdad, que no tengan miedo los argentinos”, prometió e instó el presidente Néstor Kirchner al referirse a la desaparición de Jorge Julio López –testigo clave en el juicio contra Miguel Etchecolatz que culminó con su condena– a quien mencionó como “amigo y compañero” al que “buscamos casi con desesperación”. Así el Gobierno tomó nota del tema que instaló la incertidumbre sobre el paradero del ex albañil de 77 años, más allá del destino que haya corrido. Esto es, el amedrentamiento a testigos en las causas por violaciones a los derechos humanos. Por estas horas, la preservación de los testimonios es una preocupación compartida por funcionarios y organismos de derechos humanos. Ayer fue una jornada más de intensa investigación, de difusión de volantes por doquier con la foto del desaparecido y también de decisiones políticas. El ministro de Seguridad provincial León Arslanian separó de la Policía Bonaerense a 36 efectivos que prestaron servicio en centros clandestinos de detención durante la dictadura y que, a pesar de las sucesivas purgas, aún revistaban en las filas de esa cuestionada fuerza. Fue el propio Solá quien ayer afirmó que podría haber policías implicados en la desaparición de López.

En la reunión que mantuvieron el viernes los organismos de derechos humanos con las autoridades provinciales surgió la cuestión de la posible participación de policías en actividad en el secuestro del testigo, que con su declaración contribuyó a la condena a reclusión perpetua contra Etchecolatz por delitos vinculados al genocidio. Los funcionarios describieron que las sucesivas purgas producidas desde 1998 dejaron afuera a unos 5 mil uniformados. La pregunta que surgió fue si todavía quedaban en la Bonaerense policías que hubieran trabajado durante los años de la represión militar. En ese momento, el ministro Arslanian reconoció que eran unos sesenta. La sorpresa de sus interlocutores duró apenas segundos, e inmediatamente lo increparon para que fueran retirados sin más. Según relató a Página/12 uno de los participantes del encuentro, el ministro precisó que eran personas que en los años de la dictadura tenían 20 años, y en ese momento Adriana Calvo, ex detenida, le respondió: “Usted no sabe cómo torturaban los de 20...”. Si bien fueron los representantes de esos organismos, nucleados en Justicia Ya, los que exigieron la salida de estos policías, ayer expresaron que “ahora la prioridad es que aparezca López”, como afirmó Myriam Bregman, una de las abogadas querellantes del caso Etchecolatz. “Esto demuestra que la política de saneamiento de la Bonaerense fue más declamativa que operativa, todo esto llega tarde porque a esta fuerza sólo cabe disolverla”, opinó a Página/12 Guadalupe Godoy, abogada de López durante el juicio.

Estas organizaciones tenían su propio listado de efectivos que habían pasado por los centros clandestinos, pero negaron haber aportado los nombres de la purga concretada ayer. Una alta fuente oficial detalló a este diario que los 36 policías tienen más de 50 años y que algunos de ellos fueron pasados a retiro, mientras que otros permanecen “en disponibilidad”. Aunque está comprobado que revistaron en los campos de exterminio, no tendrían acusaciones concretas ni causas pendientes. Otra fuente confesó que la nueva tanda de “separados”, como otras medidas de las últimas horas, es más bien un gesto político para contener la presión y exigencia que vienen ejerciendo los organismos de derechos humanos. “Esta medida demuestra aún más que el aparato represivo sigue en funciones y sigue impune”, opinó Bregman al ratificar la hipótesis de la participación de uniformados en actividad en la desaparición de López. En tal sentido, tras su paso por Ensenada el gobernador Solá declaró: “No descartamos que haya policías involucrados y si López fue secuestrado hay que pensar a quiénes perjudicarían”.

Fue en medio del acto de ayer en Posadas –de apoyo al gobernador Carlos Rovira– que Kirchner eligió dirigirse al público. “Ustedes saben que hay un argentino que fue central” en la causa Etchecolatz, dijo el Presidente. Y agregó que es “ese amigo López, el compañero López, al cual buscamos por todos lados, casi con desesperación. Quiero que el pueblo argentino sepa el compromiso para que esto rápidamente termine. (...) Sé que algunos no quieren la verdad y quieren sembrar el miedo”.

Kirchner mantuvo ayer una conversación con Solá en la que le hizo saber su disconformidad con las declaraciones del lunes del gobernador, cuando aseguró que López era el “primer desaparecido en democracia”, y que prefería utilizar la palabra “secuestrado”. Solá salió a aclarar que había dicho “el primer desaparecido que desaparece” en la etapa constitucional.

La fuente consultada describió que siguieron trabajando tanto la hipótesis “familiar” (shock emocional) como la del secuestro político. En el primer caso, se están reconstruyendo los detalles de la vida de López. Hubo operativos en la Ruta 11 y en cercanías del Pozo de Arana. En el segundo, los investigadores siguen analizando los movimientos de los ex subordinados de Etchecolatz, e incluso de “gente con su pertenencia ideológica”. Además de tres reuniones con el “comité de crisis” y con los bloques legislativos, el gobernador se reunió con Rosa Bru, madre del desaparecido Miguel Bru, a quien también explicó sus dichos del lunes.

Mientras las autoridades fatigan al extremo y contrarreloj, las amenazas se multiplican. La Casa de Derechos Humanos de Santa Fe recibió un mensaje en el que manos anónimas mencionaban a López como “terrorista 30.001” y se preguntaba “quién será el 30.002”. Además, a algunas redacciones llegó un correo electrónico de un ignoto grupo Resistencia Republicana que se adjudicó la “ejecución“ de López”.